1
Tormentas e inundaciones: lo que la inacción ambiental nos está costando
5 minutos de lectura'
Las intensas lluvias del último fin de semana, que provocaron anegamientos y daños materiales en distintas zonas del país, golpeando especialmente al norte de la provincia de Buenos Aires, vuelven a mostrarnos una realidad que, por repetida, no debería ser naturalizada: las pérdidas humanas, económicas y sociales asociadas al cambio climático son cada vez más frecuentes y severas, y en muchos casos, evitables. Ya no es una sorpresa, pero sí una tragedia.
Hay tres personas fallecidas, más de 2900 evacuadas y una importante cantidad de desaparecidos. Las lluvias acumuladas superaron los 400 milímetros en algunas zonas, provocando inundaciones generalizadas, desbordes de ríos y cortes de rutas provinciales.
Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), las inundaciones, las sequías y otros desastres relacionados con el agua se están intensificando como consecuencia del cambio climático. En el caso de la Argentina, según el primer Informe Bienal de Transparencia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se espera un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales y un aumento en el nivel del mar, factores que podrían generar inundaciones permanentes en algunas zonas. Ante este escenario, resulta fundamental dejar de actuar únicamente de forma reactiva y avanzar hacia un enfoque preventivo.
En lo que va del año, ya vimos lo que la falta de prevención puede generar: la trágica inundación en Bahía Blanca, con un saldo de vidas humanas, perdidas y barrios enteros destruidos; el colapso urbano en Comodoro Rivadavia, que vuelve a repetirse año tras año como si fuera un destino inevitable. El denominador común es claro: falta de planificación urbana y territorial con enfoque ambiental y climático, nula inversión sostenida en infraestructura hídrica y ausencia de sistemas de alerta temprana y datos. Y, por supuesto, una política nacional que sigue tratando al ambiente como un tema secundario.
Cuando se plantea que los aspectos ambientales y los económicos son parte de una misma problemática y no algo dicotómico, es justamente para lograr que la discusión sobre el tipo de matriz productiva o de vivienda tengan en cuenta un necesario ordenamiento territorial ambiental, ya que las inundaciones del norte de la provincia de Buenos Aires se han visto agravadas por las prácticas agropecuarias intensivas y para la exportación o la construcción de barrios cerrados donde deberían respetarse los humedales.
Un país que no puede darse el lujo de negar el cambio climático
Mientras el planeta entero adapta sus sistemas de gobernanza al desafío climático, la Argentina transita el camino inverso. En lugar de profundizar políticas públicas con enfoque de adaptación y resiliencia, el actual gobierno decidió degradar el Ministerio de Ambiente a Subsecretaría. Acompañando esto con el desfinanciamiento de las políticas ambientales, climáticas, de infraestructura y mantenimiento, de respuesta y prevención frente a eventos climáticos extremos.
Pero lo cierto es que el cambio climático no espera, ni pregunta por el rango ministerial de quienes deben enfrentarlo. Fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, olas de calor, incendios son cada vez más frecuentes y los daños se cuentan en millones y, en muchos casos, en vidas humanas.
No alcanza con medidas aisladas o reactivas. En este contexto, jerarquizar la política ambiental no es un lujo ideológico, sino una necesidad práctica y urgente. Es reconocer que no hay desarrollo posible si no es sostenible; que el cemento no reemplaza a los árboles; que una ciudad resiliente necesita infraestructura, espacios verdes públicos, sistemas de drenaje, suelos permeables y planificación con un enfoque de equidad.
El fondo está, pero no se usa
El gobierno ha festejado el cese de la obra pública como herramienta para consolidar el superávit fiscal. Lo cierto es que esta postura ha generado que en 2024 no se utilicen cerca de $100 mil millones recaudados específicamente por Ley 26.181 para el Fondo de Infraestructura Hídrica. Mientras tanto, para el 2025, el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por La Libertad Avanza, estipulaba ingresos por más de $234 mil millones para el mismo fondo que nuevamente no serían utilizados ya que los gastos previstos no alcanzaban siquiera los $4 mil millones.
La Argentina cuenta con recursos que podrían destinarse, de manera estable, a financiar obras de infraestructura preventiva, recuperación de cuencas, expansión de áreas verdes y asistencia ante emergencias climáticas. Nos referimos a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se asignan por decisión política del Poder Ejecutivo y que en muchos casos no se ejecutan o quedan sujetos a criterios discrecionales. Sin ir más lejos, al cierre del mes de abril se recaudaron más de $277 mil millones de los cuales se han ejecutado $72 mil millones, lo que significa que el Ejecutivo cuenta con más de $200 mil millones que podrían utilizarse.
Una posibilidad, entre otras, que merece debatirse en el Congreso, es la creación de un fondo fiduciario para desastres climáticos y ecológicos e infraestructura preventiva, financiado con un porcentaje fijo de los ATN, para destinar a trabajar en medidas de prevención y, en caso de que ocurran, tener una respuesta rápida. No es una idea nueva: existen instrumentos similares en otros países y organismos internacionales. Pero en la Argentina sería un avance estructural, capaz de combinar eficiencia fiscal, responsabilidad ambiental y justicia y equidad territorial.
Negar el cambio climático o invisibilizar sus impactos no hace que desaparezca. Sólo nos deja más expuestos. Lo que falta no es diagnóstico, sino decisión política: asumir que la prevención debe ser una prioridad del Estado, con recursos asignados y ejecutados. Cada peso que no se invierte en adaptación y resiliencia se transforma en pérdidas evitables y ya no podemos seguir actuando como si las inundaciones fueran una sorpresa.
Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN; Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de FARN
