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Una evaluación internacional clave para el país
Este mes se pondrá bajo la lupa la solidez de su sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
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Para LA NACIONIgnacio M. Yacobucci
Más allá de las cuestiones domésticas que enfrenta al país, atravesadas por el cambio de autoridades acontecido el pasado 10 de diciembre de 2023, el Estado Argentino deberá sortear una de las etapas más importante de una evaluación internacional en relación con la solidez de su sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
La visita de un grupo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es un eslabón más en un proceso que se inició durante 2023, con la presentación de diversos informes escritos al grupo evaluador. El objeto de análisis será el funcionamiento de aquel sistema durante el período 2019-2023 y la Argentina es uno de los pocos países de GAFI que aun resta de ser evaluado en esta cuarta ronda de evaluaciones.
Ya se encuentra en análisis las pautas y criterios que serán objeto de examen en la quinta ronda.
El proceso examinador tiene como objetivo llevar adelante un relevamiento en punto al cumplimiento técnico y a la efectividad del sistema de prevención, a la luz del cumplimiento de los estándares del GAFI (sustancialmente sus 40 Recomendaciones). Es decir, por un lado, se pone el foco en el andamiaje jurídico que sustenta al sistema de prevención y por el otro, a su concreto y real funcionamiento.
Como se advierte se trata de un examen de carácter técnico que requiere un esfuerzo mancomunado de todos los actores del señalado Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En este marco, la Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción, ocupa un rol sustancial pues institucionalmente su misión no es otra que reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional antilavado de activos (decreto 360/2016).
Justamente como elemento previo a esta evaluación fue aquel organismo el encargado de articular las evaluaciones nacionales de riesgo para identificar las circunstancias y elementos de mayor trascendencia en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva como así también de articular una estrategia nacional de riesgo para mitigar aquellos extremos.
Como fruto de aquel trabajo y de los lineamientos emitidos por el GAFI se propusieron una serie de reformas de distintas normas y regulaciones, entre ellas, la que atañe a la ley 25.246, que se encuentra en trámite y cuya pronta sanción es una cuestión prioritaria. También muchos organismos reguladores con funciones dentro del sistema de prevención han actualizado sus disposiciones para ajustarse a tales requerimientos.
La evaluación examinará tales cambios y su suficiencia para demostrar que el sistema se apega a las propuestas del grupo internacional. Pero esto no es todo. Como se dijo, también se evaluará su efectividad, en otros palabras, su funcionamiento real. Aquí entre en juego no solo la actividad de los organismos públicos, tales como la Unidad de Información Financiera, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Superintendencia de Seguros, el INAES, la AFIP, el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial de la Nación, entre otros, sino también la de los privados, es decir, sujetos obligados (escribanos, contadores, bancos, remesadoras, aseguradoras, registros públicos, entro otros).
El sistema es una amalgama de organismos públicos y privados que deben funcionar armónicamente para consolidar un sistema eficaz al momento de detectar y prevenir maniobras de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
En este marco, la evaluación es un desafío colectivo de todos aquellos sujetos que deben actuar en equipo, con notable perfil técnico, para mostrar todo lo que el país puede exhibir en la materia que no es poco y que funciona muy bien.
No se trata de una instancia política o de naturaleza partidaria pues, como se verifica, atraviesa lo hecho en varias gestiones de gobierno y por ello, en definitiva, reclama el compromiso de todos los actores del sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Este mes de marzo se pone a prueba el juego articulado del sector público y privado, cada uno en su rol específico, alineado a un objetivo común para demostrar el trabajo hecho a lo largo del tiempo en un país que, claramente, asume como política de estado la de enfrentar con eficacia a los grupos criminales trasnacionales, al flagelo internacional del terrorismo y al peligro incalculable de las armas de destrucción masiva.
El proceso continúa luego hasta aproximadamente octubre de 2024, oportunidad en la cual conoceremos la performance del país en la cuestión y se abrirá un nuevo panorama en pos de los cambios que deberán implementarse teniendo en consideración los desafíos de la quinta ronda de evaluación y de los nuevos factores de riesgo, pues la criminalidad no descansa y los medios que utiliza se van actualizando, haciéndose más sofisticados y complejos.
Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
