Un recorte que crispa al sector
El hecho de que la Corte haya adecuado el presupuesto judicial de 2002 al techo fijado por Economía sin rebajar salarios no tranquiliza los ánimos, que están muy crispados.
Ayer, el tribunal efectuó un cálculo de gastos propio de tiempos de austeridad, muy por debajo de las necesidades del sector. Pero a instancias de su presidente, Julio Nazareno, logró un equilibrio entre las fuertes presiones que ejercen los jueces inferiores y el gremio judicial, absolutamente reacios a cualquier quita, y la emergencia que vive el país, que otros dos ministros de la Corte, Antonio Boggiano y Adolfo Vázquez, querían acompañar con un fuerte recorte de haberes de todos los integrantes de la Justicia.
Nadie vio rebajado los sueldos, pero muchos perdieron. El tribunal, a instancia de dos de sus integrantes, incluyó una mención expresa de que no se contemplan partidas para aumento de salarios. Podía haberlo callado y hubiese sido suficiente. Pero la Corte lo dijo expresamente. Buscó enviar un mensaje a los empleados, pero fundamentalmente al Consejo, pues este organismo, cuando hace tres semanas pidió un presupuesto 200 millones mayor al aprobado ayer, transfirió a la Corte el costo político del ajuste.
Por ahora el recorte no implica rebaja de salarios. El dinero alcanza hasta septiembre. Después, no puede descartarse un crack, dicen los ministros. La caída de la recaudación impacta directamente en la Justicia, que recibe el 3,5% del remanente de la masa coparticipable, que durante los últimos años sufrió muchas rebanadas a manos de Economía y otros sectores.
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Uno de los problemas de la austeridad es la falta de dinero para instalar juzgados. Ante esa eventualidad, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, evalúa como alternativa asignarle a diez juzgados del Trabajo y a otros tantos civiles competencia para llevar adelante ejecuciones tributarias y previsionales. El proyecto irá al Congreso.
Por su parte, los jueces y empleados jubilados también tienen motivo para preocuparse, porque muchos de ellos recibieron sus recibos de haberes con un descuento del 13 por ciento. Ninguno lo esperaba, porque los fallos de la Corte extienden la intangibilidad de los sueldos a los jueces jubilados, pero hace un mes la Anses le había hecho un anticipo a la Corte.
La cuestión de las jubilaciones, sin embargo, también impacta sobre los jueces en actividad, que temen que la Anses quiera modificar el régimen de la ley 24.018, que les garantiza el 82 por ciento móvil. Por eso se está produciendo un verdadero éxodo: en tan sólo un mes, 9 jueces se jubilaron y las vacantes saltaron de 113, en junio, a casi 150. Y el Consejo alertó a Justicia que se puede producir un verdadero vaciamiento con 80 renuncias en ciernes.
Pero en la Anses evalúan un documento que puede facilitar ese éxodo. Se piensa en incorporar a los jueces al régimen jubilatorio general, pero para evitar reclamos se les daría una opción: si quieren jubilarse con el 100 por ciento de su haber, deben aceptar el retiro en 90 días.