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Sindicatos: la casta no tiene miedo, sino privilegios
Impulsado por la Unión Cívica Radical y el Pro, se consideró hace algún tiempo en la Comisión de Legislación Laboral un proyecto destinado a modificar la Ley de Asociaciones Profesionales con el propósito de democratizar la organización y el funcionamiento de los sindicatos. Sorpresivamente, un acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo suspendió el avance de esa iniciativa.
El proyecto incluía, entre otros aspectos, límites a las reelecciones de los sindicalistas, participación de las minorías en los cuerpos directivos, transparencia de los fondos de sindicatos y sindicalistas, fin de los descuentos forzosos en los recibos de sueldo, como las cuotas solidarias, los cursos de capacitación y los seguros, y mayor libertad para la elección de la obra social. Un proyecto con un contenido similar al dictamen que se elaboraba ahora había sido presentado en su momento por el diputado Fernando Iglesias.
Era llamativo que un oficialismo que desdeña como “casta” a cualquier persona o institución que le formule algún reparo no tenga la voluntad política de ponerle límites a la casta por antonomasia, que es la corporación sindical. No hace falta recordar la peculiaridad que exhibe la Argentina en esta materia, con sindicatos que - en su mayor parte - son un brazo más de una única fuerza política, que hacen política partidaria en favor de ella utilizando los recursos de todos sus afiliados, aunque muchos no profesen simpatía por esa corriente, que son gobernados por dirigentes que se perpetúan por décadas y son frecuentemente “heredados” por sus hijos. Esos dirigentes, por lo demás, llevan un tren de vida incompatible con los ingresos que deberían obtener por desempeñar la función de representar a los trabajadores. Se ha naturalizado, y ya a nadie le sorprende, que se trate en realidad de empresarios, que lucran con los ingentes recursos que manejan de sus afiliados, especialmente a través de las obras sociales. La corrupción en este ámbito es tan grosera y evidente que estos “gordos” son titulares, a la vista y paciencia de todos los argentinos, de verdaderos “holdings”.
En los comienzos de la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín intentó poner coto a esta situación mediante un proyecto conocido como “Ley Mucci” (por el nombre del primer ministro de Trabajo de esa administración). Lamentablemente, no prosperó por un voto de un senador del Movimiento Popular Neuquino. No hace falta decir que todo el peronismo, de cualquier pelaje, se pronunció en contra de esa iniciativa.
El cambio que necesita la Argentina no es meramente macroeconómico. Es cierto que el equilibrio presupuestario, la reducción del déficit fiscal y de la tasa de inflación son de enorme importancia para encarar cualquier proyecto de desarrollo que nos permita salir de un estancamiento que lleva más de una década, pero esa condición no es suficiente. Hace algunas semanas se difundieron los índices de pobreza e indigencia. El primero supera el 52% y el segundo el 18%. Esto significa que más de la mitad de los argentinos son pobres y casi uno de cada cinco no alcanza siquiera a obtener ingresos que le permitan una alimentación mínimamente satisfactoria. Mientras se estabiliza la macroeconomía, es imprescindible que el Estado (que no es una asociación criminal), de manera eficaz, sin populismo ni clientelismo, auxilie a los que menos tienen. En ese marco, adquiere todavía mayor dramatismo el bochornoso espectáculo de sindicalistas opulentos y corruptos.
Cuando, finalmente, el oficialismo se avino a tratar y aprobar el proyecto, no se pudo alcanzar el dictamen de comisión porque faltaron los votos de dos diputados de la oposición no kirchnerista, uno de ellos de origen sindical.
La sociedad debe tomar nota de estas dilaciones y reservas frente a una iniciativa que tiende a facilitar la democracia y la transparencia en las organizaciones sindicales. Es verdad que muchas veces los gobiernos, aunque lleguen con las mejores intenciones, se acostumbran a negociar con estos “dueños” de los sindicatos –que siempre terminan obteniendo prebendas exageradas- y temen que la democracia genere mayor inestabilidad e incertidumbre. Pero ese acomodamiento al statu quo es incompatible con el discurso anticorporativo. No será creíble el relato contra la casta si no se tiene la firme determinación de combatir a la más poderosa, aquella que se moldeó en la década del cuarenta del siglo pasado por inspiración de la Carta del Lavoro de Benito Mussolini.
Exdiputado nacional, presidente Asociación Civil Justa Causa
