Un gran salto cualitativo

Aun cuando el gobierno de Mauricio Macri le adeude a la ciudadanía un adecuado y preciso diagnóstico sobre la situación socioeconómica del país que recibió de la anterior administración gubernamental, al igual que de la estructura de un Estado, cuyos recursos han sido despilfarrados por el kirchnerismo mayormente en beneficio de su militancia, puede concluirse que, al cabo de las tres primeras semanas de gestión de las nuevas autoridades, el cambio es notorio.

Tanto la conformación de un gabinete en el que predominan funcionarios con reconocida solvencia técnica y experiencia, como el renovado clima que se respira con un jefe del Estado que no reniega de las conferencias de prensa ni parece interesado en esconder información, marcan una clara diferencia con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en el que reinaban el oscurantismo y el secretismo, en el que no había reuniones de gabinete, en el que los ministros tenían pánico de hablar con el periodismo y en el que se tergiversaban las estadísticas públicas.

Todo el gabinete de Macri está integrado por hombres con capacidades muy superiores a las de quienes integraron la primera línea de colaboradores de Cristina Kirchner en los últimos años. La diferencia se aprecia en todas las áreas de gestión y, con especial claridad a partir de las urgencias que debió encarar, en el nuevo equipo económico, que goza de particular confianza en los mercados financieros. También en otros ámbitos, como por ejemplo la Cancillería, donde la designación de Susana Malcorra como ministra ofrece una comprensión de los problemas del mundo muy distinta de la sectaria visión que en la última década nos condujo al aislacionismo y a objetables alianzas con regímenes autoritarios.

No hay, sin duda, forma de corregir el rumbo sin funcionarios que se caractericen por su honestidad y su solvencia profesional. Pero será vital entender que lo que no se lleve a cabo en los primeros meses, será más difícil de encarar más adelante. La mayor confianza que se advierte en la población y en los agentes económicos no podrá ser en modo alguno un sustituto de las reformas económicas que necesariamente habrá que instrumentar para ingresar en el camino del crecimiento sustentable ni de las reformas institucionales que deberán encararse para ofrecer un marco de transparencia republicana, seguridad jurídica y respeto por el derecho de propiedad que los argentinos extrañamos durante demasiado tiempo.

Hoy el Estado se encuentra en default y sin acceso al crédito en condiciones razonables. El déficit fiscal ha trepado a un nivel récord, cercano al 8 por ciento del PBI, pese a que la presión tributaria ha castigado como nunca a los contribuyentes, al extremo de resultar asfixiante para vastos sectores de la economía y hasta para los asalariados de clase media. La falta de financiamiento crediticio alimentó la emisión monetaria, que generó una elevadísima inflación, así como transferencias del Banco Central y la Anses al Tesoro, que derivaron en una fuerte pérdida de reservas internacionales y en el potencial desfinanciamiento de la seguridad social. A todo esto, hay que sumar la bajísima calidad del gasto público, lo cual se tradujo en un grave deterioro de las prestaciones del Estado en materia educativa, de salud y de seguridad.

El gobierno de Macri enfrenta una situación parecida a la de cualquier familia que ha consumido sus ahorros malgastándolos por encima de sus ingresos y que, además, se endeudó. Su primera tarea será buscar incrementar los ingresos, pero no podrá perder tiempo sin disminuir sus cuantiosos gastos improductivos. El desmesurado crecimiento del empleo público de los últimos años, alimentado por políticas populistas y clientelistas, es apenas un indicador del derroche al que nos sometió el kirchnerismo.

Superar esta situación requerirá, más temprano que tarde, que cada integrante del gabinete nacional le hable con inusual franqueza a la ciudadanía argentina sobre la gravedad de la herencia recibida. Si bien en no pocos sectores de la sociedad subsisten creencias alejadas de la racionalidad económica y demasiado afincadas en visiones demagógicas, la mayoría de los argentinos, y no sólo quienes apoyaron a Macri en las urnas, ha decidido poner un límite a la discrecionalidad, la corrupción y la ineficiencia. En ese reclamo deberá fundarse la acción de gobierno.

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