Sin reglas claras, una democracia no funciona

La discusión sobre la celebración de las PASO y las elecciones de medio término del presente año continúa. Ello a pesar de que la Cámara Nacional Electoral ya ha establecido el 8 de agosto y el 28 de octubre próximos para la celebración de las PASO y las elecciones generales, respectivamente, y que el Gobierno tiene tiempo hasta el 10 de mayo para convocarlas. Otra vez se discuten los tiempos para el traspaso del poder, cuestión por demás traumática en nuestra historia institucional.

Hemos sufrido durante más de medio siglo cinco golpes de Estado que transformaron la transferencia del poder por las “botas” o por los “votos” en algo natural, ora de un modo ora del otro. El constitucionalismo determinó que el pronunciamiento de la soberanía del pueblo a través del sufragio es el único factor de legitimación del acceso al poder. En la Argentina esto ocurrió a partir de la ley Sáenz Peña, que consagró el sufragio universal, obligatorio y secreto. Tal es la fuerza que ha adquirido este elemento en las creencias de las personas que también en la mayoría de las dictaduras se organizan elecciones, amañadas, por supuesto, para hacerles creer a los gobernados que son ellos quienes deciden el cambio de las autoridades.

La previsibilidad gracias al conocimiento informado y oportuno permite que el principio de seguridad jurídica esté presente en cada proceso electoral. El cambio de las reglas no debe ser frecuente, para impedir que se manipulen los procesos en beneficio de los oficialismos de turno.

Alfonsín debió dejar la presidencia casi seis meses antes de la finalización de su mandato, lo que obligó a una reformulación inconstitucional de las fechas electorales y a alargar el mandato de la primera presidencia de Menem. La dimisión de De la Rúa a dos años de haber asumido el poder exigió otra vez una “readecuación” de fechas y de mandatos de la primera magistratura. Un decreto de Duhalde modificó de manera inconstitucional el período del mandato iniciado por el expresidente radical el 10 de diciembre de 1999. Qué paradoja, la incertidumbre en la materia pareciera ser la regla en nuestro país.

Recordemos que las PASO, después de haber sido creadas, fueron suspendidas ya que no satisfacían los objetivos de Duhalde, que era quien gobernaba en aquel momento. Luego Kirchner las rehabilitó, también con una aspiración similar, pues en ese momento le fueron útiles para definir la interna de su partido. Se debería sancionar una norma que determine que toda reforma de naturaleza electoral comenzará a regir a partir del gobierno que suceda a aquel que está en funciones al tiempo de efectuarse la misma.

Los artículos 50 y 56 de la Constitución prevén la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y de la tercera parte del Senado, respectivamente, cada bienio. Completando las fechas de comicios para autoridades de la Nación, el artículo 95 establece que la elección presidencial, que debe tener lugar cada cuatro años, se efectuará dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Las renovaciones legislativas parciales tienen por finalidad el control del ejercicio del poder presidencial, y no por casualidad la Constitución determinó que deben celebrarse bianualmente, en el medio del período presidencial. Romper estas secuencias significa atentar contra el sistema en su conjunto y producir una reforma constitucional sin observar el procedimiento que contempla para ello el artículo 30 de la Ley Fundamental.

La postergación sustentada en el agravamiento de la pandemia carece de sentido y disfraza bajo el manto de la protección de la salud el interés del Gobierno en aplazar lo máximo posible la cita electoral a fin de mejorar sus chances. Desde el inicio de la crisis provocada por el coronavirus han tenido lugar elecciones en numerosos países en cumplimiento de estrictos protocolos. Acá se celebran en muchas asociaciones argentinas. Incluso, se permitió que los cientos de miles de ciudadanos bolivianos, ecuatorianos y peruanos residentes en nuestro país votaran en locales adecuadamente acondicionados en ocasión de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en sus países.

Entre las diferentes variables que surgen de la boca de referentes del oficialismo, se propone hacer coincidir en la misma fecha las PASO y las elecciones generales. Esto es el denominado doble voto acumulativo y simultáneo o ley de lemas. Se estaría modificando así, de modo colosal, el sistema electoral de votación. Es un doble voto, pues el elector decide en primer término el partido y en segundo término dentro del mismo, escoge al candidato o a los candidatos para ocupar los puestos gubernamentales en disputa. Importa la decisión simultánea de la elección interna del partido y de la externa. Lleva a un doble escrutinio, en el interior de cada partido entre todos los candidatos que hayan participado, a fin de determinar cuál ha sido el ganador, ya que este acumulará a su favor los votos obtenidos por los demás y se convertirá en el candidato del partido. Luego, el escrutinio entre los candidatos de los partidos para establecer quién o quiénes serán los ocupantes del cargo o de los cargos en disputa.

La implantación de este sistema en varias provincias ha llevado a abusos y facilitado el fraude electoral, ya que se presenta una cantidad muy grande de boletas. El sistema puede consagrar a un candidato cuyo apoyo personal en número de votos obtenidos es minoritario, como ha ocurrido, en su momento, en Santa Fe y en Santa Cruz, y también en Uruguay. Dicho sistema vulnera el principio de representatividad: el candidato más votado puede perder.

Es la gran ocasión para implantar la boleta única electoral, que aleja la posibilidad de fraude, reduce gastos y permite que la manipulación sea menor en tiempos de pandemia. Que reine la cordura y se impongan los intereses de una población que desea el despegue del país, por sobre la visión facciosa de quienes privilegian su “interna”. Sin reglas claras una democracia no funciona.

Profesor titular y director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho (UBA)