Veto total, la matriz de jugar siempre al límite

Casi ninguno de los diputados radicales que acaban de dar vuelta el voto para impedir el veto de Milei a la ley de movilidad jubilatoria parece estar incómodo o al menos sentirse expuesto por el cambio drástico. Al contrario. Hay que escuchar, por ejemplo, al tucumano Mariano Campero, y adivinar que incluso podría subir la apuesta e identificarse todavía más con el pensamiento del Presidente. Esas convicciones nuevas parten de una percepción que el exintendente de Yerba Buena y algún correligionario admiten en privado: la oposición está desprestigiada y, en una sociedad que no acepta grises, resulta más redituable diferenciarse de Lousteau.

Milei es el resultado de un cambio de época. El 56% del electorado que lo votó en el balotaje lo hizo al menos con un anhelo común, el de no volver a un pasado tóxico y de decadencia. Así lo cree incluso una parte importante del peronismo, incluidos sus dirigentes, desde Grabois hasta Cristina Kirchner. Alguien de ingreso frecuente en el Instituto Patria le oyó días atrás decir a la expresidenta que, aun si Milei fracasara, lo que viene en la Argentina será distinto a todo. Eso explica que el PJ no tenga líder y, peor, que esté bastante lejos de ungirlo: ni Kicillof ni Quintela ni muchísimo menos Máximo, a quien hasta su madre descarta en voz alta. El primer efecto de este vacío se ve en la calle: hace más de cuatro meses que no hay piquetes.

Este punto de inflexión termina siendo determinante en los pasos que da el Gobierno, avalado todavía por una parte importante de la sociedad que, hasta ahora, al verlo en inferioridad numérica, le tolera bastante más que a otras administraciones, desde exabruptos o enojos presidenciales hasta lo más sensible: un veto legislativo contra un aumento a los jubilados. Es curioso que la debilidad inmunice contra la crítica, pero ocurre. Y a veces, hasta apuntala: fue desde la autopercepción de minoría desde donde, por ejemplo, el kirchnerismo planteó gran parte de sus epopeyas imaginarias. Mañana, cuando presente el presupuesto en el Congreso, Milei hará exactamente lo que anticipó cuando, en campaña, le preguntaban qué haría si no tenía los votos suficientes para gobernar: “Exponer a la casta”. Es el modo en que mejor se siente.

Todas sus apuestas parten de esa matriz. A fondo y sin contención, pero frente a oponentes desgastados. Su conflicto más reciente, el que el Gobierno libra contra los sindicalistas de Aerolíneas Argentinas, tiene esas características. La última vez que la compañía echó a pilotos por una protesta gremial había sido hace 38 años, en 1986, después de una gran huelga que finalizó con la reincorporación de todos. Tampoco parece un escenario fácil esta vez: Aerolíneas Argentinas es un monopolio en varios destinos del país y cualquier conflicto se hará sin alternativas para el pasajero. Si la tensión escala, como promete la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), vendrán también quejas de gobernadores, diputados y senadores.

El Gobierno promete ir a fondo. Despidió anteanoche a dos comandantes y un copiloto porque se negaron a llevar a Estados Unidos un Embraer 190 que, según una decisión firmada por el directorio el año pasado, todavía durante la gestión de La Cámpora, formaba parte de un lote de cuatro aeronaves que la empresa se comprometió a devolver al lessor. Hace seis meses que el avión fue separado de la flota. Los trabajadores se negaron a trasladarlo con el argumento de que ese era el mandato de APLA, justo uno de los mecanismos que la empresa pretende erradicar: hace diez días, en un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió a los empleados sobre la ilegalidad de este tipo de mandatos. ¿Viene entonces un conflicto largo? Nadie lo sabe. Pero ni el Gobierno ni los gremios parecen dispuestos a negociar en estas condiciones.

Milei tiene para estas batallas un tiempo acotado, aunque difícil de determinar. Ha hecho el ajuste más grande de la historia en por lo menos 65 años, pero es probable que no pueda exigir demasiado más sin ofrecer al menos una mejora económica sustancial. Es una urgencia que no tuvo Menem, que venía de una hiperinflación, y que condiciona todo. Hasta el modo en que algunos analistas toman el 4,2% de IPC de agosto, dos céntimos superior al de julio. “Fiero el número”, reaccionó en Twitter Fernando Marull no bien vio el comunicado del Indec.

Además, la misma fragilidad que puede reportarle al Gobierno respaldo de la sociedad en los conflictos resulta al mismo tiempo disuasoria de lo que podría facilitarle el despegue definitivo: la inversión. El equipo económico tiene todavía un riesgo país acorde con sus reservas negativas, sus 20 diputados y sus 6 senadores. Y el repunte de la actividad parece por ahora bastante precario. El martes, en su encuentro semanal, y antes de que llegara Daniel Tillard, presidente del Banco Nación e invitado al almuerzo, la Unión Industrial Argentina mostró cifras preliminares de la producción de agosto que no permiten aún dar por terminada la recesión: hay varios sectores rezagados o que después de un respiro en julio han vuelto a caer. El mismo día, la Asociación Empresaria Argentina analizó en sus oficinas y con técnicos de PwC los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estaban Luis Pagani (Arcor), Alberto Hojman (BGH), Aldo Roggio (Grupo Roggio), Martín Brandi (Petroquímica Comodoro Rivadavia) y Martín Castelli (Blue Star Group), entre otros, y la coincidencia volvió a ser la cautela con el instrumento: el RIGI es un esquema particular para quienes cumplan determinados requisitos durante un tiempo limitado, pero los empresarios quisieran que el Gobierno avanzara hacia una menor presión impositiva para todos. Ver para creer.

La Argentina está todavía lejos de una recuperación en V y, en todo caso, más cerca del dibujo en forma de sonrisa que, sobre la base de las últimas cuatro reactivaciones, viene proyectando hace tiempo Fausto Spotorno. Será un proceso paulatino que obligará al Gobierno no solo a elegir muy bien las peleas que da, sino los negociadores con que cuenta. Anteanoche, no bien se sancionó la ley de financiamiento universitario en el Senado, en el oficialismo se preguntaban si cabría un veto presidencial similar al de la movilidad previsional. No hay que olvidar que la marcha universitaria de abril fue hasta ahora la única convocante de la oposición. Mientras, ayer por la mañana, el vocero Manuel Adorni decía que eso estaba bajo análisis, por la tarde Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, seguía siendo ambiguo: “La última palabra sobre el veto la tiene el Presidente @JMilei, como corresponde”. Pero fue un suspenso breve porque, una hora después, entre las respuestas al posteo, apareció la de Milei: “Veto total”, escribió. Otra jugada al límite y sin red. La ventaja de sentir, hasta ahora, que el adversario no aparece.

Por Francisco Olivera

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