Un blanqueo encubierto

En un nuevo intento de expoliación del patrimonio de los argentinos, el gobierno kirchnerista pretende ahora crear el llamado Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, con el irrisorio fin de recaudar dinero de los que “fugaron” para abonar la deuda ante el organismo internacional.

Como no saben qué es –o tal vez sí–, lo denominan con el eufemismo de un “fondo”, aunque en el texto del proyecto de ley se lo mencione como “aporte”, “pretensión fiscal” e, incluso, como “tributo”.

Sea como fuere, está claro que se trata de un blanqueo encubierto para fondos mal habidos o surgidos de hechos derivados de la corrupción. Como bien señaló mi colega Martín Lousteau, la ley puede denominarse “ley Daniel Muñoz”, en una suerte de “homenaje” al fallecido secretario privado del expresidente Néstor Kirchner, quien, como la Justicia constató, adquirió fastuosos bienes en el exterior –si es que hubieran sido de él– sin explicación alguna. Esta iniciativa del kirchnerismo esconde, sin dudas, un impuesto en toda su dimensión. Ello resulta evidente porque lo establece el Estado a través de la ley sobre la capacidad contributiva de los ciudadanos.

Por ese motivo, debió ingresar a través de la Cámara de Diputados para cumplir con lo establecido por la Constitución nacional bajo el principio de igualdad, legalidad, generalidad, capacidad contributiva, proporcionalidad, equidad y no confiscatoriedad. Sin embargo, se intenta evadir esta definición bajo una cantidad de ambigüedades, dobles sentidos y elucubraciones que la tornan aún más sospechosa, siempre bajo la premisa kirchnerista de establecer un relato.

Desde ya, nada dice el proyecto sobre quién buscará a los supuestos evasores, porque ya existe un organismo que supuestamente se ocupa de ello y, además, porque están vigentes los tratados internacionales de transferencia de información en materia fiscal.

Tampoco establece que al estar vigente un organismo recaudador, como también las leyes sobre su funcionamiento y seguimiento a los evasores, en este caso se les otorga a los contribuyentes que se “descubran” mayores ventajas que las que rigen. Por eso, se trata de un blanqueo que puede estar destinado a amigos, a familiares de algunos fallecidos y a empresarios vinculados al poder de turno.

Como si fuera poco, resulta asombrosa la creación en el proyecto de la figura del “delator”, cuando establece textualmente que “quien brinde información fehaciente sobre un evasor podría beneficiarse con hasta un 30% del monto que efectivamente recaude”.

La introducción de un delator es posiblemente el aspecto más llamativo y recalcitrante de esta propuesta. Cualquier persona podría, en teoría, recurrir a la Justicia para denunciar, aun sin pruebas, que un tercero posee un activo en el exterior. El peligro es que termine extorsionando al eventual evasor con denunciarlo si no le paga a él, ya que no se establece ninguna pena de prisión ni por divulgar ni por falsa denuncia.

En síntesis, resulta evidente que el oficialismo procura un nuevo blanqueo. Lo oscuro sigue siendo el objetivo: la búsqueda de la impunidad, la domesticación de la Justicia, la revancha y el odio.

El próximo gobierno –que no dudo será responsabilidad de la actual oposición– deberá ocuparse de la verdadera agenda de la gente y del país, a través de un estricto cumplimiento de los compromisos, bajar impuestos –y no seguir creándolos–, generar confianza y seguridad jurídica para propiciar inversiones y generación de empleo, bajar la pobreza y la inflación. Todo lo contrario de la agenda que tiene la actual administración.

Senador de la Nación; exgobernador de la provincia de Salta (1995-2007)