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Una democracia sin vocación de serlo

Alejandro Katz
Alejandro Katz PARA LA NACION
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13 de diciembre de 2013  

Todos tienen razón: 30 años de democracia deben ser celebrados. Ha de celebrarse la continuidad del sistema institucional; también, la política de defensa de los derechos humanos y los otros derechos obtenidos, algunos de ellos antiguos, como el que permite interrumpir un matrimonio, y otros más jóvenes, como la unión de personas de un mismo sexo.

Sí, 30 años de democracia deben ser celebrados. Pero al final de la celebración –las fiestas de las palabras y la de la Plaza, la de la autoexaltación y la del homenaje colectivo– queda un sabor extraño: como si para los argentinos la democracia fuera la ausencia de dictadura.

Es comprensible. La memoria de la dictadura es tan horrenda que, por el solo hecho de no vivir ya bajo su espeso manto de locura, la democracia parece convertirse en más de lo que muchos pudimos, alguna vez, imaginar.

"Ya se sabe -hizo decir Cervantes al Quijote- que toda comparación es odiosa, y, así, no hay para qué comparar a nadie con nadie." Pero, entre nosotros, la comparación de la democracia con la dictadura no parece ser ni tan odiosa ni tan inútil. Treinta años después, la dictadura se ha transformado en un espejo mágico: al reflejarse en él, nuestra escuálida democracia embellece sus rasgos, estiliza sus formas y confiere a sus protagonistas el aura de quienes se sienten dignos de figurar en el Gran Libro de la Historia.

Poderosa para enaltecer el tiempo presente a la luz de los fantasmas de una época monstruosa, la dictadura no lo es tanto, sin embargo, como para amenazar a esta democracia que, sin temores ni controles, dedica más esfuerzo a la complacencia que al rigor de las tareas que debe cumplir: retirado el espejo, y observado nuestro país bajo la cruda luz crepuscular que lo ilumina, pocas razones tenemos los argentinos para enorgullecernos de lo construido desde entonces.

En 1986, el ensayista mexicano Enrique Krauze publicó un libro famosamente titulado Por una democracia sin adjetivos . En él reclamaba para México, gobernado continuadamente desde hacía 60 años por el Partido Revolucionario Institucional, un régimen democrático: no más distinciones, decía, entre democracia social, democracia de mercado, democracia formal, democracia real, democracia económica. Simplemente, democracia. Diez años más tarde, los académicos norteamericanos David Collier y Steven Levitsky dieron a conocer un trabajo importante: "Por una democracia con adjetivos". En él, intentaron "precisar la noción de democracia" y crear "varias formas y subtipos" para entender mejor los numerosos y diversos regímenes surgidos de la caída del Muro de Berlín y de la retirada de las dictaduras en América latina. Una de las conclusiones de aquel trabajo subrayaba la conveniencia, para una mejor comprensión del concepto, de pensar la democracia en términos de grado y no sólo ni principalmente de manera dicotómica: más allá de la alternativa entre autoritarismo y democracia, Collier y Levitsky identificaron regímenes posautoritarios "híbridos" o de carácter "mixto". Muchas investigaciones recientes, decían los autores, "parecen reflejar una creciente preocupación respecto de que la sola existencia (y persistencia) de procedimientos democráticos básicos no garantiza la existencia de la gama más amplia del tipo de resultados políticos, económicos y sociales que hemos llegado a asociar con la democracia, tal como es practicada en el Occidente industrializado".

La noción misma de "grados de democracia" resulta incómoda, no sólo porque mitiga la satisfacción por compartir "ese régimen que no es una dictadura"; es especialmente incómoda porque obliga a preguntarse qué grados diversos de democracia ha vivido nuestra frágil república desde 1983 y, sobre todo, si en esos grados nos hemos movido hacia una democracia de mejor o de peor calidad. Y, si esa noción es incómoda, las respuestas que es posible dar a estas preguntas lo son más aún. Por eso, la celebración es principalmente la invocación de ese espejo mágico que nos devuelve una imagen reconfortante, la puesta en la escena pública de esa dictadura contra la que nos comparamos: otras comparaciones serían, seguramente, como dice el Quijote, odiosas. Ésta es reparadora: no ser como aquello, no ser ya, ¡y nunca más serlo!, aquello, se convierte así en una aspiración lograda.

Si nuestra sociedad está satisfecha con ese logro es porque la democracia argentina es cada vez más mezquina: concede allí donde el costo, material o simbólico, es modesto o inexistente. Los derechos que han ido incorporándose exigen poco de quienes no se benefician de ellos. Exigen poco: quizá sea ésa la forma de expresarlo. La democracia que hemos sabido construir es poco exigente, y la sociedad se siente satisfecha con ella: la celebra, se conforma con que no sea como aquello otro, no la interroga ni la cuestiona ni se pregunta si podría ser mejor y en ese caso cómo hacerlo.

Pero, al cabo de 30 años de darle la oportunidad ininterrumpida de ser algo más que un modo de selección de gobernantes, quizá haya llegado la hora de aceptar que si bien la Argentina tiene en efecto un régimen democrático no es, sin embargo, para utilizar la distinción de Guillermo O'Donnell, un Estado democrático: el aparato institucional y legal del Estado no ha sabido garantizar el derecho de los ciudadanos a una protección justa y equitativa en sus relaciones sociales y económicas.

Si de grados de democracia se trata, no queda más que aceptar que nuestro país ha descendido, desde el primer gobierno surgido de elecciones libres en 1983, en la escala con que es posible juzgar la calidad de nuestra vida común. Desde entonces, la ampliación del mundo de la pobreza y de la marginación y la degradación sostenida de los bienes públicos -desde las infraestructuras hasta, principalmente, la educación- han ido convirtiendo a nuestro país en un archipiélago en el que islas de miseria permanente son fronterizas de territorios de opulencia, en el que las provincias y los grandes municipios funcionan como feudos y la calidad de los bienes privados se ha ido distanciando, cada vez más, de la de los bienes públicos. Las promesas de cada gobierno, desde entonces, han terminado fundamentalmente en fracaso, frustración y dolor. Nada hace pensar que será diferente.

Como conjunto de asunciones acerca de qué debe ser la ciudadanía y qué debe ser la libertad, nuestra democracia abreva en dos tradiciones, la liberal y la republicana. La primera sostiene que la libertad consiste en la capacidad de las personas de elegir sus propios valores y metas vitales, sin interferencia ni coerción alguna del Estado ni de los otros. Para la segunda, la libertad depende de nuestra capacidad de concebir y compartir el autogobierno colectivo. La idea liberal pone el énfasis en la libertad individual y sus derechos; la republicana, en la ciudadanía y sus deberes. En la tensión entre ambas tradiciones se resuelven las dificultades y los proyectos reales de las sociedades integradas del mundo actual, y la alternativa prevalencia de una sobre otra orienta y modela los destinos colectivos. La idea liberal no siempre es mezquina: en muchas de sus versiones sostiene que el gobierno debe asegurar a todos los ciudadanos un nivel decente de ingresos, vivienda, salud y educación porque quienes están aplastados por necesidades económicas no son verdaderamente libres para tomar decisiones sobre sus propias vidas. La idea republicana no es necesariamente intolerante con la libertad individual.

En ambas tradiciones, la preocupación es a un mismo tiempo por el presente y por el futuro: cómo articular lo público con lo privado, cómo construir destinos individuales y colectivos, cómo vivir juntos. Pero sometida a la erosión producida por la destrucción de la vida pública, la mayor degradación que ha sufrido esa democracia cuya celebración realizamos satisfechos es justamente su incapacidad para crear visiones compartidas de un futuro común, y el desamparo en que deja a una parte cada vez mayor de la población para decidir sobre su propio destino. Ni libertad individual ni autogobierno colectivo, ni decisiones individuales ni deliberación entre ciudadanos iguales sobre el bien común y el futuro de la comunidad política.

La democracia es a la vez refractaria a los adjetivos -debe ser tan sólo eso que designa nuestra elección de un modo de vida en común-, y está necesitada de ellos, para que podamos comprenderla y mejorarla. La nuestra, empobrecida, ya no está amenazada por posibles dictaduras: está amenazada por sí misma. No es que se trate de una democracia sin adjetivos ni de una democracia adjetivada. Se trata, y nada podría ser peor, de una democracia sin vocación de ser algo más que la ausencia de una dictadura.

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