Un submundo sin controles donde reina la extorsión

El eximio politólogo italiano Norberto Bobbio señaló que la democracia contemporánea está afectada por un problema: debajo de los poderes del Estado operan organismos que están fuera del control del electorado y la opinión pública. Bobbio los llamó sottogoverno, porque están en el subsuelo de la administración. En el centro de ese averno se encuentran los servicios de inteligencia. Se trata de agencias que, en todo el mundo, se resisten al monitoreo de la autoridad civil. Por eso, en las sociedades más abiertas existe un esfuerzo permanente por perfeccionar ese monitoreo. En nuestro país, en cambio, sucede lo contrario. Una de las deudas más inquietantes de la política con la ciudadanía es la creciente degradación que se verifica desde 1983 en las tareas de espionaje. Su objetivo principal no ha sido proveer al Presidente de información para garantizar la seguridad del país. Ha sido la persecución de dirigentes políticos, magistrados, periodistas, empresarios o líderes religiosos. Una función más parecida a la de una Gestapo que a la de un organismo de inteligencia.

Los cambios de nombre no han conseguido disimular la persistencia de los mismos vicios, agravados a lo largo de los años. La SIDE, igual que la SI o la AFI actual, ha tenido como función principal la de ser una caja negra en la que lo ilegal puede transformarse en legal, y viceversa. Servirse de sus mecanismos ha sido una tentación en la que han caído casi todos los líderes políticos. Al encomendar a esa burocracia tenebrosa tareas inconfesables, quedaron atrapados en la extorsión de los agentes de inteligencia. Así fue como ese submundo fue ganando más y más autonomía.

El kirchnerismo agudizó estas deformaciones. Néstor Kirchner agravó una tendencia inaugurada por Carlos Menem: utilizar el espionaje para controlar la justicia federal, que interviene en materias tan delicadas como el terrorismo, la corrupción o el narcotráfico. Esta desviación determinó que el verdadero Ministerio de Justicia estuviera radicado en las oficinas de la antigua SIDE. Fue el imperio de Antonio "Jaime" Stiuso y un grupo de abogados que maniobraban en los tribunales de Comodoro Py, con el auxilio de medios de comunicación propios, como Página 12 o el grupo Szpolski. Cuando su esposa y heredera quedó viuda, intentó sustituir esas palancas por otras más confiables. Impulsó la cofradía Justicia Legítima, introdujo a La Cámpora en el espionaje e intentó someter a los espías que habían servido a su marido a otras organizaciones similares, como la inteligencia militar, dominada por el general César Milani.

El resultado de esta experiencia no podía ser peor. Las oficinas de espionaje ya se parecían bastante a una mafia. Gracias a Cristina Kirchner se transformaron en una mafia fuera de control. El mapa de esas bandas en guerra se insinúa en un expediente doloroso: el de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

El gobierno de Mauricio Macri tenía incentivos extraordinarios para sanear ese terreno cenagoso. Macri, que fue acusado de montar un sistema de espionaje paralelo cuando era jefe de gobierno porteño, podría haber demostrado que desprecia esas prácticas, de las que él mismo fue víctima. Su asesor más influyente, Jaime Durán Barba, le recomendó cerrar la AFI. Durán Barba también fue perseguido en la Justicia por el espionaje de los Kirchner.

Sin embargo, el Presidente apostó por mantener el orden recibido. Puso al frente de la AFI a un amigo carente por completo de experiencia en la materia, Gustavo Arribas, quien hasta el momento de asumir su cargo vivió fuera del país. Esa falta de experiencia, y hasta de sensibilidad política, tal vez explique que Arribas siguiera de vacaciones en Brasil mientras está sometido a investigación por los giros monetarios que le envió un operador que trabajó para Odebrecht y otras empresas brasileñas involucradas en el escándalo de corrupción de Petrobras y el Lava Jato. La legisladora porteña Graciela Ocaña reclamó que el funcionario sea suspendido, siguiendo el procedimiento que se aplicó al jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, después de una denuncia.

Y lo secundó con la diputada Silvia Majdalani, cuyo antecedente más destacado en la especialidad es su estrechísima relación con Francisco Larcher, el responsable político de las peores prácticas que se cometieron en esa dependencia durante la era Kirchner.

La falta de experiencia y conocimiento técnico es la mejor garantía de continuidad de un orden viciado. Porque asegura que los funcionarios designados por el Presidente no estén en condiciones de conducir una maquinaria opaca, que tiene sus propios intereses y su propia agenda. Lo más probable es que sean conducidos por ella. Una señal elocuente de esa autonomía de los subordinados frente a los que debieran dirigirlos es la continuidad de algunos funcionarios inorgánicos que cumplen tareas decisivas a través de los gobiernos más diversos. Es el caso, por ejemplo, del director de Finanzas, Juan José Gallea, quien ocupó ese cargo durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Después, pasó a ocuparse de las cuentas del grupo de medios de Sergio Szpolski que fue, financiado por el kirchnerismo, una plataforma a través de la cual los espías que sirvieron a los Kirchner, con Stiuso a la cabeza, desarrollaban sus campañas de desinformación y denigración. Desde allí, Gallea volvió a la AFI con Mauricio Macri, gracias al padrinazgo del binguero Daniel Angelici, para hacerse cargo otra vez de los fondos reservados.

La injerencia de la AFI en la justicia federal, lejos de suprimirse, se mantuvo y se hizo más explícita. La subdirectora Majdalani incorporó para esa tarea a un fiscal federal, Eduardo Miragaya. Una de las maniobras más escandalosas que surgió de esa usina es la acusación al juez Sebastián Casanello de haber participado de reuniones con Cristina Kirchner y Lázaro Báez en Olivos, por la cual ahora están siendo enjuiciados algunos empleados de la administración por falso testimonio. Un montaje ridículo por lo innecesario: como si para proteger a los Kirchner y a Báez, como lo hizo durante tanto tiempo, Casanello hubiera necesitado realizar reuniones en la residencia presidencial.

Muchas de estas perversiones están facilitadas por el bochornoso comportamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia a lo largo de los años. Ese organismo del Congreso debería haber llamado la atención del cuerpo de espionaje ante cada una de sus irregularidades. Sin embargo, los senadores y diputados que integran ese comité especializado guardan un silencio que equivale a complicidad. Callaron cuando el entonces ministro Gustavo Béliz denunció las maniobras de Stiuso; callaron cuando la DEA informó que se retiraba del país por la contaminación entre espionaje y narcotráfico; tampoco se inquietaron cuando el encargado de la ex SIDE de investigar el tráfico de drogas, Pedro Viale, el "Lauchón", murió bajo las balas de la policía bonaerense en circunstancias demasiado misteriosas, y también guardaron silencio al conocerse la inexplicable hiperactividad de agentes de inteligencia como Stiuso, Pocino, Alberto Mazzino y Milani el día en que Nisman apareció muerto, pero antes de que se conociera la noticia.

Sobre la negligencia irresponsable de esos legisladores pesa un agravante: la comisión que integra está dotada de un presupuesto multimillonario cuya aplicación se desconoce. Tal vez esos caudales expliquen en parte su letargo. Quizá el controlador participe de los vicios del controlado.

La persistencia de estas deformaciones reclama un saneamiento del aparato de inteligencia de gran magnitud. No hay indicio alguno de que Arribas y Majdalani se hayan propuesto realizarlo. Su gestión se caracteriza por la solidaridad con el orden anterior. Al cabo de más de un año de gestión, esta inercia es un rasgo llamativo del actual gobierno, que se manifiesta, por ejemplo, en su política de seguridad, tanto a nivel nacional como bonaerense. Esta indolencia frente a la necesidad de una regeneración institucional urgente, sobre todo en el campo judicial, implica un olvido inexplicable: si Macri está en el poder es porque la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires votó contra una combinación entre política y delito, que creyó encarnada en Aníbal Fernández, y que se le había vuelto insoportable.