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Un acuerdo necesario para el equilibrio fiscal
El 2025 se presenta como el año en el que el objetivo prioritario debe ser consolidar la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Para lograrlo, es fundamental establecer un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias que elimine solapamientos de funciones e impuestos. Este paso resulta indispensable para revertir la caída de la inversión en infraestructura.
Entre 2023 y 2024, la economía experimentó una notable transformación fiscal. De un déficit financiero equivalente al 4,6% del PBI en 2023, se pasó a un superávit financiero del 0,3% en 2024, lo que representó una mejora total de casi 5 puntos porcentuales del PBI. Este ajuste se sustentó en una caída generalizada de todos los componentes del gasto primario, mientras que los ingresos públicos permanecieron constantes en un 16,8% del PBI. La reducción total del gasto, equivalente al 4,5% del PBI, fue facilitada en gran medida por la licuación de gastos en un entorno de alta inflación.
El verdadero desafío ahora es mantener este superávit en un contexto de baja inflación. En el caso de las jubilaciones, los aumentos vinculados a la movilidad basada en la inflación permiten cierto control sobre las erogaciones en el corto plazo, siempre y cuando no se renueven las moratorias vigentes, que expiran en marzo. Sin embargo, en áreas como las transferencias discrecionales a provincias y la inversión en infraestructura, es necesario implementar cambios estructurales. Según datos del Ministerio de Economía, entre 2023 y 2024, la reducción de las transferencias nacionales para gastos corrientes de las provincias explicó el 11% de la caída total del gasto primario. Asimismo, la disminución de las transferencias de capital a provincias representó otro 9%, mientras que la reducción en la inversión nacional en funciones interprovinciales contribuyó con un 17% del ajuste. En total, más de un tercio de la reducción del gasto primario se debió a la disminución de las transferencias no automáticas a provincias (corrientes y de capital) y a la inversión directa ejecutada por la Nación. Actualmente, la estrategia apunta a buscar mecanismos para que el sector privado asuma la responsabilidad del mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura.
La reducción de las transferencias a las provincias es una medida necesaria para eliminar solapamientos que generan ineficiencias. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que provincias y municipios aumenten impuestos. Es importante recordar que dos de los impuestos más distorsivos –Ingresos Brutos y tasas de industria y comercio–constituyen fuentes primarias de financiamiento propio para las jurisdicciones subnacionales. La combinación de una apreciación cambiaria con aumentos en estos impuestos, junto al deterioro de la infraestructura, erosiona gravemente la competitividad económica.
Un acuerdo de coordinación fiscal debería centrarse en dos ejes principales: 1) Ordenamiento funcional del sector público: es crucial especificar las funciones de cada nivel de gobierno, asignando al Estado nacional las responsabilidades interprovinciales y delegando a provincias y municipios las funciones locales. Esto permitirá evitar solapamientos que afectan la calidad de la gestión pública. 2) Ordenamiento tributario: Se deben eliminar las superposiciones impositivas y establecer con claridad qué tributo financia a cada nivel de gobierno. Este esquema debería reemplazar la coparticipación tradicional por un sistema basado en la correspondencia fiscal.
En síntesis, el ajuste fiscal reciente permitió superar la crítica situación heredada, pero es fundamental evitar que la reducción de las transferencias a las provincias derive en un aumento de impuestos que agrave la ya debilitada competitividad económica. Este contexto subraya la importancia de alcanzar un acuerdo de coordinación fiscal entre la Nación y las provincias como una condición clave para garantizar la sostenibilidad del equilibrio fiscal.ß
Profesor de la Universidad del CEMA
