1
Un nuevo contrato social
Por Lucía Alberti Para La Nación
1 minuto de lectura'
Todo debate serio sobre el sistema actual de creación y distribución de la riqueza -que obedece casi exclusivamente a las leyes del mercado- debería encararse sin soslayar las cifras que expresan una evidente falta de equidad.
De esta manera, la cuestión queda planteada en un marco que supera lo subjetivo y en cambio muestra, con aterradora elocuencia, datos concretos de una realidad que es imprescindible revertir. Por esto hablamos de un nuevo contrato social entre el Estado, los partidos políticos y el sector social, con un papel importante a cargo de las organizaciones no gubernamentales.
El eje es la persona
La población total del planeta es de 6000 millones de personas y entre ellas hay 700 millones que poseen la mayor parte de la riqueza, con 358 multimillonarios que acumulan un patrimonio superior a los recursos del 45 por ciento (2300 millones de personas). Según una investigación de FIEL, hay 4500 millones de personas con dificultades económicas, y de ese total existen 1500 millones de seres humanos que son excluidos totales del sistema. El acceso a la salud les es negado a 1500 millones de personas; hay 1000 millones de analfabetos y 100 millones de niños sin educación, mientras que otros 60 millones de criaturas mueren por desnutrición. Y esto ocurre en diversos lugares del mundo, llámense Somalia, Biafra, Jujuy o Salta.
Estamos viendo lo que definí hace años como la generación del 20/80: el 80 por ciento de la gente debe conformarse con el 20 por ciento. E incluso, a partir de este año y fundamentalmente en la Argentina, debemos hablar ya de la generación del 90/10; esto es que existe un 90 por ciento de pobreza y la riqueza está en manos del 10 por ciento.
En este escenario, proponemos el nuevo contrato social, que supone establecer pautas concretas para encarar la globalización y fortalecer la gobernabilidad democrática, con inclusión social y el desplazamiento de este Estado conservador, minimo y sin dinámica, instaurado hace diez años en nuestro país. El eje principal volvería a ser la persona y no, como viene ocurriendo, la ganancia económica.
En procura de tal objetivo adquieren fundamental importancia las organizaciones no gubernamentales, cuyo desarrollo sostenido en el presente decenio fue una respuesta a las emergencias sectoriales derivadas del debilitamiento del Estado. Las organizaciones no gubernamentales pueden ser las protagonistas de políticas complementarias de la sociedad con el gobierno, dejando atrás, así, la etapa del reclamo y la demanda. En su lugar tendríamos la posibilidad funcional de cogestionar la acción de gobierno, mediante propuestas elevadas a los partidos políticos y que éstos incluirían en sus plataformas.
Beneficios para todos
El nuevo contrato social que proponemos requiere: agilizar la legislación que regula las organizaciones no gubernamentales; profundizar el papel del Estado en relación con los monopolios privados de servicios públicos; intensificar las prácticas conjuntas de características comunitarias entre las organizaciones no gubernamentales y áreas estatales; propiciar relaciones armónicas entre el Estado, las organizaciones y sectores empresariales comprometidos con la sociedad; impulsar, por parte del Estado, la construcción de espacios comunes para el desarrollo de políticas de promoción social, educación, cultura, salud, derechos humanos, deportes, tercera edad, discapacitados, etcétera, para que las organizaciones no gubernamentales contribuyan con políticas sociales en el área de las políticas públicas; incorporar los aportes de las organizaciones no gubernamentales en las plataformas de gobierno como herramientas esenciales para el 2000.
La concreción del nuevo contrato social debe ser, creemos, un tema de debate para nuestro país y para América Latina, y una responsabilidad compartida con el Estado. No sera tarea fácil. Pero el resultado compensará cualquier esfuerzo, porque sus beneficios, lejos de ser para los privilegiados de siempre, alcanzarán al conjunto de la población.© La Nación
Por Lucía Alberti es coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales del Instituto Programático de la Alianza.
