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Traición a la patria, una acusación desmedida
Por Jorge Reinaldo Vanossi Para LA NACION
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Corresponde repudiar la acusación de "traidores a la patria" formulada por el titular del Poder Ejecutivo nacional y otros agentes del Gobierno a ciudadanos que, ejerciendo el periodismo o la libertad de crítica, disienten con la orientación política o con medidas adoptadas y actos protagonizados por aquellos funcionarios a quienes, después de todo, la Constitución les asigna el deber y la función de servir al pueblo.
A algunos ciudadanos, de manera indeterminada, se les atribuye la comisión de un delito tipificado por la Constitución nacional. Recuérdese que los delitos constitucionales están incriminados en normas de la propia Constitución (artículos 15, 22, 29 y 119). Estos dos últimos artículos especifican dos clases de traición: a la patria (artículo 29) y a la Nación (artículo 119).
El artículo 29 establece: "El Congreso no puede conceder al Poder Ejecutivo nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria".
El artículo 119 dispone: "La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito, pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes".
Los artículos definen la conducta delictiva, pero en ninguno de ellos se establece la sanción penal, que se deriva al Congreso, órgano que no puede alterar ni modificar el tipo penal descrito en las normas de la Constitución.
Los constituyentes han querido -según dijo Joaquín V. González- "que no esté jamás en el arbitrio del legislador ni de los jueces definir el delito de traición" ( Manual de la Constitución Argentina , 6ª edición, Buenos Aires, Angel Estrada y Cía., número 650).
Con acierto, Helio Zarini, en Análisis de la Constitución Nacional , página 413, explica que el artículo 119 "define en forma excluyente el delito de traición al emplear el vocablo "únicamente"". Limita, así, los términos de su propia definición y evita que por vía legal o de interpretación se extienda el sentido estricto de dicho delito y la sanción de especial gravedad que merece.
Este artículo 119 reconoce como fuente a la Constitución de Estados Unidos (artículo III, sección III, parágrafos 1 y 2) y recoge la expresión "únicamente", que implica una limitación constitucional de la definición de este delito. Esta limitación -así lo explica y fundamenta Sebastián Soler en Derecho penal argentino , tomo V, página 14- es una reacción contra los abusos cometidos y es una reacción de la filosofía de la ilustración. Es que "la confusión de la traición al país ( perduellio ) con la traición al príncipe ( crimen maiestatis ) dejó de ejercer en el siglo XVIII su influencia nefasta en lo que atañe al tipo de la traición y a la crueldad de su pena merced a la concepción liberal que del delito político tuvo el iluminismo. En ese siglo, que es el siglo de la codificación penal, los gobernados llegan a gozar de la garantía que significa la clara delimitación constitucional del delito de traición y de su pena" (Ricardo Núñez, Tratado de derecho penal ). El contenido del artículo 119 es una conquista, pues evita abusos de poder que se concretaron bajo la forma de delaciones, amenazas y persecuciones a opositores políticos. La historia vernácula de la traición también muestra señaladas notas de tragedia.
Queda en claro que no existe ningún hecho que pueda ser calificado como traición fuera de los tipificados como delitos por la normativa constitucional. Así, la no cooperación política no puede ser identificada como traición a la patria, ni un traidor a la patria equiparable a un adversario político.
Las invocaciones genéricas e imprecisas formuladas sin demasiada meditación tienden mantos de sospecha sobre muchos ciudadanos, implican una inaceptable e inconstitucional interpretación analógica o extensiva de la tipología penal, evidencian una gran dosis de intemperancia política y una forma indirecta -pero por ello no menos preocupante- de limitación de derechos. Y debemos recordar lo que durante años enseñó ese gran maestro del derecho que fue Sebastián Soler, cuando afirmaba: "Un orden democrático se preocupa mucho más por limitar el poder que por limitar la libertad".
