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¿Una subsecretaría de veredas rotas?
Podría funcionar como una perfecta ironía, si no fuera una realidad que revela un déficit histórico de la Capital ante el cual el Estado porteño no logró una capacidad de respuesta eficiente, con el consecuente impacto en la vida cotidiana de millones de vecinos, especialmente en la de las personas con movilidad reducida. Desde hace pocos meses, la Ciudad conformó la llamada Subsecretaría de Vías Peatonales para ocuparse de un problema conocido por todos con un nombre más sencillo: las veredas rotas.
Los datos inquietan. Según un relevamiento oficial culminado en 2015, el 52% de los frentistas padecía algún tipo de daño en su vereda: desde baldosas flojas hasta la destrucción total. Dos tercios de esos daños habían sido causados por la acción de empresas de servicios y, por lo tanto, su arreglo dejó de ser responsabilidad del frentista. Un segundo censo está en marcha ahora, y lejos de esperar un resultado favorable, en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ya anticipan que el porcentaje de aceras con roturas será mayor, más cercano al 60%.
Es altamente probable. Los permisos para aperturas en la vía pública -que se practican, en su mayoría, en veredas- se triplicaron desde enero de 2016: pasaron de 250 a 800 por día. Y las estadísticas de reclamos también muestran un malestar creciente entre los vecinos por este trastorno: según un análisis de LN Data, durante el mandato de Mauricio Macri como jefe de gobierno las quejas por veredas ocupaban el quinto lugar, mientras que subieron al cuarto durante 2016, ya durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy suman 100 por día.
En algunas comunas, los daños se tornan críticos: según un informe reciente de la Fundación Rumbos, que se especializa en temas de accesibilidad urbana, el 80% de los frentes situados en 100 cuadras relevadas en Almagro y Boedo, Caballito y Belgrano registran como baldosas flojas o rotas, o desniveles por las raíces de los árboles, con el consecuente peligro para los peatones.
En muchas cuadras de otros barrios la situación se repite. Por ejemplo, en Altolaguirre al 2200, mano impar, en Villa Urquiza. De los siete frentes existentes, el más cercano al cruce con Blanco Encalada presenta un profundo hundimiento; el segundo fue arreglado por el Estado hace varios años durante una campaña de renovación mediante superficies de cemento peinado y poco después fue roto por una empresa de servicios: hoy todo el sector intervenido por la contratista sucumbió en desnivel. El tercero y el cuarto frentes combinan baldosas flojas con hundimientos, mientras los últimos tres, hacia el cruce con Olazábal, exhiben múltiples piezas flojas. No se salvó ninguno.
Los memoriosos bien saben que el mal estado de las aceras viene atravesando sucesivos gobiernos desde hace por lo menos 20 años. En mayo de 1997, el gobierno porteño lanzaba una megalicitación que incluía la reparación de veredas en todos los barrios y la construcción de 3000 rampas para discapacitados. Y en 2000, las autoridades ya veían con preocupación cómo el avance de los trabajos de las empresas de servicio -en ese momento, se expandía fuertemente el tendido de fibra óptica- complotaba para acentuar un problema y anunciaban una nueva normativa que permitiría establecer controles más fuertes.
Hoy, la Ciudad también trabaja en la firma de convenios con el Gobierno nacional y las empresas de servicios para poder tener delegada la competencia de control de las aperturas y los cierres en la vía pública, así como la capacidad sancionatoria, en organismos propios de la jurisdicción. Un proyecto del Consejo Económico y Social de Buenos Aires (Cesba) apunta en el mismo sentido. Hasta ahora, como los contratos están firmados con la Nación y son monitoreados por entes regulatorios nacionales, había impugnaciones y disputas que incluso llegaron hasta la Justicia. En las concesionarias de los diferentes servicios, la predisposición por mejorar la calidad de las reparaciones también es buena, aunque existen otros actores como las subcontratistas.
Mediante estos convenios y la creación de la Subsecretaría de Vías Peatonales para centralizar toda la información y las acciones sobre las veredas porteñas, la estimación es disminuir un 30% los daños existentes para 2019.
Quedan dos largos años en los que los peatones deberán seguir sorteando obstáculos -un inconveniente que padecen mucho más las personas que usan bastón o sillas de ruedas, o los padres que empujan cochecitos de bebes- al transitar por la ciudad. Y serán testigos de casos paradigmáticos, como el sucedido el 26 de agosto pasado en el estreno de las obras de peatonalización de la calle Arroyo: el mismísimo día de la inauguración, un pozo ya asomaba entre la decoración especialmente desplegada para el evento, en detrimento de la paqueta arteria del barrio de Retiro que pretende ser un pedacito de París en Buenos Aires.
