¿Y dónde está el Congreso?

Ya no bulle como antes el mítico Salón de los Pasos Perdidos, testigo histórico de encuentros y comidillas entre políticos que hacían palpitar al Congreso. Los cafés que rodean al Palacio hoy lucen raleados, nostálgicos de mejores épocas. Si hasta las manifestaciones de protesta, que cuanta había hacía cita en la esquina de Callao y Rivadavia, hoy parecen preferir otros destinos.

Es evidente que el eje de la política vernácula pasa cada vez menos por el centenario palacio. Cuando asomó la presidencia de Raúl Alfonsín en 1983, el Congreso se erigió en la estrella del naciente firmamento político-institucional, en caja de resonancia de intensos debates y en pilar de una democracia que despuntaba. Su sucesor, Carlos Menem, le dio la primera estocada cuando comenzó a hacer uso frecuente de los decretos de necesidad y urgencia para esquivar la discusión legislativa. Su sucesor, Fernando De la Rúa, evitó el atajo, pero le imprimió una mácula indeleble al Congreso con el escándalo del pago de sobornos a senadores por la ley laboral.

Así y todo, el Congreso latía. En cada rincón se respiraba política y hubo debates memorables en el recinto. Los legisladores se sentían tan protagonistas del proceso histórico como los ministros y funcionarios de turno.

Sin embargo, desde fines de la década pasada a esta parte, esa mística, esa esencia del Parlamento se ha ido diluyendo en la misma proporción en que se acrecentaba el poder del Ejecutivo. Con la llegada del matrimonio Kirchner a la presidencia de la Nación, el Congreso llegó a su punto más bajo y, para muchos, se transformó en una cáscara vacía de poder.

La enumeración parece infinita: en los cuatro años de presidencia de Néstor Kirchner se emitieron 270 decretos de necesidad y urgencia (DNU), a razón de uno cada seis días. No fueron decretos inofensivos: por medio de esta herramienta, el Gobierno reasignó a su entera discreción más de 60 mil millones de pesos en ese período, producto del excedente de la recaudación impositiva. Doble falta, entonces: se acude al atajo de legislar por decreto y, junto con los superpoderes presupuestarios, se distribuyen los recursos públicos sin consultar a los representantes del pueblo, como ordena la Constitución nacional.

También la función de contralor del Congreso aparece desdibujada. Ya no se aprueban pedidos de informes al Poder Ejecutivo y la oposición debe hacer malabares para acceder a la información del Estado. No asisten funcionarios de primera línea a brindar explicaciones a las comisiones, y el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, apenas si brinda su informe mensual de gestión tres o cuatro veces al año. Para peor, los informes de la Auditoría General de la Nación (AGN), minuciosos documentos de evaluación de la gestión, pasan desapercibidos como simples resoluciones no vinculantes en ambos recintos y se aprueban a mano alzada sin discutir.

Si las dos funciones primordiales del Congreso, la de asignar los recursos públicos y la de contralor del Poder Ejecutivo, no se cumplen de manera acabada, ¿no estamos asistiendo entonces a una anulación deliberada de uno de los poderes del Estado?

La razón de la mayoría

El kirchnerismo, cómodo en su papel de dueño de casa por su hegemonía en ambas cámaras, desdramatiza las críticas. "Este es el Congreso que votó la mayoría de la gente. Somos el brazo legislativo del Gobierno y ejecutamos sus políticas; eso eligió el pueblo", retruca el diputado Agustín Rossi (Santa Fe), jefe del bloque oficialista. Su par Patricia Fadel (Mendoza), secretaria de la bancada, asiente: "Nuestra misión es aprobar las leyes que permitan gobernar al Presidente. Sucede lo mismo con los gobernadores en sus Legislaturas; si no cuentan con mayoría, las provincias se les vuelven ingobernables".

El argumento suena irrebatible. ¿Cómo cuestionar las acciones de una mayoría que votó el pueblo? Si la gente hubiera querido fortalecer una opción opositora en el Congreso, habría votado otra alternativa, no al oficialismo. En resumidas cuentas, la mayoría no hace otra cosa que cumplir con el mandato popular, afirman los kirchneristas.

La oposición se revuelve incómoda cuando los oficialistas les enrostran pasadas derrotas electorales y su condición de absoluta minoría. Pero, en defensa de las minorías, reaccionan quienes observan la disputa desde afuera, con un prisma más objetivo.

"Estoy de acuerdo en que el criterio para decidir en democracia es el de las mayorías, pero antes de llegar a las votaciones, la república significa deliberación, debate, escuchar diversas posiciones, dar espacio a las minorías -opinó Delia Ferreira Rubio, del Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas-. Nadie cuestiona que la mayoría sea la que prevalezca en una votación. Lo que se cuestiona es que la mayoría se crea la dueña de la única verdad y que, en consecuencia, elimine la dinámica de deliberación y el debate parlamentario que no es sólo una forma de participación; es, además, una herramienta esencial para la publicidad y la transparencia -continuó-. Si hay deliberación en el Parlamento, la sociedad se entera de lo que se está discutiendo, la prensa informa, se genera un espacio de discusión pública y, sobre todo, no se sorprende a la ciudadanía con el hecho consumado".

El Frente para la Victoria hoy cuenta con mayoría en ambas cámaras, puede alcanzar por sí solo el quórum en las sesiones. Este claro dominio oficialista se refleja a la hora de diseñar la agenda parlamentaria: es el kirchnerismo el que define qué temas finalmente se discuten en el recinto. Por lo general, los distintos bloques intentan acordar el temario de las sesiones, trámite que se realiza en la comisión de Labor Parlamentaria. Pero siempre la última palabra la tiene el bloque mayoritario.

Los proyectos de ley que ingresan en el Congreso son girados a las distintas comisiones de acuerdo con la temática. Sin embargo, aquí también juega la discrecionalidad del bloque dominante: las iniciativas que necesitan un rápido trámite legislativo por pedido del Gobierno son giradas a sólo una o dos comisiones, convocadas rápidamente por sus presidentes, en su mayoría oficialistas. Lo contrario sucede con los proyectos más conflictivos, que suelen ser cajoneados o bien derivados a un largo derrotero de comisiones.

También el giro depende de qué legislador preside la comisión; si pertenece a la oposición, muchas veces se la evita. Esa es la preocupación de la diputada radical Silvana Giudici, quien teme que el oficialismo no gire a la comisión que preside, Libertad de Expresión, el controvertido proyecto de ley de radiodifusión que anunció el Gobierno.

Delegar poder

"Son pocas ya las oportunidades en las que se puede escuchar la voz del Congreso" -reflexiona Jorge Vanossi, ex ministro de Justicia de Duhalde, ex diputado nacional y prestigioso constitucionalista. "Antes había debates memorables, pero hoy se escuchan sólo monólogos. No hay un intercambio de razones, de argumentos, y esto obedece claramente a que el oficialismo tiene miedo al debate, miedo de escuchar. De otra manera, no se entiende que, teniendo amplio dominio en ambas cámaras, el Poder Ejecutivo apele a los DNU para gobernar."

La depreciación del Congreso se percibe también en el desaliento de sus miembros. Las charlas de café suelen dejar al descubierto también las desilusiones, las expectativas que guardaban al asumir y luego cómo la realidad se encargó de pulverizarlas en algunos casos. "Estamos pintados", se lamenta el radical K Daniel Katz, recién llegado a la Cámara baja como ex intendente de Mar del Plata. "Como legisladores no cumplimos con el papel que debemos cumplir; imaginaba debates sobre reforma política, sobre cómo distribuir mejor el ingreso, en fin, sobre los grandes temas del país. Eso no sucede". De más está decir que su ruptura con el kirchnerismo es un hecho.

Patricia Bullrich, diputada por la Coalición Cívica, intuía que las cosas habían cambiado desde que finalizó su primer mandato como diputada nacional, en 1997. Pero no sospechaba que habían cambiado tanto. "El Congreso está inerte en su función, en su esencia. Durante mi anterior período como legisladora (1993-1997) todo se discutía, incluso los proyectos del Ejecutivo, y muchos salían modificados. Había un proceso de construcción de la ley. Eso desapareció ahora: el Congreso es una escribanía de la Casa Rosada".

La sola mención de "escribanía" irrita a los oídos kirchneristas. "Es mentira -retruca Rossi, y saca a relucir cifras y estadísticas-. En los cuatro años de gestión de Kirchner se aprobaron 628 leyes, de las cuales el 57 por ciento se originaron en el Congreso. En España, de 92 normas aprobadas en los últimos cinco años, ocho provienen del Parlamento".

Pero más allá de la discusión sobre las estadísticas, el problema de fondo no es si una ley la ideó un legislador o un funcionario, sino que, de manera consciente y deliberada, los legisladores oficialistas hayan consentido la delegación de facultades propias del Congreso en el Poder Ejecutivo cada vez más voraz de poder.

"La delegación de poderes y los DNU se encargaron de quitarle atribuciones crecientes al Congreso. Este es un Gobierno que desprecia la ley, el pacto constitucional de convivencia", critica el jefe de bloque radical, el diputado Oscar Aguad.

Abrir fisuras

¿Qué causas provocaron este declive del Parlamento? Para Armando Vidal, periodista parlamentario del diario Clarín acreditado desde 1973 en el Congreso -"siempre en democracia", aclara-, el problema pasa por la calidad de los legisladores. "Siempre hubo voces opositoras que supieron abrir fisuras en el oficialismo, mientras que el oficialismo enviaba sus mejores espadas para defender sus políticas. Eso hoy no se ve".

Como periodista, Vidal caminó tantas veces los pasillos parlamentarios y vivió tantos episodios memorables del Congreso que tiene la enorme ventaja que le da la experiencia para comparar pasado y presente. "En todos los períodos, los oficialismos procuraron responder a sus gobiernos, aun en los temas más conflictivos. Durante la época de Alfonsín, la bancada radical aprobó las polémicas leyes de obediencia debida y punto final. Cuando llegó Menem, al Congreso le tocó apoyar el proceso de ´transformación del Estado y las polémicas  privatizaciones de empresas públicas. Muchos de quienes votaron entonces hoy son kirchneristas -afirma-. Con De la Rúa, este Congreso bajó los sueldos y aceptó sobornos del Gobierno. Pero estalló la crisis de 2001, y el sistema se desmoronó. El Congreso, que fue uno de los responsables de la caída, lo levantó de las cenizas. Así se llegó a este Gobierno. Yo pensaba que se iniciaba una etapa mejor, pero no, el Congreso no existe".

Pero, ¿está todo perdido? La oposición observa una luz, lejana y difusa, al final del túnel. "El oficialismo, más temprano que tarde, dejará de imponer su mayoría: el conflicto del campo marcó una bisagra", afirma un optimista Francisco De Narváez (Unión Pro). La oposición comienza a olfatear los albores de una etapa diferente, o por lo menos desea pensar en ello. "El kirchnerismo comenzó a resquebrajarse; quienes lo votaron empiezan a tomar conciencia de la excesiva concentración de poder en el Gobierno. Las mayorías, finalmente, terminan siendo circunstanciales", afirma el senador socialista Rubén Giustiniani, con un dejo de ruego e ilusión.

El premio está en Balcarce

Según un relevamiento realizado por el equipo del Directorio Legislativo, un organismo no gubernamental que analiza la tarea parlamentaria, a partir de 1999 se observa un notable aumento de legisladores que renuncian para cubrir un cargo en el Poder Ejecutivo, o bien para postularse a un cargo ejecutivo en sus distritos.

Pero más controvertido aún es el caso de aquellos fulgurantes dirigentes políticos que se postulan para ingresar al Congreso sabiendo que jamás se sentarán en una banca; su función es liderar una lista, exhibir su carisma en campaña, prometer una sarta de iniciativas para, luego, renunciar a su mandato si resultaron electos, con la excusa de haber recibido una oferta en el Poder Ejecutivo. Si vamos a los ejemplos más actuales, Carlos Tomada, actual ministro de Trabajo y primero en la lista del Frente para la Victoria por la Capital el año pasado, es un claro exponente; Florencio Randazzo, hoy ministro del Interior, se ubicaba quinto en la nómina de candidatos legislativos por Buenos Aires. Parece como que los mejores cuadros políticos reciben un premio en Balcarce 50, no en el Congreso, más bien un lugar de paso.

Apuntes

• En cuatro años y medio de gobierno, el ex presidente Kirchner firmó 270 DNU, cifra que supera los 52 anuales que firmó Carlos Menem durante su segundo período de gobierno. Con el retorno de la democracia, Raúl Alfonsín firmó diez DNU en toda su gestión, y Fernando de la Rúa, 73.

• Durante su mandato, el ex presidente Kirchner envió al Congreso un total de 340 proyectos de ley, pero 135 de ellos eran ratificaciones de tratados o acuerdos internacionales, que se envían al Congreso como parte del trámite obligatorio para su vigencia. Es decir que sólo en los 205 proyectos legislativos restantes se trató de decisiones para la aplicación de políticas públicas. El número contrasta con los 270 DNU, que se utilizaron para los mismos fines.

• El jefe de Gabinete sólo fue dos veces al Congreso el año pasado, cuando su visita debe ser mensual; en lo que va de este año, sólo una.

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