Trazabilidad en la industria pesquera: una oportunidad perdida
Por falta de quorum se frustró en Diputados la sanción de una ley clave para la transparencia de esa actividad
Para LA NACION
En la sesión de Diputados de ayer, y a pesar del apoyo de los bloques del oficialismo y la oposición para tratar la ley de trazabilidad de la pesca y la acuicultura, cuando llego el momento de la votación parte del oficialismo dejó sin quorum la sesión, impidiendo su sanción. Si este año no se sanciona, el dictamen pierde estado parlamentario, lo que implica que hay que empezar todo el proceso de nuevo, y echa por la borda años de trabajo y debate para el arribo de consensos.
Desde hace por lo menos tres años, el Congreso viene debatiendo una ley que regule la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura. Las principales fuerzas presentaron proyectos sobre el tema y actores de la pesca han sido convocados por los diputados para aportar sus visiones en el tratamiento de los proyectos. Este año se logró un dictamen con apoyo de todos los bloques en las Comisiones de Intereses Marítimos y de Presupuesto y Hacienda, por lo que desde julio está en condiciones para recibir la sanción de la Cámara de Diputados. Pero ayer este dictamen perdió la oportunidad de serlo.
La inclusión de este dictamen se inició con la solicitud del diputado Carlos Selva del Frente de Todos, quien presentó proyectos de ley sobre el tema, apoyado por el jefe de su bloque Germán Martínez (que solicitó que el tema se trate en profundidad, incluso en otra sesión), y por la diputada de Juntos por el Cambio, Mariana Zuvic, y del Interbloque Federal, Graciela Camaño. Al contar esta solicitud con el apoyo necesario de los diputados presentes, se permitió la inclusión de este dictamen en el temario de ayer, para su votación al final de la sesión. Sin embargo, a la hora de ejercerla los diputados del oficialismo, a pesar de que su bloque acompañó la incorporación mencionada, dejaron la sesión sin quorum, evitando así que se pudiera avanzar en su sanción.
Perder todo el trabajo conseguido hasta ahora implica un retroceso que no podemos pasar por alto. Argentina no cuenta con normas que establezcan los parámetros y los incentivos para que los consumidores sepamos qué sucede con los alimentos que provienen de nuestros mares y ríos, desde su origen hasta nuestros platos. La ausencia de esta ley no solo impide conocer cómo se produce lo que comemos, sino que aleja al país de los mercados internacionales que cada vez incrementan los requisitos ambientales sobre estos productos, considerando además que la Argentina exporta más del 90% de sus productos pesqueros.
En este contexto, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil reclamamos para que la Argentina cuente con una norma que permita la trazabilidad. Esto permitirá establecer los requisitos necesarios para recopilar, integrar y acceder a la información clave del recurso desde que sale del mar, identificando la embarcación hasta el consumidor final, pasando por su procesamiento y por los distintos eslabones de comercialización. Así, la trazabilidad es fundamental para contar con información necesaria para la mejor gestión de los recursos pesqueros, de la cadena de producción pesquera y, por lo tanto, para el posicionamiento de los productos en los mercados internacionales.
Una norma como esta permite, además, abordar varios de los problemas asociados a la insostenibilidad de la actividad pesquera. En especial, a la sobreexplotación de especies y el descarte de ejemplares sin valor comercial, lo que genera impactos negativos en las cadenas alimentarias, como también la captura incidental de especies como aves o grandes mamíferos. Al tener mejor información de lo que sucede al momento de la captura, se pueden diseñar mejores políticas e implementar buenas prácticas pesqueras en nuestro país para reducir estos problemas, mientras que el estado, los operadores de la cadena de producción y los consumidores pueden acceder a información pública y confiable, que permita tomar más y mejores decisiones ambientalmente responsables.
Especialista en Políticas Públicas y Gobernanza de Fundación Vida Silvestre Argentina
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