Un presupuesto que priorice a las infancias
Según los últimos datos difundidos por el Indec, el 56,3% de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años vive en situación de pobreza en nuestro país: son 6.200.000 chicas y chicos. De ese total, un 15,6% crece en situación de indigencia; es decir, 1.717.940 niñas, niños y adolescentes entre 0 y 14 años viven en familias que no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria. El futuro cercano no es más alentador: Unicef Argentina estima que al menos 6 de cada 10 niñas y niños vivirán en la pobreza para fines de 2020.
En este contexto de profunda crisis socioeconómica que impacta de manera agravada en la niñez, desde Infancia en Deuda consideramos imperioso asegurar la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas que alivien la evidente profundización de desigualdades estructurales en el marco de la pandemia.
De acuerdo con la normativa nacional y las obligaciones previstas en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado nacional debe asignar prioritariamente los recursos adecuados para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, que deben ser intangibles y no pueden sufrir regresividad, conforme los artículos 5 y 72 de la Ley Nacional 26.061. Es decir, las partidas para las infancias y adolescencias deben ser privilegiadas en el presupuesto, no pueden reasignarse a otro fin y no pueden ser inferiores al presupuesto del año anterior.
Consideramos imperioso asegurar la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas que alivien la evidente profundización de desigualdades estructurales en el marco de la pandemia.
El proyecto de Presupuesto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados representa un avance desde la perspectiva de los derechos de la niñez al identificar transversal y especialmente asignaciones y metas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, y aunque es mayor la participación del gasto en NNyA en el Presupuesto 2021 respecto del vigente este año, se prevé una reducción significativa en las asignaciones monetarias, una importante reducción en la Tarjeta Alimentar, que alcanzaría un 36% de disminución en términos reales y, en general, una caída de 2,7% en los programas destinados a la niñez, según alertó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Al respecto, cabe detenerse en el análisis sobre el presupuesto asignado a la Asignación Universal por Hijo (AUH), entendiendo que se trata de una herramienta estatal clave para garantizar el acceso mínimo a los derechos sociales de la niñez. Según un análisis realizado por ACIJ, el Presupuesto 2021 prevé un monto de 242.150.190.886 de pesos para el subprograma de Asignación Universal para la Protección Social, lo que significa una caída del 7% en valores reales para la AUH, asignaciones por embarazo y asignaciones escolares en relación con el presupuesto vigente en 2020. A su vez, se debe tener en cuenta que la cobertura de la AUH al mes de agosto fue de un 17,90% de la Canasta Básica Total y de un 43,31% de la Canasta Básica Alimentaria.
La incorporación a la AUH de 723.000 niñas, niños y adolescentes anunciada por el Poder Ejecutivo es un avance muy importante y es un enorme paso hacia la universalidad de la asignación. Sin embargo, es imprescindible que el próximo presupuesto cuente con los recursos necesarios en este programa que permitan la incorporación de ese importante número niñas, niños y adolescentes sin que ello signifique una pérdida del valor real de la asignación.
Por este motivo, en el marco de la discusión del Presupuesto 2021 es importante que el Senado de la Nación garantice los recursos necesarios y suficientes para un efectivo acceso a derechos básicos de niñas, niños y adolescentes, entendiendo que los programas de transferencias de ingresos son una herramienta clave para la reducción de la desigualdad y la pobreza que impactan de manera desproporcionada en las infancias de nuestro país.
*Constanza Argentieri, codirectora de ACIJ e integrante de Infancia en Deuda.