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Una justicia sin fronteras
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EL 18 de julio pasado quedó formalmente constituido, en Roma, el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas. Esta Corte, concebida como una instancia judicial independiente, podrá juzgar y condenar a quienes hayan cometido tres clases de crímenes: crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. El tratado que contiene estas normas fue aprobado por 120 países, entre ellos el nuestro. Estados Unidos, China, India, Israel, Sri Lanka, Filipinas y Turquía votaron en contra, amén de otras 21 delegaciones que se abstuvieron.
Si aplicásemos a este análisis un estricto criterio democrático, tal votación significaría un éxito rotundo y, como afirmó el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, el hecho de reunir tantas voluntades representa un "paso gigante hacia la justicia". Un salto sin duda más efectivo que los fracasos recurrentes que sufrió el mundo en esta materia durante el último medio siglo, y que acaso pueda dar impulso a la tarea, que ya se emprendió en forma circunscripta, de juzgar los genocidios perpetrados en la ex Yugoslavia y en Ruanda.
Tanto mejor, pero ya sabemos (nos lo han enseñado las guerras y matanzas que jalonaron el siglo XX) que la vida internacional, lejos de estar regida por la legitimidad democrática, se desenvuelve aún en un medio hostil determinado por la regla de la desigualdad y por una estructura de poder semejante a la de un orden aristocrático.
Los Estados Unidos se han opuesto al tratado porque temen que una corte de estas características, con un fiscal independiente, pueda juzgar a soldados norteamericanos por crímenes de guerra debido a manejos o manipulaciones políticas. Dos gigantes demográficos, como China e India, tampoco han acompañado el voto de la mayoría. Con un lenguaje que curiosamente evoca las reflexiones de Juan Bautista Alberdi sobre nuestras viejas constituciones unitarias del siglo XIX -sólidas en su forma e intrascendentes en sus efectos-, el delegado norteamericano David Scheffer dijo que la Corte en cuestión era "fuerte en el papel y débil en la realidad".
Más cauto, el delegado holandés Gam Strijards dejó en claro lo que para muchos es un obstáculo difícil de franquear: "No podemos tener una Corte con jurisdicción universal sin la mayor potencia militar del mundo a bordo. No diré que hemos parido un monstruo, pero la criatura tiene algunos defectos".
Las preguntas que se desprenden de estas observaciones no dejan, pues, de causar inquietud. ¿Tiene acaso sentido instaurar una justicia internacional que haga efectivos, mediante el debido proceso judicial, los derechos humanos proclamados hace medio siglo? Y si ello es así: ¿qué rol les cabe en esta tarea a los Estados Unidos, la única superpotencia que hoy ha quedado en pie en el mundo? Este es el meollo de una cuestión que habrá de influir sobre la agenda internacional durante muchos años.
El mundo está globalizado. Sin embargo, a medida que se hace más densa la trama de las relaciones planetarias, se hace también más evidente la fragilidad de las instituciones internacionales que deberían mediar y resolver, en ese ámbito global, diversos tipos de conflicto.
Esta circunstancia ha dado origen a varios procesos que, de algún modo, están prefigurando el escenario del próximo siglo. El clamor por la justicia y el repudio a los crímenes más atroces es una tendencia universal que contrasta con la insistencia con que estos hechos vuelven, una y otra vez, a la palestra pública.
El comercio mundial y la red de comunicaciones que se expande por el planeta no han impedido la guerra ni ahuyentado el fantasma de la diseminación nuclear. Como nos recordaba hace unos días André Fontaine en las páginas de Le Monde, "el tratado de no proliferación que pretendía limitar a cinco, ad vitam aeternam, el número de los que detentan el arma de las armas, ha sido abiertamente derrotado por la decisión de la India, y, como consecuencia, de Paquistán, de proceder ellos mismos a efectuar pruebas nucleares".
¿Puede imaginarse crimen más flagrante (de genocidio, de guerra o contra la humanidad) que un ataque nuclear? Paradójicamente, el uso de armas nucleares no ha sido clasificado en el tratado que se votó en Roma como un crimen de guerra. "Parece broma", comentó un experto de seguridad de la India, "si se mata gente con balas, es un crimen. Si se usan armas nucleares, no es un crimen. La comunidad internacional ha legitimado el uso de las armas nucleares".
Las contradicciones, lagunas y demoras están pues a la vista y no parece necesario, para ilustrar este panorama, abundar en otros detalles (Francia, por ejemplo, que apoyó el tratado, consiguió que se otorgue el derecho de rechazar la jurisdicción del tribunal con respecto a crímenes de guerra en el curso de sus primeros siete años de vida). Pero estos puntos, si bien importantes, acaso no logren empalidecer del todo la significación de este tribunal de justicia internacional. Lentamente, sobre el fragor hiriente de la guerra, un conjunto de naciones, donde sobresalen las pertenecientes a Europa, América latina y Canadá, está explorando el camino que conduzca a una mayor institucionalización de los derechos humanos en todo el mundo.
Mientras se discute con renovado interés acerca del vigor de los particularismos nacionales o regionales y hasta de un verdadero "choque de civilizaciones", según Samuel P. Huntington, este tímido asomo de valores universales muestra que la idea de los derechos humanos, más que una suerte de prolongación invasora de la cultura occidental, se ha convertido en patrimonio de la humanidad: un horizonte normativo, común al género humano, que debe protegerse y, sin duda, perfeccionarse.
Para que ello sea posible es preciso que el orden internacional (actualmente inexistente) sea respaldado por un nuevo concepto de la justicia. Aún estamos en pañales con respecto a esta promesa, sobre todo porque las deliberaciones de Roma han puesto a descubierto el rol que, por ahora, se asignan los Estados Unidos en el mundo.
La primera superpotencia democrática de este siglo, "la república imperial" de que nos hablaba Raymond Aron, ¿podrá asumir en los años venideros, y como antaño, el papel de un founding father de instituciones internacionales capaz de respaldar con su poder esa trabajosa tarea? Todavía no está dicha la última palabra.
