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¿Solidaridad o expoliación?: el dilema de la reforma laboral
La actual discusión sobre la reforma laboral en Argentina nos sitúa frente a una encrucijada que va más allá de lo técnico: se trata de una definición sobre la naturaleza de nuestra convivencia social. Mientras observamos un debate que se perdió en concesiones a corporaciones, es imperativo recuperar la distinción que Frédéric Bastiat trazó entre Justicia y solidaridad (este último término denominado “fraternidad” por el escritor francés).
Al analizar la reforma, observamos cómo el texto resultante se aleja de su función esencial – la justicia universal, entendida como la protección de los derechos y la propiedad de todos – para convertirse en un instrumento de imposición. Es fundamental precisar que el proyecto original enviado por el Ejecutivo buscaba romper con estas estructuras, pero las negociaciones parlamentarias terminaron por reinstaurar lógicas corporativas que nos mantienen en el laberinto de la expoliación legal.
Aquí es donde surge el concepto central de Bastiat: la expoliación legal. Por ella entendemos el uso de la ley y la fuerza pública para imponer sacrificios involuntarios a unos ciudadanos en beneficio de otros. Es la “peor de las expoliaciones” porque es sistemática e inevitable, convirtiendo lo que debería ser un acto moral y espontáneo en un despojo bajo amparo normativo.
Curiosamente, desde sectores de matriz socialista se ataca este proceso calificándolo de “deslaboralización” o “flexibilización regresiva”, bajo el argumento de que se estarían desmantelando bases protectoras. Sin embargo, el problema real es que la ley sigue siendo usada para validar privilegios de sectores organizados. El caso de las “cuotas solidarias” para la CGT es paradigmático: en el texto acordado se mantienen aportes compulsivos que se descuentan de los sueldos incluso de no afiliados. Para Bastiat, esto es una contradicción: la verdadera solidaridad es espontánea o no lo es; decretarla por ley es aniquilarla.
Esta desvirtuación no solo afecta al ámbito sindical. El proyecto inicial contemplaba la libertad de que los salarios se acreditaran en cuentas bancarias o billeteras virtuales. No obstante, la presión de las cámaras bancarias logró eliminar esta opción, restringiendo la libre elección de los asalariados. Aquí, la ley no actúa para proteger un derecho, sino para preservar un esquema que asegura a entidades tradicionales la administración de millones de cuentas. Como advertía Bastiat, cuando la ley aspira a “hacer la felicidad” en lugar de limitarse a la justicia, genera una incertidumbre espantosa que paraliza la actividad humana.
Debemos entender que no existe solidaridad sin libertad, ni libertad sin solidaridad. La solidaridad real surge de la espontaneidad humana, de las asociaciones voluntarias y del sentimiento moral, no de la urna de un escrutinio ni de un decreto. Si la ley se limitara a la justicia exacta —hacer respetar a las personas y sus derechos—, la industria se desarrollaría y los capitales se multiplicarían, elevando naturalmente el nivel de los salarios.
Mientras sigamos permitiendo que las corporaciones desvíen los proyectos de ley para arrancarse fragmentos de privilegios, seguiremos marchando de “revolución en revolución”. La verdadera modernización requiere devolverle a la ley su límite justo y a los ciudadanos su libertad solidaria.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
