Un proceso de verdad y justicia

El camino que eligió la sociedad argentina para lidiar con su pasado de violaciones a los derechos humanos suscitó y suscita debates importantes. Sin embargo, los argumentos de quienes cuestionan la legitimidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que se desarrollan en el país contradicen la realidad de los hechos. Por esta razón nos parece necesario debatir en función de datos concretos.

El proceso de memoria, verdad y justicia debe ser valorado en su historia. Las investigaciones actuales sobre responsabilidades militares y civiles en los delitos de lesa humanidad continúan el camino iniciado, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por la Conadep y el juicio a las Juntas Militares, que probaron la existencia del plan sistemático de represión y exterminio. En la sentencia de la Cámara Federal, el tribunal recomendó la investigación de las responsabilidades de los mandos inferiores y se abrieron cientos de causas luego interrumpidas por las leyes de punto final y obediencia debida. Cuando en 2005 la Corte Suprema anuló las leyes de impunidad en el caso Simón, las primeras investigaciones que se reabrieron fueron las sugeridas por la sentencia histórica de 1985.

Frente a la acusación de que el tratamiento judicial de estos hechos es diferencial o discriminatorio, las condiciones de los juicios y sus resultados indican lo contrario. El proceso de justicia se rige por las reglas del proceso penal ordinario y el mismo estándar probatorio. Nunca se conformaron tribunales ni leyes especiales para juzgar los delitos más graves cometidos por el Estado o bajo su amparo. Los tribunales escuchan a los imputados, a las víctimas y a los testigos. A partir de la consideración de las pruebas, los jueces condenan o absuelven cuando consideran que los delitos no fueron probados. En los 115 juicios que ya finalizaron, 45 personas han sido absueltas. En la etapa de investigación, los jueces resolvieron la falta de mérito de 119 imputados porque consideraron que las pruebas no eran suficientes para procesarlos. En la misma fase del proceso judicial, 44 personas fueron sobreseídas definitivamente. Además, la sentencia de un tribunal oral no es la última instancia del proceso judicial. En la gran mayoría de los casos, las partes apelan las sentencias, condenatorias o absolutorias. De las 115 sentencias por delitos de lesa humanidad, 20 están firmes. En 18 casos intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación –dos no fueron apeladas– y en todos confirmó la decisión de los tribunales inferiores. Es decir, que la instancia máxima del Poder Judicial de la Nación ha validado las condenas y las absoluciones y, por lo tanto, ha ratificado la legalidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad en cada uno de sus fallos.

También se cuestiona el tratamiento que brinda el sistema penal a los imputados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, la situación de los detenidos por estos crímenes no es peor que la de los detenidos por otros delitos. Un dato central es que más de la mitad de los imputados por delitos de lesa humanidad se encuentran en libertad y que el porcentaje con prisión preventiva es significativamente menor que en el caso de los presos comunes. El 56% de los imputados por delitos de lesa humanidad detenidos cumple prisión preventiva, mientras que esa condición afecta al 73% de los detenidos por el conjunto de los delitos federales. Debe tenerse en cuenta que la prisión preventiva está estipulada para el caso de riesgo de fuga o entorpecimiento del proceso judicial, y en estas causas ya hay 64 imputados prófugos cuyos casos muestran vínculos con redes capaces de facilitar y sostener las fugas.

Se ha objetado que las manifestaciones públicas de las víctimas pueden condicionar el resultado de los juicios. Sin embargo, este tipo de activismo tiene una larga tradición y nuestra historia reciente muestra que es fundamental para revertir la impunidad. Las víctimas se expresan mientras se suceden los juicios por crímenes de lesa humanidad y en muchas otras demandas de justicia en relación con, por ejemplo, la violencia institucional, el atentado a la AMIA o la tragedia de Once.

Desde diferentes espacios, se plantea que si la Argentina hubiera optado por el modelo sudafricano, habríamos procesado el pasado sin confrontaciones y estaríamos más cerca de saber, por ejemplo, dónde están los niños apropiados. Estas posiciones dan por obvio un consenso sobre la eficacia del modelo sudafricano que no existe y ocultan que en ese país la discusión no se encuentra saldada. La Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana no obtuvo información sustancial sobre el destino de los cuerpos y es muy bajo el porcentaje de víctimas que recibieron una disculpa pública por parte de los perpetradores. A pesar de que esta comisión entregó miles de archivos con evidencia para la apertura de juicios penales, las investigaciones no avanzaron. Es decir que mientras es seguro que los crímenes del apartheid no fueron juzgados, no hay consenso sobre que se haya garantizado la verdad y menos aún la justicia cuando los imputados no brindaron información.

Este tipo de críticas que se proponen deslegitimar los juicios por delitos de lesa humanidad encuentran mayor eco en el momento en que comienzan a ser investigados los actores civiles que tuvieron responsabilidad en esos crímenes. Los primeros testimonios que revelan la participación de clérigos, empresarios, jueces, médicos y personal civil de inteligencia en la comisión de estos delitos se dieron en el marco de la Conadep, fueron incorporados al Nunca Más y se brindaron en el juicio a las Juntas. Treinta años después, hay una oportunidad histórica para juzgar esas responsabilidades.

El intento por deslegitimar el proceso de justicia con argumentos falaces constituye, en el mejor de los casos, falta de rigor periodístico y académico. En 2010, la Cámara de Diputados declaró por unanimidad que los juicios son una "política de Estado". En 2012, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó: "Estos juicios ya forman parte del contrato social de los argentinos. Tenemos un consenso amplísimo que hace que no haya vuelta atrás". El proceso argentino de justicia por delitos de lesa humanidad, reconocido en el mundo entero, es un esfuerzo de tres décadas de toda la sociedad argentina. Es también una de las claves de la consolidación del Estado de Derecho, cuenta con el respaldo de los tres poderes del Estado y sus implicancias superan la obra de un gobierno o un partido.

El autor es director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Gastón Chillier