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Un fallo histórico para avanzar con la autonomía judicial de la ciudad
El reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la causa “Ferrari, María Alicia c/ Levinas, Gabriel Isaías s/ incidente de incompetencia” representa un hito en la lucha por el pleno ejercicio de la autonomía jurisdiccional de la ciudad. Este fallo, que reafirma la competencia del tribunal local sobre casos que antes recaían en la Justicia Nacional, expone una cuestión de fondo: la omisión histórica del Estado Nacional en transferir a CABA las competencias judiciales que le corresponden.
Desde la reforma constitucional de 1994, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es un principio reconocido, pero nunca plenamente implementado en el ámbito judicial. Actualmente, la Justicia nacional ordinaria, con sede en la ciudad, continúa operando bajo la órbita del Estado Nacional, lo que perpetúa una anomalía institucional que afecta la administración de justicia y la soberanía política de CABA.
La falta de impulso y consenso del Estado Nacional para avanzar con las transferencias de la justicia ordinaria a la ciudad fue calificado por el máximo tribunal como una situación de “inmovilismo”, violatorio de la Constitución Nacional.
El fallo Ferrari no solo reafirma la competencia de los tribunales locales, sino que también abre la puerta para que el gobierno porteño pueda asumir un rol aún más activo y firme en procura de exigir lo que le corresponde.
La Corte vuelve a “...exhortar a las autoridades competentes para que readecuen las estructura institucional y normativa necesaria” para cumplir con los términos del fallo.
En ese sentido, una primer medida concreta que podría surgir es la de exhortar al Consejo de la Magistratura de la Nación para que se abstenga de continuar con los concursos para cubrir vacantes en la Justicia nacional ordinaria con sede en la ciudad, instando a que dicha competencia a su vez le sea legalmente transferida al Consejo de la Magistratura local, quien debería asumir la responsabilidad de organizar dichos concursos, promoviendo una verdadera transferencia de competencias, y designado a jueces elegidos por medio de las instituciones locales.
Asimismo, el gobierno de la ciudad podría avanzar en acciones legales para acelerar el traspaso efectivo de la Justicia nacional ordinaria a la órbita porteña. Esto incluiría acuerdos con el Poder Ejecutivo Nacional, la presentación de demandas específicas y, si es necesario, recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la llamada Ley Cafiero que pone límites a la jurisdicción de la ciudad. En el plano político, se requiere una estrategia que articule el apoyo de legisladores nacionales y locales, así como de la sociedad civil, para consolidar la autonomía judicial de CABA.
El reconocimiento pleno de estas competencias no solo fortalecería el federalismo argentino, sino que también permitiría una gestión más eficiente y cercana de los conflictos judiciales que afectan a los vecinos de la ciudad. La falta de transferencia de la Justicia nacional ordinaria es una deuda pendiente que limita la capacidad de CABA para ejercer plenamente sus derechos y responsabilidades. Como hemos sostenido, la crisis que genera esta situación de inmovilismo, o de omisión inconstitucional, representa una emergencia autonómica que afecta a los ciudadanos y a la soberanía de la ciudad.
En definitiva, el fallo Ferrari puede ser el punto de partida para que el gobierno de la ciudad lleve adelante medidas que aseguren la transferencia total de las competencias judiciales, siguiendo así el camino ya demarcado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para arribar a la plena autonomía. Este proceso no solo implica acciones jurídicas, sino también un compromiso político decidido que permita superar décadas de inmovilismo.
Director del Instituto de Acceso a la Justicia
