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Salvaje agresión al periodismo en Perú
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El brutal asesinato de la periodista Isabel Chumpitaz Panta y el de su esposo, José Amaya, perpetrados en el Perú, así como las reiteradas amenazas de muerte que ha recibido el corresponsal de Clarín en Lima, Angel Páez, revelan que ejercer la libertad de prensa con honestidad e independencia sigue siendo, en ciertas zonas del hemisferio, extremadamente peligroso.
El periodismo libre de América, por medio de sus organizaciones representativas, ha condenado enérgicamente estos hechos aberrantes y ha reclamado al presidente del Perú, Alberto Fujimori, la adopción de las medidas de seguridad indispensables para que la vida y la libertad de los periodistas estén debidamente protegidas.
Isabel Chumpitaz -que conducía diariamente el programa radiofónico "La voz del pueblo", desde la ciudad de Piura- fue asesinada de un balazo en la espalda por varios criminales que irrumpieron en su vivienda con la cara cubierta en momentos en que se encontraba viendo televisión en compañía de su marido, de su hija de cinco años y de su madre.El esposo fue golpeado ferozmente y murió como consecuencia de una hemorragia causada por la salvaje agresión.
El corresponsal de Clarín, Angel Páez, que también se desempeña como redactor del diario peruano La República, ha sido amenazado por teléfono y por cartas; además, un medio oficialista lo ha acusado de "traición a la patria". Páez ha informado en varias oportunidades sobre la existencia de operaciones ocultas vinculadas con el tráfico de armas y ha denunciado violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción registrados por miembros de las fuerzas armadas del Perú.
El gobierno del presidente Fujimori no puede permanecer indiferente ante estos crímenes ni permitir que bandas asesinas ataquen o amenacen al periodismo independiente con escalofriante impunidad. Los actos que provocaron la muerte de la conductora de "La voz del pueblo" y de su marido deben ser esclarecidos, a fin de que los responsables de esos homicidios reciban el castigo que impone la ley.
Asimismo, es indispensable que se garantice la integridad personal del corresponsal de Clarín y se establezcan definitivamente las condiciones de seguridad necesarias para que el periodismo pueda registrar los hechos de la realidad sin quedar expuesto a represalias orquestadas por los sombríos sicarios de los grupos de poder interesados en silenciar a la prensa.
