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San Luis, excentricidades y discriminación
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LA NACION
El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, ha cobrado notoriedad por nuevas y diversas excentricidades. Podría citarse su decisión de decretar tres días de duelo en la provincia por la muerte de Fidel Castro o su determinación de no participar de los actos oficiales celebrados el pasado 9 de Julio en Tucumán en conmemoración del Bicentenario de la Independencia, como la mayoría de los gobernadores, para encabezar un festejo propio en San Luis. Ninguno de estos gestos puede sorprender demasiado desde el momento en que el propio mandatario provincial se ha manifestado en favor de un virtual proceso independentista de San Luis. Claro que las cosas toman otro color cuando, desde su gobierno, se impulsan iniciativas que bien podrían tildarse de discriminatorias para los trabajadores que no sean oriundos de San Luis.
Rodríguez Saá ha sido denunciado ante la filial puntana del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por el diputado radical Alejandro Cacace a raíz de un proyecto de ley presentado por el gobernador, y aprobado a principios de diciembre por el Poder Legislativo provincial, tendiente a cobrarles un impuesto a aquellas empresas de la provincia que, en adelante, empleen en relación de dependencia a personas que no sean oriundas de San Luis. El legislador de la oposición añadió que la llamada "política de puntaneidad" puesta en marcha por el mandatario provincial ha alcanzado tintes xenófobos, al "desadjudicar viviendas y dificultar la posibilidad de trabajar a nuestros compatriotas que provienen de otras provincias".
La norma impulsada por la gobernación apunta a crear un Registro de Empleo Puntano, a fin de que el estado provincial les cobre a las empresas radicadas en la provincia una tasa mensual del 10% del sueldo bruto de todo empleado que no sea de San Luis y tenga menos de cinco años de residencia en el distrito. La ley sólo exceptúa a aquellos trabajadores con especialidades de comprobada escasez en la provincia.
De acuerdo con el absurdo proyecto, el dinero que se recaude por los aportes de las empresas por cada trabajador no local sería utilizado para el pago de salarios de los servicios de salud, educación y seguridad que presta el estado provincial.
Se trata de una iniciativa que, además de no registrar antecedentes, configura una clara violación de la Constitución nacional, que establece que todo ciudadano es igual ante la ley, y una respuesta absolutamente xenófoba, probablemente peor que las respuestas reaccionarias que figuras como Donald Trump o representantes de la extrema derecha europea intentan darle al problema del desempleo. Es que, en el caso de la propuesta de Rodríguez Saá, la discriminación ni siquiera sería con respecto a trabajadores extranjeros, sino contra los propios argentinos que no hayan nacido en San Luis. Algo que, probablemente, explique el disparatado afán del gobernador de separar a su provincia del resto de la Argentina.
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