Scapolán, una pesadilla para el sueño de la Justicia amiga
El procesamiento de Claudio Scapolán es la primera repercusión del resultado de las PASO en la Justicia. Una medida que Sandra Arroyo Salgado pudo dictar recién el 1° de octubre, nueve meses después de que el fiscal bonaerense declaró en la causa donde lo acusa de liderar una asociación ilícita vinculada al narcotráfico. Scapolán consiguió demorar ese trámite casi un año y medio gracias a una aparente red que lo haría gozar de protección judicial y política. El fallo de la jueza federal de San Isidro sobresale por este antecedente.
Más que probar su inexistencia, confirmaría el retraimiento de esa trama de intereses por temor a que lo ocurrido el 12 de septiembre se repita en las elecciones generales. A mitad de camino entre la clarividencia y la profecía autocumplida, esa conducta expresaría la duda de los nexos subterráneos entre Poder Judicial y el espionaje sobre la continuidad en la administración del poder. Sería la segunda vez que Scapolán queda inmerso en un período de inestabilidad. El otro tuvo lugar entre los comicios legislativos del 2013 y el primer año de la presidencia de Mauricio Macri. Pero en especial del gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 5 de San Martín anuló en 2016 la investigación de la justicia ordinaria de San Isidro en la causa Leones Blancos del 2013 y ordenó al fiscal federal Fernando Domínguez revisar la actuación de funcionarios policiales y judiciales.
Sobre todo de Scapolán. Allanó con efectivos de la DDI de Quilmes una quinta en Moreno donde dos grupos narcos negociaban media tonelada de cocaína. El cuerpo del delito desapareció hasta que otros policías lo reingresaron al mercado del narcomenudeo. La decisión del TOC N°5 coincidió con el pedido de juicio político a Scapolán que Elisa Carrió presentó en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento bonaerense por el mismo cargo que le imputa Arroyo Salgado.
A Carrió le interesaba determinar el vínculo de Scapolán con Sergio Massa. El fiscal de San Isidro intervino en el robo a su domicilio en 2013. Lo que le valió ser acusado por Washington Palacios de adulterar la suma de dinero sustraída que figuraba en la denuncia original. Sin embargo, el que resultó destituido en 2019 a causa de esa denuncia fue quien la formuló: el fiscal de Pilar, Palacios.
Lo que vuelve sugestivo el status quo que la Legislatura bonaerense mantiene sobre Scapolán. Hace cinco años que la Bicameral de Juicio Político evita definir si va a acusarlo como le solicitó Carrió. Una conducta que no se modificó pese a que en ese plazo la titularidad de la comisión que comparten el oficialismo y la oposición fue ejercida alternativamente por cinco presidentes de la Corte bonaerense. Es comprensible que no responda al pedido de trámite urgente que el 3 de octubre le efectuó Julio Conte Grand.
Maricel Etchecoin (CC) y Sandra París (UCR) intentaron quebrar esa tendencia. La semana previa al 10 de diciembre del 2019 recomendaron avanzar con el juicio. Fue en la última reunión de la bicameral antes del cambio de gobierno. No asistió el resto de los representantes de Juntos por el Cambio. Tampoco el diputado Carlos “Cuto” Moreno y el senador Sergio Berni. Los únicos kirchneristas que respaldaban una iniciativa de ese tipo.
La corporación que habría protegido a Scapolán percibe a Conte Grand como un legado incómodo de la gestión de Vidal. Sobre todo por la autonomía del Procurador General. Pero particularmente con quienes impulsaron su designación. Conjeturas que circulan. Igual que el eco hallado en el Frente de Todos para corregir esa anomalía e incluirla en los temas a negociar con la oposición luego del 14 de noviembre.
El de las tres vacantes en la Corte aparece como el más propicio a un intercambio para el que no estaría predispuesto el oficialismo. En algunos pronósticos, la derrota en las elecciones sería por un margen superior al de las PASO. Solo con la proyección de ese resultado, Juntos conservaría la mayoría del Senado. La Cámara que designa a los jueces de la Corte por los dos tercios de sus miembros. Lo mismo que al Procurador.
Existen 33 juicios políticos paralizados en la Legislatura. Cinco relacionan a jueces con asociaciones ilícitas conformadas por funcionarios policiales y judiciales. Resulta injustificada la expectativa de modificar esta situación cubriendo los cargos vacantes en la Corte. Una medida que probablemente solo sirva para tranquilizar a quienes desearían contar con una instancia para amortiguar los posibles efectos que pueda tener en la Justicia bonaerense la causa contra Scapolán en la Justicia Federal.
En especial, si la comisión bicameral acepta acusarlo. ¿Podría mantenerse el virtual estado de congelamiento en la que se sigue a Daniel Scioli por negociaciones incompatibles con la función pública? El fiscal Álvaro Garganta terminó en diciembre de 2019 los trámites procesales. El pedido de elevación a juicio depende de Agustín Crispo, designado en julio de ese año juez de Garantías N° 6 en La Plata.
A Crispo se lo vincula con Enrique Saraví O´Keefe, asesor de Gustavo Ferrari en el Ministerio de Justicia. Un funcionario anti grieta. Antes de ocupar esa cartera con Vidal, Ferrari fue Asesor General de Gobierno con Scioli. Si esa causa avanza podría activarse otra en la que Silvina Martínez lo denunció por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Especializada en estos temas, la abogada pidió investigar a la firma Capanone S.A. ya que “la base de su fortuna es esta única sociedad” que habría utilizado para justificar el incremento de su patrimonio. Entre 2007 y 2014 pasó de 1,2 millones a 13,6 millones de pesos. El Frente de Todos le atribuye a Juntos el origen de los rumores de una negociación inminente por la Corte. Juntos no lo desmiente. Lo que parece cierto es que al oficialismo lo embargan otras urgencias.
O es lo que insinúan algunas habladurías. En ellas, Sebastián Silvestre habría intercedido para aletargar las medidas de prueba contra Gabriel Vitale. El juez de Garantías N° 8 de Lomas de Zamora tiene un pedido de juicio político por fraguar pruebas en la causa Pay Diamond para poder declararse incompetente y girarla al fuero Correccional y Criminal de la Justicia Nacional. Pay Diamond es una estafa con piedras preciosas por 60 millones de dólares a miembros de la comunidad boliviana con actividad comercial en la feria La Salada.
Silvestre es el director de Asuntos Jurídicos en el Instituto de Lotería bonaerense. Antes fue asesor legal en el Municipio de Lomas de Zamora. Carlos Baccini es el fiscal general interino en esa jurisdicción. El 13 de noviembre de 2020 decidió archivar las actuaciones que la Unidad de Delitos Complejos a cargo de Pablo Rossi efectuó para determinar la posible sociedad de Hernán Rosín con firmas que prestaban servicios al Municipio de Lomas de Zamora. Hasta que comenzó a tramitarse esa causa, Rosín fue su secretario de Hacienda.
Baccini conserva la expectativa de cubrir una de las tres vacantes en la única Cámara de Apelaciones del Departamento judicial Lanús y Avellaneda. Contaría para eso con el respaldo de varios intendentes del PJ en el Conurbano. Uno es el de Martín Insaurralde, el nuevo jefe del Gabinete de Axel Kicillof. Claro que para eso es necesario que el Frente de Todos gane el 14 de noviembre y pase a controlar el Senado bonaerense. Es el punto donde Scapolán se convierte en una pesadilla para el sueño de una Justicia amiga.
Por Daniel Bilotta
