El fracaso del perimido "modelo" chavista en Venezuela es tan inocultable como estrepitoso. Además de haberse convertido en uno de los países más inseguros del mundo, su economía, prácticamente quebrada, afronta claramente la peor crisis de toda una generación. No hay divisas para importar casi nada, a punto tal que hasta se está acabando la cebada para fabricar cerveza. Imposibilitada incluso de suministrar energía eléctrica a su población, llegó al extremo de que la administración pública venezolana sólo trabaje dos días por semana y exclusivamente de mañana. La constante escasez de alimentos y medicamentos obliga a los venezolanos a vivir en la ansiedad, haciendo colas permanentemente para conseguir productos de primera necesidad.
Frente a todo esto, el presidente Nicolás Maduro, derrotado sin atenuantes en las elecciones intermedias de diciembre pasado, evade su indiscutible responsabilidad para endilgársela a misteriosos chivos expiatorios. A nadie sorprende que su popularidad esté por el suelo.
Para intentar sobrevivir, Maduro designó 13 jueces del Tribunal Superior de Justicia horas antes de que, tras su traspié electoral, la Asamblea Nacional venezolana pasara a ser controlada por la oposición. Con un descaro sin igual, junto a esos magistrados, se ha dedicado abiertamente a la indigna tarea de quitarle al Poder Legislativo su función esencial, nada menos que la de legislar. Cada norma que sanciona la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es inmediatamente impugnada por el Poder Ejecutivo, que vergonzosa e inmediatamente la declara nula e inconstitucional. Se trata de un verdadero escándalo para la región, una estafa a la voluntad popular de los venezolanos y una burla indisimulable a la democracia como institución.
La reciente puesta en marcha del proceso de un referendo revocatorio, al que aparentemente sería sometido el cuestionado presidente antes de fin de año, alimenta la ilusión de gran parte de la ciudadanía venezolana, que añora poder deshacerse del totalitario Maduro para comenzar a superar los inconmensurables daños que su populista gestión viene provocando.
Las autoridades electorales, luego de demorar todo más allá de lo razonable, acaban de emitir los documentos que permitirán, en el corto plazo, recoger las firmas necesarias para poner en marcha el referido referendo revocatorio. Para que éste se concrete, el proceso contempla, primero, que el 1% de los autorizados a votar suscriba el pedido de referendo. Un 20% de estos mismos autorizados debería pronunciarse a favor de la concreción del referendo. Una vez realizada la votación, si el número de votos supera los obtenidos por Maduro para asumir como presidente de Venezuela, esto es algo más del 51%, Maduro debería tener que alejarse inapelablemente de una gestión ruinosa que ha lastimado profundamente a su castigado país como muy pocas veces en la historia.
Si su remoción se aprobara este año, debería convocarse a una nueva elección presidencial en la que, salvo acontecimientos dramáticos, la oposición habría de imponerse con mucha facilidad. Si, en cambio, el referendo revocatorio se dilatara hasta el año que viene, Maduro sería reemplazado por su vicepresidente, y para Venezuela sería apenas más de lo mismo. De allí que sea previsible que la administración de Maduro se empeñe en trabar desvergonzadamente todo el proceso, con el obvio propósito de dilatar cualquier concreción de la voluntad popular que se reclama desde hace rato. Si esto sucediera, los organismos sudamericanos deberían sancionar y separar de sus filas de inmediato a Venezuela.
