1
Una reforma oportunista, pero necesaria
La evidente intención de desviar la atención tras la muerte del fiscal Nisman le resta credibilidad al Gobierno y alerta a quienes temen que, una vez más, busque imponer su proyecto sin cambios y sin aceptar instancias de control
1 minuto de lectura'
El anuncio presidencial sobre la disolución de la Secretaría de Inteligencia pareciera ser un intento por desviar la atención respecto de los sucesos que llevaron a la trágica muerte del fiscal Nisman. Tanto la iniciativa en sí misma como el apuro con que se pretende tratarla en el Congreso responden más a una necesidad política urgente del Gobierno que a una medida tendiente esclarecer la muerte del fiscal. En tal sentido, el anuncio no disipará el estado de sospecha que se cierne en torno a este último episodio, aunque ciertamente denota la persistente habilidad de la presidenta de la Nación para retomar el control de la agenda política.
De todos modos, no se puede soslayar que la decisión de disolver la ex SIDE coincide con una asignatura pendiente de nuestra joven democracia. Resulta una verdad de Perogrullo señalar que desde 1983 hasta la fecha hubo múltiples reformas que permitieron avanzar en el proceso de consolidación democrática: sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil, protección y expansión de los derechos civiles y libertades fundamentales, elecciones periódicas, equilibrio en la división de poderes, entre otros. Aunque con matices, los cambios han sido incrementales y sostenidos.
Sin embargo, la Secretaría de Inteligencia ha logrado en gran medida eludir el proceso de reformas. Luego de tres décadas de gobierno democrático, un tercio del cual transcurrió bajo el mando del kirchnerismo, recién ahora se avanzará con una reforma profunda en uno de los enclaves de poder más cuestionados de nuestro sistema político. El resultado de décadas de inacción está a la vista. En lugar de ser un organismo concentrado en la obtención y análisis de información referida a potenciales hechos, amenazas y conflictos que afecten la seguridad de la Nación, la Secretaría de Inteligencia se ha convertido en un actor preponderante de la política interna que mediante espionaje doméstico y chantaje presiona a políticos, periodistas, empresarios y funcionarios judiciales. En vez de comportarse como una agencia al servicio del poder político -según la ley 25.520, la secretaría tiene rango de ministerio y depende de la Presidencia de la Nación-, ha pasado a ser un nicho de poder y cuentapropismo autónomo, con la capacidad incluso de desafiar al propio poder político al cual debe servir.
En este escenario se destacan dos claros problemas políticos. En primer lugar, este tema no es nuevo ni reciente, lo cual genera cierto déficit de credibilidad en la propuesta presidencial. Resulta llamativo que tras ocho años en el gobierno y sólo once meses antes de finalizar su mandato, la Presidenta apueste por la institucionalidad y así pretenda legarle a su sucesor un organismo depurado, transparente y bajo control político, cuando nunca antes hasta ahora había mostrado interés por el descontrol del sistema de inteligencia. Una vez más, el kirchnerismo promueve un proyecto valioso y necesario, pero fundado en las razones incorrectas o al menos en razones que la oposición no comparte, metiendo así al arco opositor en una trampa difícil de sortear. En segundo lugar, no queda claro si este proyecto permitirá desactivar el crecimiento del uso de la inteligencia militar para cuestiones domésticas (un serio retroceso en términos de consolidación democrática) ni cuál será el futuro del general Milani. Deberemos esperar a leer el proyecto oficial para determinar cómo encajará su figura en el nuevo sistema de inteligencia nacional.
Así, la Secretaría de Inteligencia se ha vuelto una amenaza para toda la clase política. Sin embargo, no es fácil ponerle el cascabel al gato. Las reformas sólo son posibles en circunstancias especiales y requieren un amplio apoyo político. El consenso resulta especialmente relevante ante una situación de gravedad institucional como la actual, que ha motivado a la Presidenta a convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. Pero a los efectos del diálogo y el consenso, la gran incógnita consiste en si habrá un cambio de actitud respecto de la forma de proceder durante el proceso de debate legislativo o si una vez más el Frente para la Victoria intentará imponer sin cambios su proyecto, aferrándose a rajatabla a su propuesta, sin concesiones ni espacio para la discusión real. Esto resultará clave para determinar el apoyo de la oposición.
Para la estética del Gobierno, dialogar es signo de debilidad; negociar, síntoma de claudicación. Este enfoque resulta corrosivo políticamente, impide la construcción de canales de cooperación interpartidaria y resta legitimidad a todas las iniciativas legislativas del oficialismo. Así, las más importantes reformas institucionales aprobadas por el Congreso durante el kirchnerismo no obtuvieron apoyo de la oposición, tal como el Consejo de la Magistratura, la "democratización" de la Justicia, el Código Civil y, más recientemente, la reforma procesal penal. De persistir esta dinámica, la nueva ley de inteligencia estará condenada al fracaso o al menos a la contrarreforma.
Sin embargo, si el oficialismo cambiara su estrategia y aceptara dialogar con la oposición -algo que no resulta probable a la luz de los ejemplos mencionados y de 12 años de gestión-, algunos temas inexorablemente deberían ser sometidos a debate y eventualmente el FPV tendría que realizar concesiones.
¿Cuáles podrían ser los principales puntos de discusión o negociación? Uno de los cuestionamientos centrales será que las escuchas judiciales pasen a la órbita de la Procuración General de la Nación. Esto consolidaría un desplazamiento de poder y funciones hacia dicho organismo, que comenzó con las nuevas atribuciones adquiridas como producto de la recientemente aprobada reforma procesal penal. Este nuevo escenario requiere una evaluación cuidadosa, que excede a Gils Carbó: se trata de una cuestión de ingeniería institucional que permita restablecer el balance entre los organismos constitucionales que integran el sistema de Justicia y los tres poderes del Estado. Con tal fin, debería discutirse la ley orgánica del Ministerio Público y la efectiva puesta en marcha de la postergada Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.
La urgente sanción de una ley de acceso a la información pública será otro punto en el temario, aunque no haya sido incluido en la agenda por la Presidenta. No hay control posible si no se garantiza el acceso efectivo a los documentos y datos en manos del Estado. Este atraso resulta ya inexcusable: en la región sólo la Argentina, Bolivia y Venezuela carecen de una ley en la materia.
También debería debatirse la creación de una policía judicial, que permita deslindar a la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad de las funciones de investigación en el marco de actuaciones judiciales, dejándoles a éstas sólo las labores de prevención y seguridad.
Asimismo, debería repensarse la lógica de funcionamiento de las comisiones de control de la nueva Agencia Federal de Inteligencia y de seguimiento del Ministerio Público Fiscal. Para tal fin, se torna necesario discutir la posibilidad de que en dichas comisiones la mayoría y la presidencia queden en manos de la oposición. De lo contrario, la función de contralor se torna una utopía. Nadie se controla a sí mismo, menos en nuestro país. Esto debería ser extensivo a todas las comisiones parlamentarias con funciones de control.
Si se inicia un verdadero proceso de diálogo político y algunos de estos temas son incluidos en la agenda de debate en torno a la reforma de la ley de inteligencia, y si el oficialismo atiende algunas de las demandas y opiniones de la oposición, seremos testigos de algo inusitado: la creación de una política de Estado, en este caso, en materia de inteligencia. De esa forma, no sólo se resolvería un gravísimo problema de larga data, sino que además sería un valioso crecimiento para nuestra comunidad democrática, más acostumbrada al cortoplacismo y a la supremacía de los intereses coyunturales.
El autor, doctor en Ciencias Políticas, es presidente del Laboratorio de Políticas Públicas
