Una sociedad alerta y movilizada, una democracia resiliente y legitimada

Todas las sociedades pasan por experiencias históricas traumáticas, coyunturas críticas que deben ser revisadas de manera permanente o hechos controversiales que requieren un compromiso colectivo para promover una reflexión, por su trascendencia e impacto en el acervo cultural de una nación. Con todos los defectos y la enorme cantidad de asignaturas pendientes (el nuestro es un proyecto de país todavía en pañales), con las tensiones que permanecen y se multiplican, con tantos debates aún abiertos, cada 24 de marzo nos enfrentamos con esa dura mezcla de dolor e indignación. Nos cuestionamos cómo pudimos caer tan bajo, cómo una sociedad tan pujante y en muchos aspectos sofisticada fue capaz de pergeñar semejante sinrazón. También, cómo asegurarnos de que el principal consenso que logramos quede firme para siempre: nunca más.

Sorprenden las múltiples voces que ofrecieron reflexiones valiosas y valientes sobre esta etapa tan trágica de la que hay tanto para aprender: la Argentina se demostró a sí misma que mantiene un capital intelectual extraordinario, con perspectivas y opiniones variadas que forman un magma proteico y elemental para nutrir los fundamentos de una democracia plural y consolidada como el único juego político legítimo y reconocido por todos los actores sociales. Aun en un contexto de estancamiento económico y de frustraciones persistentes, el nivel de apoyo de la ciudadanía a la democracia no tiene antecedentes en la historia del país: 75%, el más alto de toda América Latina. A esto se suma el proceso de transformación institucional de las Fuerzas Armadas, que evolucionaron en las últimas décadas hacia un esquema de profesionalización y subordinación al poder civil que fortalece el sistema democrático en su conjunto, aun cuando muchas veces fueron injustamente perjudicadas, tanto desde lo presupuestario como desde lo reputacional. Enorme logro como para estar orgullosos, a pesar de que nuestra agenda de fortalecimiento institucional es tan amplia y exigente como de compleja implementación.

El pasado martes comprobamos un compromiso activo y vital con la memoria, como quedó visible con las múltiples y masivas movilizaciones que se extendieron en distintos puntos del país, en especial en las principales ciudades. También en el exterior, dada la gran cantidad de conciudadanos que migraron en esta suerte de diáspora que, más reciente o más remota, forma parte de nuestro patrimonio societal. Hubo familias, parejas, amigos, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil, individuos de carne y hueso que sintieron la necesidad de manifestarse, de estar ahí. Predominó una demografía crítica al oficialismo, pero lo político, el significado y el sentido de participación y expresión popular desplazó cualquier veta partidaria o intento de capitalización en términos egoístas, con excepciones acotadas y esperables.

Este 24 de marzo no fue un feriado más. Tenemos tantos que a menudo se pierde dimensión de su significado histórico, de lo que se conmemora, y se desplaza el interés hacia tomarse un breve descanso o hacer algo de miniturismo. No en esta oportunidad. En los espacios más importantes de sociabilidad (instituciones educativas, ámbitos laborales), en los medios de comunicación viejos y nuevos y en el caótico y desbordado entorno de las redes sociales, la conversación pública giró en torno de este peculiar aniversario. Medio siglo. Para casi el 90% de nuestros conciudadanos, que por una cuestión etaria no fueron testigos ni pasivos protagonistas de esa negra página, pero sobre todo para el segmento restante, que tenemos aún una vivencia emocional imborrable de lo que implicaron aquellos escalofriantes idus de marzo, con un sistema político resignado a un nuevo y recurrente golpe militar, el recuerdo es resultado de una construcción a partir de narrativas y retazos de una realidad inasible, espantosa y fundacional.

Porque nuestro compromiso democrático se basa más en lo que no queremos ser, en el rechazo a la violencia y el terror, que en un proyecto común de país tangible, preciso e integrador de nuestro fragmentado tejido político y social. No solo nos falta implementar reformas orientadas a conformar una democracia de mejor calidad institucional, cuestión ausente de la agenda de discusión desde hace demasiado tiempo. Antes, y como prerrequisito elemental, debemos elaborar una visión compartida de país para los casi 47 millones de argentinos a partir de ese documento en gran medida inexplorado o ignorado que es la Constitución de 1994.

A pesar de tantas dificultades y de un proceso de fragmentación política y social que alarma por su profundidad, dinámica y velocidad, la sociedad argentina se muestra activa, vigilante, resistente. No solo no olvida: se interpela y se obliga a repensar, reflexionar y convivir aun desde posiciones muy diferentes e incluso contrapuestas en algunos aspectos: demostramos valentía, a pesar de sesgos y obsesiones, y debatimos los temas más complejos. Tal vez no todos. Seguramente debemos aprender a escucharnos más. Nos queda un largo trecho para plasmar una cultura (hábitos, ideas, valores, formas de vida y convivencia) democrática. Otras sociedades, incluso la nuestra en el pasado, prefirieron olvidar, desviar la atención, evitar el tratamiento a fondo de situaciones que podrían despertar el germen de la secesión, de luchas fratricidas.

La enorme polifonía, la diversidad de opiniones que nos define y nos alimenta, nos obliga a aceptar que no hay una única verdad. La historia es un proceso vivo, cambiante, que se nutre de preguntas originales, descubrimiento de fuentes antes no disponibles, innovaciones metodológicas que permiten contestar interrogantes fuera de nuestro alcance. Le preguntamos a nuestra experiencia, personal y colectiva, cosas distintas a lo largo de nuestra vida: las motivaciones y los sesgos se transforman en función de nuestras vivencias y responsabilidades. Todas esas reconstrucciones de la realidad histórica son válidas: en una sociedad libre, la legitimidad de las miradas de los otros, la aceptación de las diferencias, constituye una condición imprescindible para la convivencia y la interacción de conjunto.

Es inaceptable que un gobierno pretenda ser el garante de una “verdad completa”. Puede proponer una visión distinta, o incluso muchas, o fomentar voces o interpretaciones que hayan podido quedar solapadas. Pero nadie es el dueño de “la verdad”. Sorprende, hasta grados de una excentricidad que puede tornar en grotesco, que un gobierno autodenominado libertario pretenda semejante operación. Resulta absurdo pretender que la trillada “batalla cultural” que busca (¿o buscaba?) librar el Presidente (las dudas e interrogantes sin respuesta oficial respecto de su apego a los principios morales que enarbola, en especial a partir de los casos $LIBRA y Adorni, le restan capacidad y credibilidad para erigirse en una autoridad legítima a la hora de cuestionar valores o prácticas de sus enemigos y adversarios) puede clausurar debates u ofrecer interpretaciones definitivas sobre cualquier hecho del pasado, sobre todo en torno a un acontecimiento tan grave y relevante como el último golpe militar.

No lo lograron las leyes de punto final y obediencia debida ni los indultos de Menem. ¿Por qué apagaría la llama de la reflexión colectiva esta gris campaña gubernamental? Así como otros pudieron haber inclinado la cancha hacia determinadas interpretaciones o negado la importancia de gestas extraordinarias como el Juicio a las Juntas, la pretensión de clausurar un debate o definir los parámetros de lo que “debe ser” contiene un riesgo autoritario inadmisible: ningún gobierno nos puede decir qué o cómo pensar.

Por Sergio Berensztein

---

Conforme a

Tipo de trabajo:

opinión