1
Un falso dilema: prevención v. represión
La incompetencia del Estado ha llegado a tal punto que hoy existen en la Argentina áreas urbanas en donde los organismos de seguridad directamente no intervienen, y dejan a los ciudadanos en manos de bandas delictivas
1 minuto de lectura'
Mientras los promotores del garantismo y la mano dura siguen discutiendo, durante la última década los niveles de delito y violencia han aumentado dramáticamente en la Argentina tornando a la inseguridad en una de las principales preocupaciones de los habitantes.
Frente a los legítimos reclamos de la población, el Estado se ha mostrado incapaz de brindar soluciones de eficacia en esta área.
Por el contrario, las soluciones de emergencia formuladas en los diferentes niveles de responsabilidad gubernamental -nacional, provincial y local- no han hecho más que exacerbar la crisis.
Diversos funcionarios se escudan en cifras aisladas sin poder ocultar que la tasa de homicidios intencionales se duplicó en los últimos ocho años y la tasa de delincuencia se triplicó en el mismo período en todas las grandes ciudades.
El espectáculo de cortes sistemáticos de accesos y vías de tránsito, toma de plantas de suministro, vandalización de la propiedad privada y desbordes violentos son vividos con estupor y, ante la falta de respuestas del Estado, el ciudadano absorto procura entender los límites entre la libre manifestación y la anarquía.
La capacidad disuasiva del sistema penal es hoy prácticamente nula ya que de cada 1000 delitos que se cometen, sólo se cumple prisión efectiva en seis casos. A pesar de la crisis económica, la problemática no se centra en una cuestión de ausencia de recursos, sino de mala utilización de los existentes.
La Argentina duplicó en la última década su presupuesto de Justicia y sancionó la mitad de las sentencias que una década atrás (gasta el 1 por ciento del PBI contra el 0,25 por ciento de los Estados Unidos, Chile y Uruguay o el 0,3 por ciento de España o Brasil). En el ámbito nacional, se gastan más de 8500 millones de pesos en organismos de seguridad y cada convicto cuesta aproximadamente unos $ 3000 al mes.
A pesar de toda esta inversión, el sistema está en amplio deterioro e inmerso en una espiral delictiva creciente y acelerada. La incompetencia del Estado ha llegado a tal punto que hoy existen en la Argentina áreas urbanas donde los organismos de seguridad directamente no intervienen, dejando a los ciudadanos en manos de bandas delictivas.
La gran deficiencia institucional frente al problema de la criminalidad se ve incrementada por un "falso" dilema instalado en la clase política e intelectual Argentina sobre la seguridad ciudadana, persiguiendo fines totalmente alejados de las necesidades reales de la población, es decir, a la inseguridad y el temor al delito que día tras día nos apremia. Nos referimos al debate entre garantismo y mano dura. Unos plantean que la pura represión, muchas veces alejada de la legalidad, resuelve este dilema. Otros creen que todo el problema de la delincuencia es de origen económico-social y descreen de la capacidad disuasiva y preventiva de las instituciones de seguridad, por lo tanto actúan en detrimento de estas últimas.
La disyuntiva que se plantea desde los discursos políticos opaca la necesidad de enfrentar el problema delictivo desde diversas perspectivas e impide avanzar en el diseño de una política de Estado en materia de seguridad basada en un enfoque sistémico que la aborde de manera coherente e integral. Una política de doble orientación que adopte simultáneamente medidas pro activas, que permitan actuar sobre quienes diariamente infringen la ley con una violencia y alevosía sin precedente, y preventivas, atacando los dilemas de raíz que nutren la delincuencia, para lograr soluciones sostenibles en el largo plazo.
La experiencia internacional en materia de seguridad demuestra que la prevención y la represión pueden y deben convivir. Lo aplicaron en sus programas desde el socialismo de Mitterrand en Francia con el plan Bonne Maison hasta las distintas experiencias anglosajonas de "policía orientada a resolver problemas", "policía comunitaria" o "tolerancia cero" que, con distintos matices, adoptan una actitud pro activa y focalizada donde las instituciones cumplen roles clave y efectivos contra la delincuencia.
Un nuevo plan de seguridad
Es evidente la urgencia de implementar cambios ya que la situación parece desbordarse y el ciudadano se siente totalmente indefenso. El 85 por ciento de la población de la ciudad de Buenos Aires considera muy/bastante probable ser víctima de un delito en el año (Gallup). La prevención y la represión deben ser entendidas como etapas escalonadas de un mismo proceso cuyo fin es procurar el bienestar general y garantizar la calidad de vida de la población. Esta es la orientación que han adoptado todos los países democráticos del mundo. En la práctica eso implica que el Estado debe reprimir cuando se ha quebrantado el orden jurídico, pero a la vez debe elaborar planes de prevención de la delincuencia sin los cuales el sistema represivo se vería desbordado.
Es imperioso mejorar los mecanismos de control y contención de la delincuencia para restablecer la legitimidad de las instituciones involucradas y, a su vez, para incrementar la sensación de seguridad y disminuir la percepción generalizada de impunidad. Las experiencias exitosas en el mundo parten por establecer programas pro activos que concentran el accionar policial en los delitos con mayor incidencia en los índices de delincuencia y en los grupos y zonas de riesgo.
Un claro ejemplo son las experiencias internacionales contra la violencia en espectáculos deportivos, donde se componen cuerpos especiales de policías y fiscales para investigar, apresar o inhabilitar a los cien delincuentes promedio que generan los desmanes, en vez de amplios operativos que intentan reaccionar cuando la violencia se ha desatado. Como ésta, se trata de medidas pro activas o políticas de shock que intentan revertir la imagen y la tendencia generalizada de aumento del delito produciendo resultados en el corto y mediano plazo. Un mensaje que se envía a la sociedad para que comprenda que las reglas de juego están cambiando, y a los delincuentes y violentos para que entiendan que el costo relacionado con su acción delictiva aumentó.
Si bien las estrategias pro activas para reducir el índice delictivo son necesarias, no son por sí mismas suficientes. Junto con la atención de las necesidades de mayor urgencia, se debe apuntar a lograr soluciones sustentables en el largo plazo que modifiquen los problemas estructurales asociados con la delincuencia. Esto se logra mediante el diseño de programas preventivos que apunten a la remoción o disminución del impacto de los factores económicos, culturales y sociales que dan origen al fenómeno delictivo. Generalmente, los programas se dividen en dos grandes corrientes, dependiendo si el eje es el individuo -prevención social- o el medio en donde éste habita -prevención situacional.
La prevención social apunta a modificar aquellos factores estructurales asociados con la violencia. Entre diversos programas se encuentran: los educativos que apuntan a disminuir la deserción escolar o que promueven la resolución pacífica de conflictos; los de prevención de violencia doméstica, contra la mujer y la niñez; los que apuntan al control de la venta de alcohol, tráfico de drogas y tenencia de armas; los destinados a combatir la pobreza y la desigualdad mediante la generación de empleo para los grupos jóvenes en riesgo, y los que apuntan a recuperar la cultura de la legalidad en la población.
Por su parte, la prevención situacional apunta por una lado a dificultar la realización del delito mediante el aumento de los costos de delinquir y, por el otro, a recuperar los espacios públicos abandonados por el temor y la inseguridad. Consiste en analizar y modificar aquellas situaciones y circunstancias en las que típicamente se cometen delitos.
Algunas de las medidas preventivas consisten por ejemplo en: iluminación de las calles o plazas; el refuerzo del acceso a domicilios particulares; separación de infractores y víctimas potenciales mediante la modificación de trayectos y paradas de transporte, salidas de colegios, requisa de armas ilegales, etc. Estos programas junto con reformas institucionales que mejoran su funcionamiento operacional, y la aplicación de tecnología y tácticas que permiten analizar resultados y establecer premios y castigos, implican cambios en el marco de incentivos y acercan las instituciones a la comunidad, resultando en su conjunto una política de Estado en materia de seguridad.
En un sistema democrático, las exigencias de libertad y la seguridad son aspiraciones compatibles y deben ir de la mano. La exaltación de una no implica necesariamente el desconocimiento de la otra. Por el contrario, si alguna se deteriora, la otra también sufrirá menoscabo y a la larga perderán las dos. La realidad impone al Estado la necesidad de que supere este debate paralizante y tome las medidas necesarias para tutelar con eficacia los intereses sociales y la paz pública. En la acción de Estado, y no en la inacción, se irá resolviendo con el tiempo y la práctica sistemática y eficaz la antinomia presentada entre la libertad y la seguridad de los ciudadanos.
Como decía Albert Einstein: "No podremos resolver los problemas que nos aquejan con la misma mentalidad, personas y mecanismos que los generaron".
Comencemos a dar soluciones al problema de la inseguridad dentro del marco y la cultura democráticos, antes que la ciudadanía se vea tentada por el canto autoritario.
