1
Se disipan nubarrones
Por Horacio D. Heugas
1 minuto de lectura'
Al igual que los pronósticos meteorológicos que anuncian que se acerca un frente de tormenta, pero que luego se disipa casi mágicamente sin afectar el buen tiempo reinante, el clima económico también tiene esas contradicciones.
Ya sea por presión de las circunstancias, o por propia iniciativa del Gobierno, algunos nubarrones que aparentemente se acercaban peligrosamente en los últimos tiempos no pasaron de ser simplemente amenazas que no se concretaron y, por el contrario, todo transcurre dentro de lo que podría considerarse cauces normales, dentro de la conocida gravedad de las cuentas del Estado nacional y de las provincias, pero en el escenario externo todo parece estar más calmo que en años anteriores, cuando el efecto tequila, las crisis del sudeste asiático, el default ruso o la devaluación brasileña aceleraron el estrés en los últimos veranos.
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional han tenido sus idas y venidas, como era previsible, así como lo era a priori la piroctenica resistencia sindical al proyecto de reforma laboral del Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, a simple vista se advierte un cambio en la temperatura ambiente, que se pone de manifiesto en la gran cantidad de dirigentes empresarios de primera línea que pasan gran parte de la semana trabajando en sus oficinas o, en un hecho casi inédito, la realización de sesiones para tratar temas económicos en el ámbito parlamentario.
Las iniciativas que partieron en las últimas desde distintas oficinas del Gobierno para transparentar las acciones del Estado, una de las banderas electorales de la Alianza, ha tranquilizado en parte, pero no totalmente, algunos ánimos. Especialmente entre los empresarios agrupados en la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) que ven con satisfacción que se avanza en esa dirección, pero sin dejar de llamar la atención sobre la espada de Damocles que pende sobre las compras estatales. El gobierno de Menem, poco antes de irse, dispuso por decreto 5720/72 modificaciones en el reglamento de contrataciones del Estado cuya entrada en vigor estaba prevista cuando ya la actual administración estaba en ejercicio -27 de diciembre último-, pero que en una rápida acción el presidente Fernando de la Rúa suspendió por 60 días mediante el decreto 1547/99, con lo cual todavía no está resuelta totalmente la cuestión.
Si sobre algunos funcionarios de la anterior administración existían sospechas de un manejo discrecional de los dineros públicos, el decreto ahora en suspenso le da a los actuales ocupantes de esos despachos una mayor posibilidad de concretar negocios poco transparentes.
"Atenta contra la transparencia de las contrataciones, afecta los derechos individuales, otorga un casi ilimitado poder a los funcionarios, con lo cual fomenta la corrupción e imposibilita el legítimo derecho de defensa de los proveedores", dice un crítico informe de la UAPE.
