
Tragamonedas, otro retroceso
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El gobernador Felipe Solá envió al Senado bonaerense el proyecto de ley que autoriza la instalación de máquinas tragamonedas en los hipódromos de La Plata y San Isidro y, al mismo tiempo, abre el camino para poner fin a la intervención en el circo hípico platense. El proyecto establece que el Ejecutivo estará facultado para "autorizar la explotación de máquinas electrónicas de juegos de azar" en esos hipódromos y determina que con las utilidades que le corresponden al fisco bonaerense "deberá preverse la creación de un fondo provincial para fomentar la actividad hípica".
La casi totalidad de la dirigencia hípica ha coincidido en la necesidad imperiosa de disponer de las ganancias de los juegos de resolución inmediata como único modo de solventar la actividad de los hipódromos bonaerenses, ya que en la actualidad son económicamente inviables. Ni el hipódromo de Palermo, ni San Isidro o el de La Plata podrían desenvolverse sin la ayuda de beneficios ajenos. Su actividad sería inviable, dado que soportarían enormes pérdidas. Sin beneficios que procedan de otra actividad lúdica, los principales hipódromos argentinos no podrían sostenerse.
Las manifestaciones del presidente del Jockey Club, Bruno Quintana, refiriéndose al presente y al futuro de la actividad hípica agregan otros ingredientes que no deben quedar de lado. Ese dirigente mencionó, en primer lugar, que actualmente se hace muy difícil competir de manera tan despareja con otros juegos, para agregar: "Hay que ser francos. Nos han rodeado de casinos, bingos y tragamonedas. Esos juegos de azar están por doquier. A su vez, al Estado le sirve por los impuestos que tributan. Peor, más allá de lo lícitos y legítimos que puedan ser, conforman una actividad improductiva para la economía de un país, justamente todo lo contrario del turf".
En segundo término -y aquí asoma lo paradójico de sus dichos-, el presidente de la institución expresó: "Tanto San Isidro como La Plata deben contar en forma urgente con la misma herramienta (máquinas tragamonedas). Ahora es el momento para que todas las entidades empuñen el timón para que de una vez por todas se apruebe la ley para las tragamonedas. Así podremos contar con los recursos necesarios para planificar un turf grande como lo fue tradicionalmente".
Por un lado, el titular del Jockey Club reconoce que la proliferación de los juegos de azar, que se están instalando sin pausa en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, se corresponde con una actividad improductiva para la economía del país; pero, por el otro, reclama que la industria del juego sea la que le suministre los fondos necesarios para hacer resurgir la actividad hípica con esplendor similar al de otras épocas.
Es indudable que la autorización para explotar máquinas tragamonedas obtenida por el hipódromo de Palermo, con la consiguiente fuente adicional de ingresos, configura, frente a otros escenarios hípicos que no cuentan con dicha posibilidad, una evidente situación de desigualdad ante la ley que debe subsanarse mediante la eliminación de los juegos de resolución inmediata en todos los hipódromos donde éstos funcionen y no a través de su instalación generalizada, como se pretende.
La firme oposición a la instalación de máquinas tragamonedas, de casinos y de salas de bingo en el territorio argentino no debe interpretarse, ni siquiera insinuarse, como un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de la actividad turfística en el país. Por el contrario, LA NACION ha sido desde su fundación hasta el presente un entusiasta difusor de toda la actividad vinculada con el deporte hípico.
Si bien la industria del juego genera impuestos que el Estado recauda, también es cierto que favorece o alimenta aspectos negativos. Si una economía no satisface las necesidades básicas de una población, el juego crece proporcionalmente, estimulado por la falsa suposición de que por su intermedio se podrán obtener fáciles ganancias, cuando en realidad, lo común es que ocurra lo contrario.
Ello sin dejar de mencionar la posibilidad cierta de que una parte de las ganancias provenientes del juego puedan ser malamente desviadas hacia actividades marginales, como la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo o la corrupción, con las consabidas consecuencias negativas para la sociedad.





