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Un costoso engranaje al servicio del fracaso
Hay interlocutores que han empezado a dudar no ya de los juramentos de acceso al mercado único de cambios, sino de la coordinación entre los funcionarios del Palacio de Hacienda: cuando parece que la operación se aprobó, consultan las pantallas y advierten que los dólares siguen sin entrar
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LA NACIONFrancisco Olivera
Ni siquiera Carlos Demián Mundín, dueño de BTU, la constructora que hará el último tramo del gasoducto Néstor Kirchner y promete inaugurar, como pide Massa, la obra el próximo 20 de junio, está seguro de tener los dólares para trabajar. O eso es, por lo menos, lo que Mundín les dice a sus pares en privado. Seguramente eso y algo de interés genuino lo habrán convencido anteayer de estar en el hotel Alvear, en el almuerzo que tuvo al ministro de Economía como orador. No fue el único. “Fui especialmente a verlo, porque no nos liberan ninguna importación”, coincidió otro industrial ante La Nación. “Estamos todos en la misma”, agregaron en una textil.
Parecen solo lobistas, no empresarios. Massa los atiende bien. Es lo que rescatan todos. Pero ni las sonrisas ni las promesas generan divisas. Y hay interlocutores que han empezado a dudar no ya de los juramentos de acceso al mercado único de cambios, sino de la coordinación entre los funcionarios del Palacio de Hacienda: cuando parece que la operación se aprobó, consultan las pantallas y advierten que los dólares siguen sin entrar. Este ejercicio constante les insume tiempo, recursos y energía. No solo cuando, como anteayer, la situación requiere interrumpir al ministro en una sobremesa, sino de manera continua. Hay empresas que han designado ejecutivos que tienen casi el 80% de su actividad ocupada en recorrer despachos para gestionar las autorizaciones. Y no siempre da resultado. “Dos gerentes míos fueron tres veces esta semana a la Secretaría de Comercio y les cancelaron las reuniones”, graficó un fabricante.
El problema de los funcionarios del Palacio de Hacienda es que no tienen por ahora respuestas para dar. Y eso pone a todos tensos. Al ministro, por lo pronto, a quien se lo vio esta semana más preocupado que otras veces, y hasta molesto con canales de televisión que, dijo, parece que estuvieran haciendo todo lo posible para provocar otra corrida cambiaria. Son arranques de mal humor que lo sorprenden en general por la noche, cuando, como explicó en el Alvear, se dedica a “recorrer opiniones” al cabo de un día de trabajo.
La urgencia de Massa es acumular reservas en el Banco Central. Lleva perdidos 1000 millones en un mes. Sin dólares no hay programa: lo sabe perfectamente y esa es acaso la razón por la que viene anticipando en público el acuerdo con el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos para penalizar cuentas de argentinos no declaradas. Si, como trascendió, ese convenio acaba siendo la antesala de un blanqueo, tal vez unos cuantos hombres de negocios se convenzan de una vez de traer capitales. La dificultad sería en ese caso más local: esas leyes requieren de la aprobación del Congreso y deberá convencer a la oposición.
La falta de dólares y la inflación han empezado a resentir la actividad. En septiembre, según acaba de informar el Indec, el producto cayó 0,3% en relación con agosto. Se advierte en diversos rubros, entre ellos, la industria automotriz. Como faltan bienes, las terminales han dejado últimamente de acopiar y empiezan a adelantar vacaciones. Algunos fabricantes de maquinaria agrícola que les compraban a sus proveedores insumos para un año de producción achicaron ahora esos requerimientos al stock de un mes.
Pero Massa necesita creer. Y, al igual que varios de sus colaboradores, traza un sendero virtuoso al cabo del cual la inflación empezaría a ceder, probablemente en marzo o abril, hasta alrededor del 3% mensual. En las empresas lo ven ilusorio; como aquel pronóstico del segundo semestre de Macri. Y ese descrédito no se circunscribe solo al ministro, al Frente de Todos y al próximo trimestre: lo ven más bien como la dificultad endémica y estructural de un país en el que ningún sector de la política parece dispuesto a resignar gasto público. Una promesa de endeudamiento y emisión permanentes. Lo explicó Rubinstein hace una semana.
Tampoco parece haber en este peronismo una coincidencia generalizada sobre las causas de la inflación. Consultado sobre cuánto pediría de aumento, Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, salió el martes de la reunión del Consejo del Salario con un argumento más gubernamental o patronal que sindical: “No vamos a buscar valores nominales inflacionarios”, dijo. Que quien debe exigir la suba en la paritaria crea que el salario es inflacionario y, más relevante, lo proponga como ancla representa toda una novedad. Falta que Daer pida un ajuste.
Como no le encuentra la vuelta a los precios, el Gobierno vuelve a enredarse en cuestiones retóricas. Puestas en escena con nulos antecedentes de éxito. Ayer, después de varias semanas de ir y venir, los supermercados firmaron el acuerdo de Precios Justos. Pero a los fabricantes todavía les cuesta entrar. “Si puedo, voy a hacerle ole a eso”, admitieron en una pyme donde sí piden, en cambio, “que no se abusen” quienes les venden insumos. El congelamiento en el ojo ajeno.
El plan debería empezar la semana próxima, pero tiene flancos sin resolver. Ejecutivos que visitaron a Iván Bouzada, asesor de la Secretaría de Comercio, se sorprendieron al ver las paredes del despacho prácticamente empapeladas de planillas con precios y costos. Un embrollo de datos al que le falta todavía la otra parte: la buena voluntad empresarial.
Hay aun imágenes menos convincentes. Una de ellas fue fotografiada y difundida el martes por el Palacio de Hacienda. Muestra a más de 33 personas que, sentadas en derredor de una gran mesa ovalada y encabezadas por el secretario Matías Tombolini, se proponen reflotar una idea que Kicillof aplicó en 2014 y que ahora tiene nombre más extenso: la creación de un Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Entre otros, además de Rubinstein, acompañan a Tombolini Rodolfo Yánez, coordinador del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete; Gastón Jaques, secretario de Planificación del Ministerio de Transporte; Gustavo Iglesias, subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología; Gustavo Villa Uría, subsecretario de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, y Julia Gordillo, asesora en el Ministerio del Interior. Es probable que el número de integrantes haya acrecentado las disidencias. Porque hubo quienes, por ejemplo, plantearon ahí que el observatorio no tenía ninguna atribución que fuera distinta de las de Defensa de la Competencia o los tribunales arbitrales.
¿Creen realmente el Gobierno y los empresarios en este tipo de iniciativas? La experiencia indica que, en general, estos encuentros rebosan de escépticos solo dispuestos a mostrar que algo se está haciendo al respecto. Esta lógica extraña, inimaginable en el sector privado, se parece bastante a la que impulsa últimamente la autonomía de Alberto Fernández. “Tengo la lapicera del PJ”, volvió a decir el Presidente al cabo de su viaje, dispuesto a insistir con el armado de espacios propios en las listas del año próximo. Es el modo en que ha elegido despedirse de la gestión. Acaso el único desafío que ve a su alcance.
Tipo de trabajo:
opinión
