Una audiencia en defensa del medio ambiente

Hoy en el Congreso tendrá lugar una audiencia pública para que la ciudadanía pueda opinar sobre el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic.

Lamentablemente, la audiencia fue convocada durante el receso parlamentario por vacaciones de invierno, de manera que la gran mayoría de diputados y senadores estará ausente. Este hecho, sumado al escaso tiempo con el que han contado los ciudadanos, las ONG y los organismos especializados del Estado para leer y analizar las miles de páginas que conforman el estudio de impacto ambiental, atenta contra un debate integral acerca del modelo de desarrollo que queremos y las alternativas energéticas que podrían reemplazar a las megarrepresas, que están en retroceso en todo el mundo por los daños que ocasionan a la biodiversidad.

El estudio de impacto y la audiencia pública fueron realizados como consecuencia de una medida cautelar dictada por la Corte Suprema el 21 de diciembre de 2016. El máximo tribunal envió una poderosa señal institucional al decidir que el procedimiento de toma de decisiones y la participación ciudadana sean evaluados por el Congreso.

Organismos cruciales como el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología, y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica no pudieron analizar exhaustivamente el informe oficial y reclaman estudios complementarios. No se han completado las tareas de rescate del material arqueológico, patrimonio cultural que quedará sumergido de concretarse la obra.

Parecería que nos dirigimos hacia una decisión apresurada y peligrosa que obedece más a un cronograma impuesto desde la República Popular China que a un análisis de riesgos integral en relación con los daños que el proyecto hidroeléctrico podría ocasionar desde una perspectiva biológica, sísmica, geológica y arqueológica, entre otras. No se entiende por qué motivo desde el Ministerio de Energía no se les ha brindado tiempo suficiente a los expertos. Quizás el motivo obedezca a la voluntad de que organismos técnicos especializados e idóneos no logren analizar a fondo el estudio de la empresa estatal Ebisa repleto de vicios formales y sustanciales.

Entre ellos se encuentra el conflicto de intereses que involucra a Jorge H. Marcolini, quien en el pasado, como consultor privado, avaló la construcción de las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa (hoy Kirchner y Cepernic, respectivamente). En la actualidad lo hizo desde su rol de presidente de Ebisa y luego aprobó su propio informe en carácter de subsecretario de Energía Hidroeléctrica. Esta situación implica el germen de nulidad de todo el procedimiento, pues desnaturaliza la valoración equilibrada indispensable para la decisión pública.

Las represas inundarán áreas prioritarias para la biodiversidad, afectarán a los peces migradores, llevarán a la extinción a una especie endémica como el macá tobiano y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia.

Esperemos que los diputados y senadores vean el documental Matar al río. Represas a cualquier costo en Santa Cruz que se encuentra gratis online, que presten atención a lo que la ciudadanía expresará en la audiencia pública de hoy y reflexionen sobre el patrimonio natural en juego. Si ellos no lo hicieren, la última palabra la tendrá la Justicia. De este diálogo ambiental entre poderes depende el futuro del río Santa Cruz.

Constitucionalistas

Cristian H. Fernández y Daniel Sabsay