Un riesgoso debilitamiento institucional

Fin de año es una buena oportunidad para realizar un balance sobre aspectos personales, familiares y, también, como sociedad. En este caso, queremos referirnos a las graves deficiencias y al deterioro que hemos sufrido institucionalmente durante un año donde el Covid-19 afectó al mundo en general y a nuestro país en particular. Así como los médicos han tenido que liderar la crisis sanitaria, los abogados debemos ponernos al frente cuando existen riesgos que afectan nuestra salud institucional.

Desde Será Justicia, agrupación de abogados independientes y apartidaria, donde sin perjuicio de las simpatías políticas de cada miembro, nos reúne el afán por trabajar en el fortalecimiento de las instituciones y, en especial, por el respeto e independencia del Poder Judicial. Desde ese lugar, advertimos que será muy difícil que lleguen inversores del exterior o, que incluso quienes hemos nacido aquí apostemos con confianza en proyectos privados, ya que las reglas se modifican ante una renovación de autoridades o una crisis y además de ello, se presiona de forma sistemática al poder que debe interpretar y aplicar las normas jurídicas.

Con ese espíritu efectuamos denuncias ante diversos organismos internacionales presentando el actual plan vigente, dirigido a cooptar al Poder Judicial y sus dependencias de control con el objeto de lograr la impunidad en distintas causas de exfuncionarios del Gobierno que dejó el poder en el año 2015. En el documento presentado, de 70 páginas, se detallan en forma precisa los casos donde los exfuncionarios de dicho gobierno se encuentran involucrados y se revelan con pruebas irrefutables y confesión de muchos de los imputados, los hechos de corrupción sistemática y estructural que involucran cifras o importes representativos de varios puntos de nuestro producto bruto interno y que constituyen un evidente obstáculo a cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo sustentable.

Para poner en marcha el citado plan, se avanzó en "la reforma de la Justicia" con varios proyectos de ley que intentan crear cargos para nombrar a jueces afines; se creó por decreto presidencial un "Consejo Consultivo" para temas cruciales del funcionamiento de la Justicia y sus órganos, liderado por el abogado de la propia Vicepresidente; se arremetió contra los jueces que avanzaron en los casos en que se investiga a los Kirchner; se intentó remover arbitrariamente al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y también aniquilar la independencia y autonomía de los fiscales que deben acusarlos; se han cooptado organismos que querellan en las causas penales de corrupción, como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), interfiriendo indebidamente en su autonomía e independencia operativa y neutralizando su accionar como acusadores; se han cooptado otros organismos de control, como la Agencia Federal de Inteligencia, y comisiones estratégicas del Congreso, como la Bicameral de Seguimiento de la labor del Ministerio Público o la Comisión de Justicia del Senado y la propia Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación; y se han nombrado a funcionarios afines al actual Gobierno con causas penales pendientes, como es el caso del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, o del Viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.

Los hechos de corrupción representan un problema socioeconómico e institucional de vieja data de nuestra República, pero que se acentuó en el período 2003-2015, con efectos cada vez más palpables sobre la integridad del sistema político, el sector privado y la sociedad civil.

La vigencia del Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones que deben investigar y juzgar los casos de corrupción para que concluyan los juicios y se impongan sanciones efectivas y disuasivas, son las razones que inspiraron esas presentaciones y no solo están dirigidas al actual gobierno sino también a los próximos, cualquiera sea su signo político. La vara debe mantenerse alta si aspiramos a vivir en un país serio y previsible.

La reestructuración de la deuda Argentina con sus acreedores externos, no puede focalizarse solo en metas macroeconómicas y dejar de lado los compromisos de respeto a la institucionalidad, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, ya que estos son los verdaderos pilares que garantizan el éxito de cualquier plan económico.

Es coautora María Eugenia Talerico, vicepresidente Será Justicia; Raúl Aguirre Saravia es presidente de Será Justicia