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“Acá no hay control, sino relevamiento de precios”, afirmó De Mendiguren
El funcionario formuló estas declaraciones en respuesta a las críticas realizadas por la oposición por la irrupción del gremio Camioneros en el control relevamiento de precios en supermercados y centros de distribución
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LA NACION
El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, explicó hoy que “acá no hay control, sino relevamiento de precios”, al referirse al cumplimiento del programa Precios Justos, y remarcó que la “lucha más importante hoy es contra la inflación porque hay que preservar el poder adquisitivo del salario”.
“Acá no hay un control porque el Estado en ningún momento delega su responsabilidad de controlar, sino que hay un relevamiento de precios, que se ha hecho toda la vida, y de todas las entidades, no solo los trabajadores”, remarcó De Mendiguren en declaraciones a radio La 990.
El funcionario formuló estas declaraciones en respuesta a las críticas realizadas por la oposición por la irrupción del gremio Camioneros en el control relevamiento de precios en supermercados y centros de distribución.
Para el funcionario “se saca de eje el verdadero interés de la gente” y en esa línea, reiteró que “no se delegó, sino que se dio la posibilidad de auditar o ver que se cumpla la norma”.
“Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos porque estamos tratando de la defensa del salario real, sobre todo si hay acuerdos firmados que deben cumplirse”, aseveró.
“Por eso queremos que cumplan los acuerdos de precios, hoy en día con los Precios Justos una persona puede cubrir el 60/70 por ciento de la canasta básica”, dijo De Mendiguren.
Por último, manifestó que “todo aquel que atente con el no cumplimiento de los acuerdos, está haciéndolo contra la preservación del poder adquisitivo del salario”, cerró.
Esta semana, ante LA NACION, desde el Gobierno admitieron que esta forma de control no cuenta con un marco legal específico, no fue incluida en los acuerdos escritos y voluntarios firmados con las empresas, ni tampoco fue resuelta formalmente con los sindicatos. Ocurrió de palabra y sin un canal institucional.
Sin embargo, fuentes oficiales insisten con que los sindicatos no tienen capacidad de imponer multas o sanciones, como sí ocurre en el caso de los municipios, cuya participación fue plasmada en los acuerdos. Los inspectores de las intendencias hacen una auditoría de precios y stock y se llevan para las localidades una tajada del monto de las sanciones: 30%. Camioneros solo tendría capacidad para informar a la Secretaría de Comercio.
Además, desde el Gobierno agregaron que Camioneros no es el único gremio trabajando bajo esta modalidad. El sindicato de Alimentos, Comercio, de Plásticos, de Vidrio, y la Unión Obrera Metalúrgica, entre otros, formarían parte de un grupo de “agentes de información” que abastecen de datos a la Secretaría de Comercio para tomar medidas contra determinadas empresas que incumplen los acuerdos, en los distintos rubros en los que se firmaron, como celulares o insumos intermedios. Sin embargo, los dos primeros gremios mencionados (a cargo de Rodolfo Daer y Armando Cavalieri, en ese orden) negaron su participación a LA NACION.
