Un problema que requiere reformas de fondo
En medio del escepticismo que a muchos nos ha generado la incapacidad de parte de la dirigencia política para lograr acuerdos acerca de cuáles debieran ser los fundamentos en los cuales sustentar una larga etapa de crecimiento e integración social, irrumpió en la agenda legislativa y en la prensa un proyecto del senador Esteban Bullrich y otros donde se propone superar los problemas de la provincia de Buenos Aires dividiéndola en cinco estados.
Según argumenta su autor en este diario (23 de diciembre 2021), la provincia pareciera que no está en capacidad para mantener y administrar su territorio. Muchos podríamos compartir esa afirmación, pero de allí es erróneo inferir que creando cinco estados se solucionan sus problemas. Además, si hablamos de ese tipo de incapacidad, reconozcamos que no se limita solo al ámbito provincial. Y siguiendo con ese ejercicio, la pregunta obvia que sigue sería: ¿dividiremos el país en varios Estados nacionales?
Mejor centrémonos por ahora en la provincia. Tres rasgos fuertes la caracterizan: registra la mayor pobreza del país, genera la mayor riqueza y administra la “caja política” más grande.
La concentración de poblaciones en el conurbano ha sido un proceso largo, acorde con las diferentes etapas de la economía argentina. Podríamos resaltar dos momentos fuertes. El primero, desde mediados del siglo pasado, los desplazamientos masivos del campo a la ciudad para alimentar la naciente industrialización. Se generaron clases medias prósperas, barrios obreros integrados a la vida económica y social y villas pobres a la espera de la legalización de las tierras que iban ocupando.
La otra etapa en los setenta, como producto de desencuentros políticos, desaciertos económicos y errónea lectura de un orden internacional que estaba rotando hacia una integración diferente de los países y de las empresas en el mundo, produjo el comienzo en la Argentina de un deterioro social y económico con escasos picos de crecimiento y largas caídas, migraciones internas hacia los polos industrializados como Buenos Aires, Rosario y Córdoba e incapacidad política, financiera, técnica y administrativa para gestionar el aumento de una complejidad social creciente. Como ejemplificó Jorge Ossona: “La pobreza, que apenas pasaba al 4% de la población activa en 1974, trepó al 20% luego de otro brutal ajuste, en 1981. Dos años más tarde, y en el marco de una transición forzada por la derrota militar de las islas Malvinas, se inauguró la democracia más sólida y prolongada de nuestra historia moderna. Pero se perdió la brújula de nuestro desarrollo económico y social. Las reformas que bajo diferentes signos se emprendieron en todo el mundo fueron encaradas aquí demoradas, espasmódicas y sin continuidad temporal” (20/8/21, La Nación).
Acerca del segundo rasgo mencionado, sabemos que la provincia de Buenos Aires es la que mayores recursos le genera a la masa coparticipable y, como habitantes, sufrimos el hecho de que la provincia recibe la menor cantidad por cada uno de nosotros.
Como señala Alieto Guadagni: “Aumenta la población de Buenos Aires mientras disminuye su coparticipación, aumentan su pobreza y sus carencias básicas, agravadas por el retroceso en el PBI desde hace una década. La CFI por habitante es arbitrariamente desigual. En 2018 un bonaerense recibió 83% menos que un fueguino, menos de la cuarta parte que un pampeano, menos de la mitad que un santafesino, la mitad que un cordobés y el 60% que un mendocino” (23/6/21, Clarín).
Si buscamos entonces soluciones para la provincia, la primera debiera ser devolverle parte de la coparticipación que perdió. Y luego lograr que haya mejor gestión de sus recursos. Transparencia, rendición de cuentas y tecnologías adecuadas para descentralizar a los municipios servicios, responsabilidades, financiamiento, junto con controles tanto de su gobierno central como de la ciudadanía. Si la provincia de Buenos Aires iniciara un proceso de modernización de esa naturaleza sería la locomotora de un país que necesita buenos ejemplos para salir de su decadencia actual.
La pobreza del conurbano se soluciona con una política que promueva inversiones, competitividad, formación profesional de calidad, mejor educación y programas de urbanización e infraestructura sustentables. También con programas federales de migraciones hacia otros espacios geográficos en el marco de estrategias específicas de desarrollo locales.
Es extraño que se proponga fracturar a esta provincia sin importar su historia, identidad y la voluntad de sus ciudadanos en vez de buscar corregir la situación de dependencia financiera de varias provincias/feudos que viven de la riqueza que se genera lejos de ellas y en donde su población está cautiva de sus jefes políticos porque el único recurso que existe es el empleo público y las dádivas.
Tal vez el objetivo que se persigue tenga que ver con el deseo de minimizar el peso electoral que tienen algunas jurisdicciones del conurbano. En tal caso, sería más productivo controlar que las gestiones municipales y provincial se ajusten a la ley, se destierren las políticas clientelares, se respete la dignidad de sus habitantes y haya transparencia y sistemas para el control ciudadano. Las malas prácticas políticas no cambiarán dividiendo territorios, sino desterrándolas. Replantear cómo se construyen las representaciones para la Legislatura provincial (según dicen, la caja política más grande del país) y para los concejos municipales, cómo se componen los gastos en esas burocracias y cuánto le cuestan al erario, cómo se evitan los clanes familiares y los gobiernos de amigos. Y últimamente, cómo recuperar la norma que impedía la reelección por más de dos mandatos consecutivos de intendentes, legisladores y concejales.
Retomando “la urgente necesidad de dibujar el mapa del futuro argentino”, como nos dicen E. Bullrich y F. Quetglas en este mismo medio, nuestro país sí necesita con urgencia replantearse el mapa dentro del cual se gestionan muchas de las políticas. Pero ese proceso, tal como ya ha sido propuesto por algunos especialistas en administración pública, se piensa regionalizando, integrando las gestiones de zonas compatibles, como NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia, creando espacios de concertación, administración y generación de programas de desarrollo. Eso permitiría aumentar la capacidad y coordinación estatal y evitar la duplicación de gastos y esfuerzos.
En síntesis, hay mucho por hacer para crear un futuro mejor, claro que el tránsito hacia allá es más difícil y complejo que inventar nuevas burocracias.
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