Una nueva fractura en los vínculos entre la política y la sociedad

“No son espontáneos, no es una casualidad, si yo tuviera quién está detrás, hubiese empezado por ahí. No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, sobre los saqueos y casi 200 intentos vandálicos que vienen alarmando al país en las últimas 48 horas.

Esa “persona del gobierno” a la que se refería el ministro es ni más ni menos que Gabriela Cerruti, la portavoz oficial de todo el gobierno de Alberto Fernández.

El Presidente aclaró ayer que “no habla porque no es candidato”, pero lleva semanas ausente de la actividad pública y, al parecer, de la toma de decisiones, ganándose el mote de “expresidente en ejercicio”, una situación jamás vista desde el retorno de la democracia, al punto que dan ganas de viajar en el tiempo a pedirle disculpas a Fernando de la Rúa, quien tuvo impericia pero no se “borró” de su responsabilidad en momentos sensibles que desencadenaron la crisis de 2001, como hoy hace Alberto.

Cerruti no dudó y, dado el cargo que ejerce, habla en nombre del gobierno y no a título personal. Acusó primero a Javier Milei y luego a Patricia Bullrich de incentivar los saqueos: “El clima en las redes sociales y ayer todo el día lo fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de La Libertad Avanza y, en algunos casos, también a los grupos de Bullrich; y que fueron generando un clima sobre algo que querían que sucediera”, aseguró.

Este contrapunto entre la portavoz y el ministro de Seguridad es un claro ejemplo de la anarquía y la falta de conducción y lineamientos que tiene el gobierno kirchnerista, que nos invita a preguntarnos si ya dejaron de hablar entre ellos para ponerse de acuerdo antes de señalar responsabilidades en hechos violentos como son los saqueos y robos a comercios y supermercados, culpando a dirigentes políticos opositores, o lo que está ocurriendo es que cada uno hace su juego, como si el gobierno estuviese loteado, lo que sería, además de irresponsable, demasiado peligroso para la ya lesionada gobernabilidad. Ni hablar para los intereses del candidato Serio Massa, que desde Washington explotó contra la vocera.

La sombra de los saqueos estuvo siempre presente en la vida política argentina desde aquel fatídico diciembre de 2001. Aparecían esporádicamente en distintos “diciembres” siempre de la mano y la organización de punteros políticos, nunca fueron espontáneos. De hecho, esta es la primera vez que un gobierno peronista los sufre, mucho más si suceden en municipios y provincias que también gobierna. Los saqueos de 2001 no fueron “naturales”, también estuvieron organizados por la oposición, que quería desestabilizar a lo que quedaba del gobierno de la Alianza. Intendentes peronistas encabezaban marchas a Plaza de Mayo mientras sus seguidores iban saqueando a sus propios vecinos. Pero el marco general mostraba la existencia de una crisis mucho más profunda que un abatimiento económico. Muchos analistas que abordaron y estudiaron la crisis de 2001 la describen como el peor derrumbe social de la historia argentina. La economía no podía contener la demanda de una sociedad que no soportaba la presión económica, pero lo que realmente se puso en jaque fue la capacidad del estado, e incluso de la democracia, como mecanismo institucional para encontrar alternativas y capacidad de dar soluciones. Se rompieron los vínculos políticos y sociales que ya no daban muestras de garantizar la supervivencia normal de gran parte de la población.

Luego, a diferencia de lo que sucedió en otros países de la región -incluso con mejores indicadores sociales y económicos, como Chile- el sistema político argentino demostró ser más robusto que el sistema económico. Eso evitó que el país no caiga en una eclosión social multitudinaria caracterizada por la violencia y el caos. Salvo situaciones aisladas, siempre las salidas fueron electorales, incluso a partir de 2003, cuando elegimos un nuevo gobierno después de la experiencia asambleísta de Eduardo Duhalde. Crecieron los subsidios estatales, los planes, se desvirtuó la balanza, el que produce y trabaja debe pagar cada vez más impuestos para compensar a un estado que extiende sus políticas sociales con el fin de tener control político sobre los sectores más rezagados. Hay un cambio de paradigma en la representación política, hoy un dirigente de una organización social tiene el mismo poder o más que un dirigente sindical que representa a trabajadores bajo convenio. La economía en negro y el trabajador independiente, la mitad de la población económicamente activa, está al margen de cualquier resultado que puedan obtener en una negociación tanto sindicalistas como referentes sociales. Ese es el sector que está verdaderamente relegado y marginado en este modelo, al que se le exige todo y no recibe nada a cambio.

Salvo por la transferencia de recursos en forma de planes sociales, la situación es muy parecida a la de 2001, eso juega a favor de poder contar una herramienta para ordenar la situación social, con decisión política los saqueos se controlarán en breve, el problema es político: es notoria la ausencia del poder y la culminación de un ciclo como en aquel momento bisagra de nuestra historia. Ya el Presidente y su vice dejaron el gobierno en manos del ministro de Economía y candidato, que todo lo hace pensando en su porvenir político, y de su vocera, que parece ser una funcionaria “cuentapropista”, que opina en nombre de todo el gobierno, que luego se desentiende de sus acusaciones, como pasó esta semana con el tema seguridad y saqueos. Para colmo de males, Massa y Cerruti se detestan, no sólo por el entredicho de ayer. Ya había ocurrido algo parecido con el episodio que le costó el cargo al asesor presidencial Antonio Aracre.

Así como en 2001, hoy se están fracturando de nuevo los vínculos entre la política y la sociedad, se perdió la confianza en la capacidad de este estado para administrar cierta calidad de vida de la población. Hay un hecho gravísimo y significativo al que asistimos un año atrás, como fue el intento de atentado contra Cristina Kirchner. Todos vimos por televisión como martillaban un arma a centímetros de su rostro. No fue una acción criminal orquestada por la “derecha poderosa que quería eliminar a un enemigo que defiende al pueblo” como quiso presentarlo el kirchnerismo, según la investigación judicial fueron unos “loquitos”, los llamados “Copitos”, que pudieron acercarse por las fallas en la seguridad. Hubo quienes creyeron en la posibilidad de un autoatentado, y en mucho ayudó a esa desconfianza que miembros del gobierno, la vocera puntualmente, con una irresponsabilidad desmedida, apuntara “a periodistas con nombre y apellido” de incentivar un “aniquilamiento”. Una verdadera locura. De todos modos, ahí estaba la muestra de la ruptura entre la política y la sociedad. Un hecho criminal, institucionalmente muy grave, pasó a ser parte de la comidilla y la desconfianza política.

Todo este desentendimiento, que se venía construyendo a la vista de todos, explica por qué gran parte de la sociedad votó de la manera que lo hizo en las últimas PASO. Para ese sector, que sigue creciendo, hay que volar este modelo por los aires y encontró en un candidato como Javier Milei el instrumento para detonar la bomba.

“A los que tiren piedras los voy a meter presos y si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto”, dice Milei cuando habla de los problemas que va a enfrentar con sus políticas disruptivas, dejándose llevar por la pasión y endulzando los oídos de sus votantes con frases y propuestas terminantes, sin reparar que el país no necesita mártires sino buenos gestores. Hay que tener sensibilidad y cuidado, cuando las propuestas son tan simplistas como inviables, porque pueden desencantar con mucha facilidad a un electorado que no tiene obediencia ni sumisión partidaria y puede darle la espalda fácilmente si esos atajos que el libertario propone no se encuentran rápidamente.

Entre Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa saldrá el próximo presidente de los argentinos. Ninguno contará con mayorías parlamentarias y deberá irremediablemente utilizar un instrumento político activo en todas las democracias del mundo pero que en la política local el kirchnerismo hizo costumbre abandonar como práctica: la negociación política. A cuarenta años de la recuperación de la democracia sería una muestra de madurez comprender que las salidas no pueden estar en manos de quienes se comportan como supuestos mesías. Ya pagamos esa cuota, y nos salió muy cara, con Cristina y su “vamos por todo”. Y esto deberían entenderlo tanto la sociedad como quienes aspiran a representarla en el gobierno.

De lo contrario, así como volvieron los saqueos, puede volver una invitación popular a la dirigencia política a que, nuevamente, se vayan todos.