Un cambio de época oficializado por la Corte

Sebastián Más no fue advertido como el síntoma que pudo anticipar el cese de Ana María Figueroa en la Cámara Federal de Casación dispuesto anteayer por la Corte. Sin embargo, la renuncia del titular de la Oficina de Enlace en el Consejo de la Magistratura parece confirmar la intención de regenerar el Poder Judicial que impulsa su máxima autoridad sin esperar por el resultado de las elecciones. Aunque probablemente con una sensibilidad mayor al pleno de los candidatos para percibir el mandato de las PASO: la necesidad de cambios profundos implícitos en los reclamos por la inseguridad y la inflación.

Más controlaba la oficina de Enlace desde su creación en 2009. De ella depende el parque automotor, la custodia y la vigilancia en el Consejo de la Magistratura. Gracias a ese cargo consolidó una posición de poder que facilitó el ingreso de sus cuatro hijos a ese organismo. La Justicia Federal de Morón detuvo y procesó a dos de ellos por el secuestro extorsivo de un narco en La Matanza. Está probado que para eso utilizaron un vehículo oficial del Consejo de la Magistratura. El cuerpo que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, preside desde 2022.

La renuncia de Más tuvo lugar dos días antes que la Corte disponga por unanimidad el cese de Figueroa. Pero tiene como antecedente el pedido efectuado por Ariel Lijo al Consejo de la Magistratura interesándose por el destino de Más, apartado de su cargo cuando sus hijos fueron detenidos. El magistrado investiga a Más en la causa 4216, de 2017, radicada en el juzgado federal N°12. Lijo lo subroga desde que quedó vacante en 2018 por la renuncia de Sergio Torres para asumir como vocal en la Corte bonaerense.

Torres se alejó del cargo sin que la causa 4216 produzca grandes novedades. El pedido de Lijo es una de las pocas en los últimos cinco años. A Más se lo investiga por supuestas irregularidades con la custodia a los edificios del Consejo de la Magistratura. Una tarea asignada a la policía federal pero que habría sido la cubierta de supuestos agentes de inteligencia para hacer espionaje. Esa sospecha fue materializada en la denuncia que Agustín Cinto efectuó en 2017.

Cinto dejó de ser el administrador general del Consejo de la Magistratura a poco de presentarla en el juzgado federal N°12. La Corte desmintió en forma categórica que Más haya prestado allí servicios como chofer antes de ingresar al Consejo de la Magistratura, como insisten en sostener dos fuentes vinculadas a la causa 4216. Sectores de la Justicia Federal bonaerense le atribuyen a Torres supuestos vínculos con el espionaje.

Torres asumió el juzgado federal N° 12 en medio de la controversia por el aplazo de menos de tres puntos sobre diez posibles que obtuvo en el examen para cubrir el cargo. Una calificación que luego fue corregida y aumentada a seis para que sea aprobado. Torres es el titular de la Corte bonaerense. y hasta el 31 de mayo presidió el Consejo de la Magistratura.

Bajo su gestión, ese cuerpo aprobó el 22 de marzo el convenio de cooperación con la Universidad Nacional del Oeste (UNO) que el 17 de mayo creó la Diplomatura Internacional en Derecho Constitucional y Magistratura” con una duración de tres meses y un arancel accesible: una matrícula de diez mil pesos y tres cuotas de igual valor.

La aprobación de esta diplomatura exime a los aspirantes a integrar el Poder Judicial del curso previo de dos años en la escuela judicial del Consejo de la Magistratura. Un requisito ineludible para postularse a menos que se acredite títulos de posgrado y doctorados. La diplomatura de la UNO se suma a esas excepciones con un atractivo singular: la de convertirse en un atajo. El convenio de cooperación fue impulsado por el senador Gustavo Soos en su doble condición de vicerrector de la UNO y vocal de Unión por la Patria en el Consejo de la Magistratura.

Un día antes que Torres deje de presidirlo se realizó el concurso para cubrir la vacante de fiscal general en el departamento judicial de Lomas de Zamora. De los 17 inscriptos, 12 aprobaron el examen, y tres sobresalieron por el puntaje. Jonatan Lay (9,5), Sebastián Bisquert (9) y Carlos Bachini (8). Ley es fiscal suplente en Moreno y aparente buen amigo de los intendentes del PJ en la zona Noroeste del Conurbano. Bisquert es fiscal en Lomas de Zamora y compite con Bachini por una de las tres vacantes en la Cámara de Garantías de Lanús/Avellaneda.

Bachini es fiscal general interino en Lomas de Zamora. Cultiva la amistad de los intendentes en la zona Sur pero el de Merlo, Gustavo Menéndez, es su nexo con ellos. Aunque ganó el concurso para ser fiscal general en ese Departamento Judicial, permanecería en Lomas de Zamora si Lay y Bisquert no resultan elegidos o tuvieran otro destino. El Consejo de la Magistratura resolverá el 19 la terna de aspirantes y no el 12 como querría Bachini para saciar su ansiedad: saber si Lay es el cisne negro que se interpone con su deseo.

El que cobijaría Torres para cubrir una vacante en la Corte Suprema parece más complicado de realizarse. Habría aceptado ocupar otra en la Corte bonaerense con la promesa de ser solo un paso previo a ese de quienes más habrían insistido en que lo haga: Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari. Según versiones maliciosas, los entonces ministros de Seguridad y de Justicia de María Eugenia Vidal obraron en nombre de Horacio Rodríguez Larreta. En apariencias, ya convencido de ser el próximo presidente y de proponer a Torres para la Corte.

Probablemente ninguno de ellos haya podido prever este futuro en el que Milei se propone ganar en primera vuelta para evitar el desgaste político al que lo sometería una campaña prolongada. Junto a Néstor Grindetti, Maxi Abad y Sebastián De Luca, Ritondo forma la mesa política que diseña la estrategia para que Patricia Bullrich ingrese al ballottage.

Ferrari le disputa a Daniel Angelici la supuesta incidencia intelectual en el fallo con el que el juez Marcelo Martínez de Giorgi declaró nula la causa por supuesto espionaje a dirigentes y periodistas que Mauricio Macri habría ordenado en su presidencia. Bullrich precisaría cinco puntos más que los obtenidos en las PASO para volver a competir tras la primera vuelta. Contribuirá a esa meta el desgranamiento del voto a Massa que registra su mesa política. Pero depende también del desempeño de Grindetti en la provincia. Allí el escenario del 13 de agosto no habría variado demasiado. Excepto por un dato: medida la intención de voto por coalición y no por candidato, Unión por la Patria aventajaría a Juntos por solo un punto. Otra novedad sobrecogedora para el acercamiento de Torres al oficialismo para conseguir su objetivo final, objetado por la restitución de Onildo Stemphelet al cargo de juez de Ejecución Penal N° 2 en Bahía Blanca.

Torres presidió el jury al que pidió la destitución del magistrado que allanó ilegalmente el prostíbulo donde recibió atención sexual. Pero cuatro de los once miembros votaron en contra de su decisión. La ausencia de otros tres dejó a Torres sin mayoría para avanzar sobre Stemphelet.

El Ministerio Público Fiscal podría apelar el veredicto del jury en la Corte. Equivaldría a pedirle a Torres que él mismo acepte la necesidad de revisar, y corregir, la impericia que se le atribuye. El fallo unánime de la Corte Suprema contra Figueroa pone fin a la especulación de la influencia de Massa sobre Ricardo Lorenzetti para velar en la Justicia por Cristina y las causas que más la inquietan: Hotesur y Memorándum con Irán. La Justicia oficializó un cambio de época sin aguardar por la política.