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Un golpe de Estado sin militares
Acorralados por crecientes presiones, los senadores cuestionados por el escándalo de los "sobres" pasaron al contraataque, agrupándose en torno de Augusto Alasino para afirmar que nos hallaríamos frente a una conspiración contra el propio presidente de la Nación. Porque si hubo sobornados, hubo sobornadores. Los que hicieron estallar el escándalo sabían que, tarde o temprano, a la pregunta sobre quiénes fueron los senadores sobornados seguiría la pregunta sobre la identidad de los funcionarios del Presidente que los habían sobornado. Un presidente que llegó al poder envuelto en la bandera de la transparencia.
De ahí a señalar al vicepresidente Alvarez, que empujó desde el inicio la investigación sobre los sobornos, como el cerebro de una conspiración contra aquél a quien debería suceder en caso de alejamiento, no había más que un paso. Los contraatacantes lo dieron al denunciar la existencia de una campaña política y mediática para desestabilizar al Presidente y, con él, a las instituciones de la democracia. La renuncia de algunos senadores a sus bancas y de otros a sus fueros vino a agravar este clima de crisis institucional.
Después de la breve declaración del miércoles por la noche, cuando De la Rúa dijo que el peso de la ley caería sin contemplaciones sobre cualquiera de sus colaboradores que hubiera cometido el delito de sobornar, los "contraatacantes" interpretaron que la ofensiva del vicepresidente ya estaba llegando a las estribaciones del poder presidencial.
La tesis de Alasino y sus aliados abre de este modo dos temas urticantes. El primero, si es posible concebir un golpe de Estado sin la participación "tradicional" de los militares. El segundo, hasta dónde corren riesgo las instituciones democráticas a partir del escándalo de los sobornos.
Sin general en el "banco"
Imaginemos cómo hubiera culminado el escándalo que estamos viviendo antes de 1983. Ya algunos estarían hablando del general X. Es que, entre 1930 y 1983, la Argentina no tuvo un régimen político bipartidario sino bi-institucional . Cada vez que el gobierno constitucional se desgastaba, ya fuera el presidente Yrigoyen, Castillo, Perón, Frondizi, Illia o Isabel Perón, quien se aprestaba a reemplazarlo no era el jefe del partido opositor mediante elecciones sino algún general, ya fuera Uriburu, Ramírez, Lonardi, Poggi, Onganía o Videla, mediante un golpe de Estado.
Acostumbrados como estaban a la ambivalencia institucional de este sistema, era natural entonces que, cuando arreciaba alguna crisis en el gobierno constitucional, los argentinos miraran al "banco" de suplentes al costado de la cancha política, para seguir de cerca el precalentamiento de algún general.
Pero he aquí que en la Argentina de hoy, aunque arrecien las tensiones dentro de la cancha, ningún general acecha desde el "banco". ¿Es posible imaginar pese a ello un golpe de Estado? ¿Puede haberlo si falta un general?
Los golpes posibles
¿Es posible un golpe de Estado sin militares, dentro de las instituciones democráticas, como sugieren Alasino y sus aliados?
A esta pregunta hay que contestar que sí, que no sólo es posible sino que ha ocurrido recientemente en más de un país latinoamericano. Gustavo Noboa ocupa la presidencia del Ecuador porque era el reemplazante legal del presidente Jamil Mahuad, quien fue derrocado por una insurrección indígena en enero de este año. El actual presidente del Paraguay, Luis González Macchi, llegó a la primera magistratura después que otra conmoción política derrocó a su antecesor el presidente Cubas Grau en marzo de 1999. Ejemplos de golpes de Estado que no desembocan en régimenes militares sino en el ascenso de los sucesores legales del presidente caído no faltan, por cierto, en torno nuestro.
¿Pero es posible deducir de ahí que el vicepresidente Alvarez conspira para convertirse en un Noboa o un González Macchi argentino, como lo sugieren sus adversarios en el Senado? Si bien el vicepresidente pudo prever que al levantar la bandera de la regeneración moral de la política a propósito del escándalo de los "sobres" ampliaría las bases populares del Frepaso este cálculo político, de haber existido, dista de configurar el antifaz del conspirador.
Si excluimos la hipótesis del "Alvarez golpista", ¿queda acaso eliminada posibilidad de que la Argentina democrática llegue al borde de un golpe de Estado no militar"? Los antecedentes de Perú y Venezuela impiden desecharla.
La democracia funciona normalmente cuando, ante el desgaste del partido en el gobierno, el pueblo acude a la reserva de la oposición convirtiéndola, mediante elecciones, en el nuevo gobierno.
El problema se plantea cuando ambos partidos, el oficialista y el opositor, se desgastan simultáneamente . Fue lo que pasó en el Perú en 1990 y en Venezuela en 1998. En tal caso, si no hay militares a la vista, la gente acude a líderes externos al sistema de partidos, en los cuales deposita la confianza que ya no le brindan los políticos tradicionales. Pero la vocación democrática de esos nuevos personajes, ya se llamen Fujimori o Chávez, es dudosa. Al desprestigio simultáneo de los partidos tradicionales del régimen democrático lo sucede, muchas veces, la exaltación de un demagogo autoritario.
¿Qué sucedería entonces si, por falta de una investigación severa y contundente de los sobornos, queda en el ánimo de la gente que peronistas y radicales "son iguales" en materia de corrupción? Que se enervaría el mecanismo normal de las rotaciones democráticas. En 1999, De la Rúa ganó por enarbolar la bandera de la regeneración moral de la política después de diez años de menemismo. Lo que debe evitarse ahora es que la sospechada relación entre sobornados senatoriales y sobornadores gubernamentales tiña de negro a los dos partidos democráticos por igual.
Por eso Duhalde y Cafiero quieren despegarse de los senadores que vienen del menemismo: para salvar la imagen peronista. Por eso Alvarez procura resguardar la bandera moralizadora de la Alianza. En la medida en que De la Rúa se asocie enérgicamente a la campaña de su vicepresidente, como comenzó a hacerlo con su declaración del miércoles último, alejaría de nosotros el riesgo peruano-venezolano.
Debe reconocerse entonces que figuras como Cafiero y Alvarez, al empujar la investigación de los sobornos, lejos de atentar contra las instituciones democráticas podrían salvarlas del peligro de que, ante la desilusión del pueblo, surja un demagogo sediento de poder.
Revistiéndose con la armadura de la defensa de la democracia, Alasino y sus aliados han pretendido atribuir a sus adversarios una intención golpista. Pero el golpe a la peruana o a la venezolana podría llegar finalmente a la Argentina por el camino opuesto: el desprestigio que la corrupción acarrea a los partidos tradicionales. Gracias al celo demostrado por todos aquellos que, desde la política y desde los medios periodísticos, se están animando a promover lo que podría convertirse en una mani pulite a la argentina, el juez Liporaci tiene ahora la dorada oportunidad de restablecer la alicaída confianza de los argentinos en la justicia. ¿Quiénes son entonces los verdaderos golpistas?
