Un juez que protege el delito

Sucedió como un percance más en el fárrago de la causa de los cuadernos . Un juez federal, Luis Rodríguez, fue apartado por la Cámara Federal de una causa conexa a la investigación que desató el diario personal del chofer Oscar Centeno . La decisión revela, sin embargo, que todavía existen madrigueras importantes de la Justicia Federal en manos de jueces dispuestos a quedar bien con el delito. La dura resolución de la Cámara debería significar la destitución –o la renuncia– de Rodríguez como juez federal de la Capital. Una fuente de la investigación de los cuadernos señaló que "Rodríguez actuó más como abogado de la banda que como juez". La Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, no escribió semejante párrafo en su resolución, pero la descripción que hace de la actuación de Rodríguez es suficiente como para que aquella acusación sea definitivamente veraz.

Rodríguez estaba investigando (es una manera de decir) el enriquecimiento ilícito de los herederos de Daniel Muñoz, el histórico secretario privado de Néstor Kirchner . Según los cuadernos de Centeno, Muñoz fue el secretario que más veces recibió valijas con millones de dólares . Mucho antes, y como consecuencia de las revelaciones de los Panama Papers , aparecieron en Miami y Nueva York propiedades de Muñoz por valor de más de 70 millones de dólares, aunque fuentes judiciales aseguran que esa suma es solo "la punta del iceberg" de una fortuna mucho mayor. ¿Fue Muñoz un testaferro de Néstor Kirchner o, acaso, compró esas propiedades con el dinero que fue robando de la recaudación del expresidente? Los investigadores más serios creen que fue un testaferro de Kirchner, porque esas propiedades están a nombre de sociedades que se distribuyen en los Estados Unidos, México, China y Andorra. Por lo general, un secretario privado no tiene el conocimiento de la complicada ingeniería financiera que necesitan esas operaciones. Muñoz murió el 25 de mayo de 2016, justo el día en que se cumplían trece años del acceso al poder de Néstor Kirchner, el hombre de quien fue su sombra, su amigo y su cómplice. La fortuna de Muñoz fue heredada por su esposa, Carolina Pochetti, quien a su vez distribuyó la herencia entre sus propios testaferros.

El primer error grave que cometió Rodríguez fue lo que no hizo. No se excusó para tratar este caso cuando aparecieron los cuadernos de Centeno. Muñoz es un protagonista relevante de esos diarios del chofer, en los que también es un actor principal el eterno operador judicial Javier Fernández. Resulta que este Fernández es amigo de Rodríguez y padrino de uno de sus hijos. Fernández fue procesado por el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos. Bonadio le reclamó varias veces a Rodríguez que le transfiriera, por la evidente conexidad de causas, la investigación sobre los herederos de Muñoz. Rodríguez ni siquiera le contestó, y tampoco se apartó voluntariamente de la causa de Muñoz por su relación con Fernández. No hizo nada. La Cámara Federal acaba de poner en manos de Bonadio las dos causas.

Rodríguez hizo cosas mucho peores. El fiscal de las dos causas (la de los cuadernos y la de Muñoz), Carlos Stornelli , le reclamó a Rodríguez la detención inmediata de la viuda de Muñoz y de sus presuntos testaferros; el embargo de todos los bienes de los imputados, en el exterior y en el interior del país, y una serie de medidas de prueba. Rodríguez rechazó todos los pedidos de Stornelli y, encima, les pasó copia de tales requerimientos a los abogados de los imputados. La consecuencia fue obvia: uno de los supuestos testaferros de los Muñoz viajó en el acto a los Estados Unidos, otros dos que vivían allí (y para los que Stornelli pidió la captura internacional) se fueron a México, y hubo varios y sospechosos movimientos en las cuentas abiertas en distintos países. La fortuna de los Muñoz en los Estados Unidos fue confirmada por el Departamento de Justicia de Washington.

Stornelli apeló a la Cámara Federal. Los jueces Irurzun y Bruglia, ya cansados de ordenarle a Rodríguez que tomara decisiones que nunca tomaba, resolvieron apartarlo de la causa por evidente desidia o ineptitud. Es una decisión gravísima con muy pocos antecedentes. No es la primera vez, de todos modos, que Rodríguez es sospechado de proteger a presuntos delincuentes. Ya había tenido un duro enfrentamiento con Stornelli cuando el juez se negó a pedir el desafuero y la detención de Julio De Vido por las malversaciones en la mina de Río Turbio. Al final, la misma Cámara que actuó ahora le ordenó a Rodríguez que pidiera el desafuero y detuviera a De Vido. De Vido está preso desde entonces. Rodríguez fue el juez que le dio al sindicalista Omar "Caballo" Suárez el beneficio de la prisión domiciliaria a fines del año pasado. La hija de Suárez denunció públicamente que le habían pedido 500.000 dólares en la Justicia para darle ese beneficio a su padre. El juez que investiga a Suárez es Rodolfo Canicoba Corral, pero Rodríguez lo estaba reemplazando durante una licencia cuando lo mandó a Suárez a su casa. La Cámara rectificó de nuevo a Rodríguez y devolvió a Suárez a la cárcel. Nunca se supo si la denuncia de la hija de Suárez se refería a Canicoba Corral o a Rodríguez.

Rodríguez fue nombrado juez en 2012, entre varios magistrados más, por un (mal) acuerdo entre el kirchnerismo entonces gobernante y representantes de Pro en el Consejo de la Magistratura. Siempre se dijo que el todavía juez llegó promovido por los servicios de inteligencia cristinistas. Los delegados de Pro adujeron entonces que la prioridad era el nombramiento de jueces titulares en juzgados vacantes. Era, sobre todo, la necesidad de sacarlo a Oyarbide , el juez agarrado del "cogote" por el kirchnerismo, de juzgados en los que actuaba interinamente. Oyarbide era en esos tiempos un perseguidor serial del entonces líder de la oposición, Mauricio Macri. Seis años después, las resultados están a la vista: Rodríguez no debió ser juez nunca.

Ese paisaje enmarca ahora a otro (mal) acuerdo para la designación de otro juez federal. Se trata de Sebastián Argibay, postulado como juez federal de Santiago del Estero. Elisa Carrió lo impugnó por haber violado la Constitución de su provincia y por supuestas conexiones con el narcotráfico. La denuncia sobre presunta complicidad con el narcotráfico existe, pero debe ser probada aún. La violación de la Constitución santiagueña es un hecho que ya no necesita probarse. Argibay votó como miembro del Superior Tribunal de Santiago para que el actual gobernador, Gerardo Zamora, accediera a una segunda reelección en 2013, que le estaba expresamente prohibida por la Constitución. La Corte Suprema de Justicia revocó esa decisión del tribunal santiagueño pocos días antes de las elecciones con duros párrafos contra Zamora y, por obvia extensión, contra el propio Argibay. La dependencia política y personal de este con respecto a Zamora está igualmente probada. El recurso ante la Corte Suprema lo interpuso el radicalismo santiagueño, que es ahora, junto con Carrió, el principal objetor del acuerdo de Argibay en el Senado. El radicalismo y Carrió son aliados de Cambiemos. ¿Por qué no hablaron antes con los aliados sobre ese pacto inexplicable?

El acuerdo con este caudillo, que instauró en Santiago el juarismo sin Juárez, tal vez se refiera a la necesidad de aprobar el presupuesto. Zamora controla los tres senadores de Santiago del Estero. Los acuerdos políticos son necesarios, pero pierden legitimidad –y razón de ser– cuando encumbran a personas indebidas, cuando dinamitan las promesas y los principios.