Un nuevo federalismo fiscal

Con la reciente reunión con ministros de Economía provinciales, el gobierno nacional ha ratificado su voluntad de avanzar en la discusión de una nueva ley de coparticipación federal, lo que resulta sumamente auspicioso. La iniciativa adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que, de acuerdo con el mandato constitucional de 1994, la ley actual debía ser transitoria (al año debía promulgarse la definitiva), por lo que acumulamos 20 años de mora en el cumplimento de esta tarea.

Una verdadera reforma del régimen actual trasciende con creces la simple discusión cortoplacista de cómo se reparte el fondo común. La organización federal de nuestro país requiere -en el marco de lo dispuesto en la Constitución Nacional- una nueva institucionalidad fiscal, en la que los distintos niveles de gobierno puedan financiar los bienes públicos que demanda la sociedad en un marco de equidad regional y garantizando la solvencia fiscal de largo plazo.

Si bien el régimen vigente adolece de múltiples falencias, entre las distorsiones más importantes se destaca la marcada centralización de recursos en el nivel nacional con un mayor grado de descentralización en materia de gastos, dificultando el financiamiento de servicios sociales básicos (como educación y salud) por parte de las provincias. Este desequilibrio opera en un contexto de severas desigualdades socioeconómicas entre las diferentes regiones del país.

Si bien la antigua ley 23.548/88 ha sido modificada en reiteradas oportunidades, los cambios han sido consecuencia de crisis económicas recurrentes. Así, y con el único objetivo de paliar las urgencias fiscales del momento, se sucedieron diferentes pactos fiscales y acuerdos federales. Esto derivó en afectaciones específicas de impuestos, pisos y techos para las transferencias automáticas y la creación de regímenes paralelos de distribución, configurando un sistema ineficiente, poco transparente y de difícil administración y control. El resultado ha sido un intrincado marco legal, alterando significativamente el reparto efectivo entre las jurisdicciones en detrimento de las provincias.

Por otra parte, este esquema de reparto basado en coeficientes fijos aplicados a cada jurisdicción ha resultado rígido, con dificultades para adaptarse a nuevas realidades, al tiempo que ha introducido un escenario institucional conflictivo con innumerables controversias entre los actores, fundamentalmente vinculadas con incomodidades respecto del tamaño de la porción del reparto que le corresponde a las provincias.

Si bien la ley de coparticipación constituye un puntal del régimen federal, un debate a fondo con perspectiva de largo plazo debería ser mucho más abarcativo. Un nuevo esquema de coordinación financiera debe contemplar el rediseño de funciones y potestades tributarias en un marco de mayor correspondencia fiscal, un nuevo sistema de transferencias intergubernamentales, y reglas claras para hacer uso del crédito público en los tres niveles de gobierno. Todo esto debería complementarse con un régimen obligatorio de trasparencia fiscal y la puesta en funcionamiento del Organismo Fiscal Federal contemplado en la Constitución. También es necesaria la implementación de mecanismos que incrementen la recaudación de las provincias.

Se trata de una tarea difícil pero no imposible. Requerirá un diálogo maduro para alcanzar un acuerdo unánime, preservado de las tensiones propias de un año electoral...

Investigador principal en el Cippec