Sin voz ni voto
Los veraneantes que están en Pinamar o en Punta del Este no son los únicos que sienten que enero se está pasando demasiado rápido. A medida que se acerca la reapertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, prevista para el 1° de febrero, crece la inquietud de los empresarios que ven cómo se acerca el Día D sin que desde el Gobierno se los consulte sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo.
Hasta el momento ningún funcionario del Ministerio de Trabajo se tomó el trabajo de consultar a las principales cámaras empresariales sobre la propuesta que elevará el Gobierno para reemplazar a la cuestionada ley sancionada en 2000 en medio de las acusaciones de soborno.
En la Unión Industrial Argentina (UIA) y el resto de las principales cámaras empresariales señalan que, al menos hasta ahora, no pudieron acceder a una copia del proyecto, que cuenta con más de 30 carillas y, si bien intentan bajarle el tono a la polémica, reconocen que la prioridad oficial está puesta en conocer la opinión de los sindicatos y no la suya. "Hasta ahora sólo tuvimos algunos contactos oficiosos y no podemos dar nuestra opinión sobre la propuesta oficial sencillamente por que no la conocemos", admitió a LA NACION un dirigente empresarial de primera línea.
A la espera de un encuentro con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, o por lo menos de acceder a un borrador del proyecto, la preocupación de los empresarios va en aumento. "Todo indica que el Gobierno va a continuar en su línea de pensamiento de cargar el peso impositivo sobre las empresas que estamos trabajando en blanco", sostiene el número uno de las principales cadenas de supermercados del país.
En concreto, el tema que hoy más preocupa a los empresarios es la incorporación de los $ 50 no remunerativos que deberán empezar a pagar en los primeros días de febrero y que se suman a los $ 200 que se fueron agregando a lo largo del último año. En la visión de los empresarios que están volcados exclusivamente al mercado interno, la medida servirá para agrandar la brecha que separa a las compañías que están en regla del pelotón cada vez mayor de empresas grandes y pequeñas que hicieron de la evasión de impuestos prácticamente una línea de conducta.
La preocupación empresarial incluso llevó a las principales cadenas de supermercados y a los grandes proveedores a unificar propuestas en un encuentro realizado la última semana, que no trascendió públicamente, con el jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad.
Frente al inevitable aumento, la promesa que se llevaron los empresarios es que la batalla contra la evasión será una de las prioridades del Gobierno. La esperanza es lo último que se pierde.
