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Sarmiento y la ley de libertad educativa
Cada vez que en la Argentina se discute una reforma educativa, Domingo Faustino Sarmiento vuelve a escena. En las últimas semanas, tras hacerse pública la nueva ley de libertad educativa, no fueron pocas las notas y declaraciones que lo invocaron como emblema indiscutido de la educación pública, utilizándolo -casi de manera refleja- para impugnar cualquier iniciativa que se aparte del modelo vigente. Como si Sarmiento hubiera dejado un testamento ideológico cerrado, válido para todo tiempo y lugar.
El problema no es citar a Sarmiento. El problema es congelarlo.
Sarmiento fue, ante todo, un hombre de su tiempo. Pero no en el sentido conservador que hoy se le atribuye, sino exactamente al revés: fue uno de los grandes disruptores de la historia argentina. Un inconformista permanente con el orden existente, obsesionado con un objetivo que atravesó toda su obra y su acción política: educar al soberano. No defender estructuras, no sacralizar modelos institucionales, sino garantizar que el pueblo pudiera educarse en un país que, a mediados del siglo XIX, era mayoritariamente analfabeto, rural y profundamente desigual.
La Argentina que enfrentó Sarmiento no se parece en nada a la actual. En su época, el desafío central era crear escuelas donde no las había, formar maestros casi desde cero y llevar alfabetización básica a un territorio vasto y precario. En ese contexto, el Estado nacional tenía un rol irremplazable: era el único actor capaz de impulsar ese proceso. Defender la educación pública entonces no era una postura ideológica rígida, sino una respuesta pragmática a un problema concreto. Confundir aquel contexto con el actual es cometer un error histórico grave.
Ese error no es inocente. Leer el pasado con categorías del presente -o, peor aún, utilizarlo como argumento para evitar cualquier discusión sobre el presente- suele ser una forma cómoda de preservar lo conocido. Pero la historia, cuando se la toma en serio, no sirve para congelar instituciones, sino para comprender por qué surgieron y en qué momento dejan de cumplir la función para la cual fueron creadas.
Más de 150 años después, la Argentina enfrenta un problema completamente distinto. Hoy la escolarización es casi universal, pero los resultados son alarmantes: aprendizajes insuficientes, trayectorias escolares que muchas veces existen solo en los papeles, abandono encubierto y una desigualdad persistente que el sistema no logra corregir. En demasiados casos, el funcionamiento cotidiano parece orientado a preservar equilibrios internos antes que a garantizar aprendizajes efectivos para los alumnos, especialmente para los más vulnerables.
Insistir en que la respuesta a estos problemas debe ser exactamente la misma que en 1870 no es fidelidad a Sarmiento; es desconocerlo. Porque si algo caracterizó al sanjuanino fue su rechazo a las soluciones petrificadas. Fue un reformista incansable, un observador atento de las experiencias internacionales y un importador compulsivo de ideas. Copió, adaptó, corrigió. Provocó debates intensos y no dudó en incomodar consensos establecidos cuando entendía que ya no servían a su propósito central.
Por eso resulta forzado convertirlo hoy en un símbolo inmóvil de defensa del statu quo educativo. Sarmiento no defendió la educación pública como un fetiche institucional, sino como un instrumento indispensable en su tiempo para lograr un objetivo superior: una ciudadanía educada, libre y capaz de gobernarse a sí misma. Pensar que habría rechazado, por principio, cualquier discusión sobre nuevos mecanismos, mayor diversidad institucional o más libertad educativa es atribuirle una rigidez intelectual que nunca tuvo.
La pregunta relevante no es qué pensaba Sarmiento sobre la educación pública en el siglo XIX, sino qué haría hoy frente a la crisis educativa actual. Y la respuesta, incómoda para muchos, es que probablemente volvería a incomodar. Volvería a desafiar consensos aparentes. Volvería a recordarnos que las instituciones existen para servir a las personas, y no al revés.
Entendida en este marco, la libertad educativa no es una opción retórica ni una discusión académica prescindible. Es una necesidad frente a un sistema que, pese a su expansión casi universal, no logra garantizar aprendizajes básicos ni reducir desigualdades persistentes. Seguir apelando a lecturas congeladas del pasado para evitar revisar los instrumentos equivale a aceptar como inevitable un fracaso que golpea, sobre todo, a los sectores más vulnerables. Cuando los resultados son sistemáticamente insatisfactorios, discutir cambios deja de ser una provocación ideológica para convertirse en una responsabilidad.
Desde esta perspectiva, discutir una ley de libertad educativa no es un acto de negación de su legado, sino una forma de tomarlo en serio. La libertad educativa no es un fin en sí mismo ni una consigna ideológica, sino un instrumento para diversificar la oferta, introducir incentivos adecuados y volver a colocar al alumno -y a sus aprendizajes- en el centro del sistema. En un contexto de resultados insatisfactorios y profundas desigualdades, negarse a discutir estos mecanismos en nombre de una lectura congelada de Sarmiento equivale a renunciar a su espíritu reformista.
No es la primera vez que el nombre de Sarmiento aparece en este debate, ni la primera vez que se lo invoca para clausurarlo. Tal vez valga la pena, esta vez, leerlo de otro modo: no como un busto de bronce al que se rinde homenaje ritual, sino como un pensador vivo, incómodo y exigente, que nos obligaría a preguntarnos si el sistema actual cumple realmente con su función esencial. El domingo pasado se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento, quizás sea una buena oportunidad para honrarlo no repitiendo consignas, sino haciendo lo que él hizo toda su vida: atreverse a desafiar lo establecido cuando lo establecido deja de servir al objetivo de educar al soberano.
Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA
