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Una agenda parlamentaria sin reformas estructurales
El Gobierno debe cuidar su narrativa porque está construyendo una situación en la que termina perdiendo el ciudadano: se postergan decisiones claves, se desalienta la inversión y se resiente el empleo
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PARA LA NACIONSergio Berensztein
En el listado debatido durante la reunión de la “mesa política” del Gobierno del martes, queda claro que esta administración no parece mostrar ninguna urgencia por avanzar con las reformas estructurales que el propio Javier Milei viene prometiendo desde sus primeras apariciones como candidato y que reconfirmó en el discurso de la última apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando incluso cuantificó en 10 las reformas por ministerio, 90 en total. El encuentro pareció estar enfocado en despejar, o al menos contener, las intrigas palaciegas, las reyertas y las operaciones, que con la atención puesta en Manuel Adorni y el caso $LIBRA producen un desgaste significativo en la reputación y en la credibilidad presidencial. Sin embargo, en los temas de fondo, el oficialismo podría correr el riesgo de desaprovechar el momentum logrado durante las sesiones extraordinarias, cuando construyó amplias mayorías parlamentarias que implicaron una encomiable capacidad para ampliar su coalición y conseguir apoyos de diversos bloques. Cuando se analizan las prioridades del Gobierno y se recuerda el compromiso asumido con el Fondo Monetario y la necesidad de que la Argentina recupere el impulso modernizador y los esfuerzos para conformar un marco de reglas de juego que impulse y vigorice sus posibilidades de desarrollo (de eso se tratan las reformas estructurales), que abandonamos irresponsablemente a mediados de la década de 1990, queda una sensación amarga: las ausencias son mucho más relevantes que las iniciativas impulsadas. No es que Milei decidiera no dar detalles el 1º de marzo pasado de los proyectos de reforma tributaria, previsional, del sistema de coparticipación, monetaria, financiera o de la administración pública. A juzgar por lo que se discutió en esa reunión, no los tiene terminados o prefiere postergarlos.
En la medida en que no se intente avanzar con un programa de reformas profundas, resulta imposible mejorar el clima de inversión. Podrán obtenerse avances puntuales, como por ejemplo en minería si se aprueba en la Cámara de Diputados la ley de glaciares (que cuenta con media sanción a pesar de la oposición de la Iglesia Católica y de muchas organizaciones ambientalistas que impulsaron una masiva participación en las audiencias públicas para entorpecer su realización y demorar su tratamiento). En particular, podrán llevarse a cabo los proyectos favorecidos por el generoso régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), que varios funcionarios prometieron flexibilizar para abarcar otras áreas y extender a iniciativas de escala más limitada. Se trata de generar condiciones especiales que tienden a reducir la incertidumbre regulatoria y a proteger a los inversores de potenciales cambios en las reglas del juego básicas, incluidas las impositivas y cambiarias.
Sin embargo, el conjunto de la actividad económica continuará experimentando tensiones y sufrimientos, que incluso podrían agudizarse. Cada tanto alguna buena noticia puntual genera algo de esperanza, como el reciente fallo de la Corte sobre el caso Aeropuertos contra la municipalidad de Bariloche, que pone por fin un freno a la discrecionalidad de los intendentes de crear impuestos encubiertos en formatos como el de “tasas de higiene y seguridad”. Pero nada de fondo cambiará sin un replanteo integral en términos tributarios y previsionales. En vez de crear burbujas o islas de competitividad y reglas adecuadas mediante marcos especiales, lo correcto es brindar las condiciones adecuadas para todos los sectores: que el mercado asigne los recursos libremente y no solo los segmentos tocados por la “varita mágica” de los regímenes especiales.
Algunos críticos del esquema antiinflacionario implementado por Milei argumentan que, si bien las reformas estructurales constituyen condición necesaria en el mediano y largo plazo, no resultan suficientes. Por el contrario, los preocupantes datos de inflación y desempleo, sumados a la desaparición de más de 22.000 empresas en los últimos dos años, ponen de manifiesto que el “consenso político”, parcial pero significativo, del que goza el oficialismo puede agrietarse y hasta desaparecer si no se atienden las distorsiones acumuladas. En particular, sería imprescindible relanzar un plan de estabilización integral que corrija además el drama del atraso cambiario, que el Gobierno niega, considerado un obstáculo insalvable para que se recupere la actividad económica. Algunos hasta especulan con que el Gobierno podría intentar adelantar las elecciones para abril o mayo de 2027, para luego replantear su estrategia económica sin el temor a perder el apoyo de los votantes.
“Si tenés 90 reformas estructurales, en el fondo no tenés ninguna”, afirma con ánimo provocador un exfuncionario de Cambiemos. “Milei no puede o no quiere avanzar de manera más expeditiva”. ¿Cuál podría ser la razón? Probablemente priorice su reelección y no esté dispuesto a pagar, hasta lograrla, costos políticos significativos. También podría buscar ser el “garante de la racionalidad”: si avanza demasiado rápido, el establishment “podría soltarle la mano, como hicieron con nosotros”, recuerda un exministro de Menem. Por otro lado, aferrado casi religiosamente al ancla fiscal (el Gobierno mostró orgulloso el superávit financiero en los primeros meses del año), podría tener dificultades para avanzar en algunas reformas que impliquen caídas de la recaudación, aunque sean transitorias.
El caso de la reforma previsional es muy sensible, pues implicaría aumentar la edad jubilatoria, lo que podría provocar el enojo de muchos votantes potenciales que estén cerca de la edad de retiro. Si a esto se sumara que podría modificarse el esquema actual, en el que muchos jubilados que lograron sus beneficios gracias a moratorias aunque no tenían suficiente cantidad de años de aportes quedarían con un estatus inferior al de aquellos que sí cumplieron, el número de enojados podría ser mucho mayor. Esto hace que postergar el tema hasta después de una eventual reelección suene tentador. Algo parecido ocurre con la reforma tributaria: la recaudación ya está cayendo por la reducción del nivel de actividad y no parece haber margen para eliminar gravámenes. Ironías del destino: si Milei pierde en las próximas elecciones, su legado de reformas incompletas se va a parecer al de Mauricio Macri, aunque con un flanco fiscal más sólido. O incluso al legado de Menem, que detuvo la impronta modernizadora de su mandato por el deseo incorregible, y a la sazón irrealizable, de perpetuarse en el poder.
A esto se suma una tensión adicional que el Gobierno no termina de resolver. Si para sostener sus chances necesita instalar una amenaza creíble de regreso a políticas populistas, ese discurso se convierte en un factor que desalienta la inversión, aun en el caso de que avancen las reformas estructurales. La experiencia reciente de incumplimientos contractuales y cambios de rumbo abruptos sigue pesando más que cualquier esfuerzo real, señales de gobernabilidad mediante o promesa de estabilidad futura. La paradoja: la estrategia política para consolidar poder puede erosionar las condiciones para que el programa económico funcione. Al profundizar la polarización y descartar acuerdos con sectores moderados, incluida esta especie de takeover hostil de Pro, que el relanzamiento por parte de Mauricio Macri intenta desalentar, se esfuma la posibilidad de construir una base más amplia y sostenible.
El Gobierno debe cuidar su narrativa, porque está construyendo una situación en la que, sea cual sea el escenario, el que termina perdiendo es el ciudadano: porque no se hacen las reformas y se postergan decisiones claves a un futuro incierto, porque se desalienta la inversión, se resienten el empleo y las oportunidades y porque al fomentar la polarización obstaculiza una evolución de la oposición hacia posiciones más modernas, limitando la posibilidad de construir un entorno de reglas más estables. La política libertaria podría convertirse, de este modo, no solo en un obstáculo para la sociedad, sino también en el principal problema para el propio oficialismo. Daños autoinfligidos.
Tipo de trabajo:
opinión
