Sumisión o destierro: la frase que oficializa el dogma libertario

Para el núcleo del poder, plantear un matiz o un reparo es un pecado mortal. La discrepancia es directamente rechazada, pero la conversación también. Solo se aceptan dos verbos para pertenecer al oficialismo: acatar y obedecer. Había indicios claros en ese sentido, pero ahora ha sido reconocido de manera explícita y brutal.

La crónica política ha reflejado en estos días una frase reveladora. Le pertenece a la secretaria general de la Presidencia y fue pronunciada, en una reunión informal, ante los diputados libertarios: “A los proyectos del Ejecutivo, primero se los vota y después se los lee”, les dijo, con esa rusticidad que reniega de las sutilezas sin aspirar a ninguna elegancia. El mensaje es humillante para los propios legisladores. Lo que les dice la funcionaria más influyente del Gobierno es: “ustedes no están ahí para leer ni para pensar; mucho menos para opinar. Están para levantar la mano”. Lo más penoso tal vez no sea que se lo digan, sino que ellos aplaudan cuando lo escuchan. Así lo consignan las crónicas que dan cuenta de un encuentro, en un restaurante de sushi de Villa Urquiza, entre la hermana del Presidente y unos 50 integrantes del bloque de diputados de La Libertad Avanza. Ocurrió el martes 3 de febrero y fueron algunos de los propios comensales los que revelaron los detalles. Nadie del gobierno esbozó una desmentida.

Todo remite a un pasado conocido: la pretensión de que el Congreso sea una mera escribanía; un obstáculo que se debe sortear con la mayor celeridad posible, sin debatir ni preguntar. Sin posibilidad tampoco de mejorar un proyecto de ley o de enriquecerlo con una mirada crítica y constructiva. Si esto no ha funcionado así es porque el oficialismo no tiene una rotunda mayoría, a pesar de haber fortalecido su músculo parlamentario tras el triunfo electoral de octubre. La aspiración, sin embargo, es clara: consolidar un hiperpresidencialismo concentrado, donde queda reducido a la nada el espacio para la deliberación interna.

Lo que subyace detrás de la frase de la secretaria general de la Presidencia es una concepción del poder que asimila el concepto de lealtad con el de subordinación y el de disciplina partidaria con el de obediencia ciega. Son dogmas que tienden a la uniformidad y al verticalismo extremo. Y que crean alrededor del poder una atmósfera de obsecuencia y de temor. La forma de sobrevivir es decir siempre que sí; es levantar la mano sin preguntar qué se vota; es poner la firma sin leer la letra chica. La consigna es clara e inequívoca: sumisión o destierro. “La lealtad no es una opción; es una condición”, había escrito antes, en el mismo sentido, la secretaria general.

Cuando se explicita esa visión hacia dentro del oficialismo se entiende mejor la beligerancia del Gobierno “hacia afuera”, hacia cualquier voz que plantee una crítica o una discrepancia con las acciones del Ejecutivo. El mileísmo exhibe una resistencia estructural al disenso y un desprecio profundo por el diálogo, rasgos que empiezan a ser incompatibles con los valores del pluralismo y de la sana convivencia democrática. No tolera la crítica, ni siquiera la duda. Hacia el interior de sus propias filas, aplica “la guillotina”, como ha explicado el propio Presidente. Y hacia afuera, el atropello, el insulto, la descalificación y el agravio. “El que quiera opinar que se atenga a las consecuencias” es el mensaje tácito a los empresarios, a los economistas, a los artistas y, por supuesto, a la prensa. Busca amedrentar o domesticar a los actores del debate público: “domarlos”, según la jerga oficialista.

Con esa idea se le ha dado estatus oficinesco a un tuitero libertario encargado de “refutar” lo que el Gobierno considera “noticias falsas” para imponer una “verdad” oficial. A pesar de haber jurado en X que jamás aceptaría un trabajo en el Estado, el encargado de este organismo ahora luce encantado de haber asumido como “comisario” a sueldo para replicar a los periodistas. ¿Quién no ha soñado, después de todo, con ser investido por un decreto como “dueño de la verdad”? Suena irresistible. Solo que se toma el trabajo tan a pecho que a veces desmiente primero y lee después. Así, salió a “refutar” un título de LA NACION que consignaba la declaración textual de una entrevistada. Responder se confunde con hostigar.

Es paradójico, después de todo, que un gobierno que reniega del Estado venga a proponer la estatización de “la verdad”. En las inmediaciones del oficialismo, sin embargo, nadie se ha atrevido a cuestionar el engendro payasesco de la Oficina de Respuesta Oficial, a pesar de que les había parecido peligroso –como efectivamente lo era– un invento similar del kirchnerismo. Pero se sabe: la crítica o el reparo se pagan caro en el universo libertario, como ocurría también con el populismo de izquierda.

Esta concepción del poder tiende a intoxicar el clima político en la Argentina, pero además puede tener, a mediano o largo plazo, efectos muy inquietantes en la gestión de gobierno. En los 790 días que lleva en el poder, la administración de Javier Milei echó a 226 funcionarios de alto rango, según el riguroso conteo que actualiza todas las semanas el politólogo Pablo Salinas. La cifra representa un despido cada menos de cuatro días, en los que solo se computan los funcionarios que habían sido seleccionados y nombrados por el actual gobierno. El dato se explica por razones diversas: algunos se han ido por sospechas de corrupción, otros por necesidades o motivaciones políticas. Quizá muchos no hayan cumplido las expectativas y otros hayan renunciado por un atraso salarial que, en los niveles de mayor responsabilidad, llegó a límites absurdos. Pero es inevitable preguntarse cuánto influyó, en este récord de renuncias, la exigencia de disciplinamiento extremo y la imposibilidad, hacia dentro del Gobierno, de convivir con el pluralismo de voces y el intercambio de ideas. Se sabe que muchos relevos han funcionado como “mensajes” hacia adentro: el que dice una palabra de más, o de menos, puede salir eyectado.

Por supuesto que un gobierno debe aspirar a cierta homogeneidad y a un alineamiento claro con los objetivos y las decisiones que adopta el primer mandatario. Pero una cosa es la disciplina y la coherencia en un equipo de gobierno y otra es la uniformidad y el verticalismo, que excluyen la posibilidad de plantear matices y proponer un debate franco. Ya se vio con el kirchnerismo, que elevó la obsecuencia a la categoría de una norma: “A la presidenta no se le habla, se la escucha”, solía advertir Carlos Zannini a sus interlocutores. Es un principio que radicaliza a los entornos presidenciales: para agradar, sobrevivir y crecer hay que aplaudir al líder y funcionar como cámara de eco. Nunca contradecirlo; jamás discutir una sentencia ni una orden. Es la lógica del cuartel. O de “la orga”.

Profesionales de indiscutida solvencia técnica que se han incorporado al Gobierno han tenido que optar por el silencio o la “talibanización”. Para “el jefe”, los funcionarios pueden pasar de “genios” a “traidores” en cinco segundos. Esos cambios abruptos en la consideración presidencial suelen derivar en un clima de inseguridad y temor alrededor del líder. En muchos despidos se reprodujo un método: el destrato, el desaire brutal y la ejecución fulminante. De ese sistema –como ya hemos visto alguna vez– se desprenden varios riesgos: uno es que los funcionarios acentúen la obediencia y el aplauso automático para no quedar expuestos al destrato. Otro es que muchos, sobre todo en las segundas líneas, busquen no sobresalir, “hacer la plancha” y quedar lo más alejados posible del escrutinio presidencial. Un tercer peligro es que profesionales valiosos decidan alejarse del servicio público, o no ingresar en él, ante la sola posibilidad de ser sometidos a modales que pueden llegar a la humillación. Todo conspira contra la profesionalización del gobierno y la calidad de la gestión.

La renuncia en la conducción del Indec tal vez deba leerse en este contexto: no hay margen para las “razones técnicas”. Y el que las esgrima no solo volará por los aires: deberá enfrentar campañas sucias en las que se montarán, con entusiasmo, muchos voceros del poder.

¿Qué habría pasado si en esa noche de sushi algún diputado se hubiera parado y, respetuosamente, le hubiera dicho a la secretaria general de la Presidencia que, en beneficio del propio gobierno (y, por supuesto, de la ciudadanía), él preferiría leer los proyectos antes de votarlos? Tal vez valga la pena recordar a Bertrand Russell: “La obediencia ciega es el verdadero enemigo de la libertad”. Leer antes de votar suele llevar más tiempo y obliga a ejercitar el diálogo, la explicación y los consensos. Pero así es la democracia republicana: quizá más engorrosa y aburrida, pero mejor que cualquier atajo.

Por Luciano Román

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