Un nuevo marco financiero

En la Argentina se acentúa el ritmo de contracción del nivel de actividad (se estima que el producto bruto interno -PBI- caería a una tasa anualizada del 9% en el segundo semestre, con lo cual el 2001 cerraría con una caída de 2,5%/3% en promedio; al tiempo que la producción industrial disminuyó 5,1% en los últimos tres meses con respecto a los tres previos, equivalente a una tasa de 20 por ciento anual), habiendo aumentado el desempleo y la velocidad de salida de capitales.

En efecto, en los últimos 30 días se perdieron US$ 2800 millones de depósitos privados ($ 583 millones en los últimos tres días), mientras que el crédito se contrajo, y el riesgo país y las tasas de interés alcanzaron niveles récord.

Frente a una fuerte crisis de la cuenta capital del balance de pagos (con una reversión de los flujos de capitales privados hacia la Argentina en el año 2001 del orden de 11% del PBI en comparación con el promedio anual 1997-1999), con mercados voluntarios de deuda cerrados debido al excesivo endeudamiento del país con relación a su tasa de crecimiento (más que al nivel de déficit fiscal) y sin siquiera contar con el financiamiento del sistema financiero local, el gobierno nacional se vio obligado a establecer la regla de déficit cero.

Luego, debido a la contracción de la actividad económica y la consiguiente caída en la recaudación, el Gobierno encontró dificultades para cumplir con el déficit cero y decidió (de nuevo por necesidad) disminuir el gasto del pago de intereses vía la reestructuración de la deuda pública (equivalente a una convocatoria de acreedores).

Es difícil cumplir

Esta reestructuración se planteó en etapas y con la intención de seguir cumpliendo con los servicios de la deuda, por lo que es imprescindible contar con los recursos para honrar las obligaciones. Como se advierte en el cuadro adjunto, la posibilidad de cumplir con los vencimientos en los próximos cuatro meses -a pesar de que existe voluntad de pago- se torna muy difícil sin los desembolsos de organismos internacionales por aproximadamente $ 5500 millones, ya que ello nos conduciría a montos de caja negativos superiores a los que pueden financiar el Banco Central y el Banco Nación.

Por lo tanto, resulta de vital importancia conseguir destrabar los desembolsos del FMI. Asimismo, esto se hace aún más importante si tomamos en cuenta el rol de este organismo para atender las necesidades financieras a lo largo del 2002.

Tres escenarios

Si suponemos tres escenarios posibles sobre la reestructuración del tramo doméstico y externo de la deuda con la consecuente disminución en los pagos de intereses y amortizaciones, las necesidades financieras del 2002 -excluyendo los desembolsos del FMI- serían de US$ 12.400 millones si se canjea el 100% de la deuda elegible (US$ 89.000 millones), de US$ 14.000 millones si se canjea el 75%, y de US$ 15.500 millones si se canjea el 50%, montos que no podrían ser financiadas en los mercados voluntarios. O sea que la posibilidad de cumplir con los nuevos compromisos el año entrante depende de los desembolsos de los organismos internacionales (incluida la renovación de la línea de crédito SRF) que ascienden a US$ 13.800 millones en el 2002.

Por lo tanto, tan importante como la salida de depósitos o la magnitud del financiamiento (emisión) que está realizando el único prestamista local -el Banco Central- (que junto a las emisiones crecientes de cuasimonedas determinan la viabilidad del mantenimiento de la convertibilidad a 1x1), es qué actitud tomará el FMI, y qué puede hacer la política pública para ayudar a una decisión positiva.

Sin embargo, la respuesta de cómo fortalecer la arquitectura del sistema financiero internacional como resultado de las crisis financieras de los países emergentes está encarrilándose en dirección opuesta al interés nacional. En efecto, la posición de Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y Alemania, reflejada por la postura del FMI (ver específicamente el "New approach to sovereign debt reestructuring", por Anne Krueger, disponible en www.imf.org/external/) y por el trabajo conjunto de los bancos centrales de Canadá y Reino Unido (de Andy Haldane e Mark Kruger, disponible en www.bankofengland.co.uk), es que la solución debe incluir al sector privado, y que el sistema financiero internacional debe proveer un marco legal para que la protección del deudor se materialice ("convocatoria de acreedores"), en lugar de brindar liquidez a los países que sufren crisis de la cuenta capital de balance de pagos.

Es decir que el FMI debería dejar de actuar como prestamista de última instancia, y pasar a tener el rol de un "síndico" que proporcione un mecanismo formal (especie de "corte suprema mundial") que haga viable el acuerdo entre acreedores y deudores.

Dicho simplemente, justo ahora que la Argentina los necesita, la mayoría de los miembros de los organismos multilaterales -únicos prestamistas a nivel mundial en la actualidad- opinan que no deben habilitarse recursos para pagar a los acreedores ("bail out").

Un mecanismo tardío

Sin embargo, es importante aclarar que la instrumentación del nuevo mecanismo demandará al menos dos o tres años y, por tanto, llegará tarde para países como la Argentina (y/o Turquía). En este contexto, el gobierno nacional debería convencer a las autoridades del FMI a ayudar a la Argentina a reestructurar su deuda, con el argumento de que tanto el país como los acreedores ya han pagado costos lo suficientemente elevados.

Asimismo, debería argumentar que el canje de deuda impulsado por el país debe ser visto como un antecedente del nuevo marco financiero internacional al que aspiran los organismos multilaterales, ya que se realiza con una significativa participación de los acreedores. Si la Argentina logra reestructurar exitosamente sin la existencia de un mecanismo financiero internacional explícito, constituirá un buen punto de partida para la puesta en marcha del nuevo orden.

En síntesis, es necesario poner todo el esfuerzo para continuar recibiendo la asistencia financiera internacional, si no difícilmente se logre revertir la tendencia actual y evitar un default desordenado. Pero, aun superando esta coyuntura, la sociedad deberá formular una estrategia consensuada para el futuro, que incluya políticas claras sobre cómo la Argentina debería insertarse en el mundo, una reforma del Estado que mejore sustancialmente las políticas públicas, una reforma integral del sistema educativo que ofrezca calidad y equidad de oportunidades, y un sistema de coparticipación federal con incentivos adecuados.