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ADEPA expresó su preocupación por el intento de imponer penas por noticias falsas en Salta
La entidad advirtió sobre un proyecto de ley que avanza en la provincia norteña y que plantea arresto y multas; sostiene que es inconstitucional
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LA NACION
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su profunda preocupación por un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados de la provincia de Salta para establecer penas de arresto y/o multas para “quien difundiere noticias falsas” en las ediciones digitales.
A través de esta iniciativa, que aún debe tratar el Senado, se podría sancionar a los ciudadanos salteños, incluyendo a los medios de comunicación, quedando “librado a criterio del gobierno de turno determinar cuándo una noticia es falsa o no”, advirtió la entidad.
“Se ha dicho, y repetido, que no hay impunidad para el ejercicio de la libertad de prensa. Quien pueda sentirse damnificado por una publicación, ya cuenta con la legislación vigente para recurrir a la Justicia”, se indicó.
Salta es gobernada por Gustavo Saenz, un aliado de Sergio Massa. Tras lograr su reelección, consolidó su hegemonía en las dos cámaras legislativas, donde tiene mayoría absoluta.
ADEPA señaló que “el más grave de los artículos incluidos en la ley es el que impone sanciones de arresto de hasta 25 días o multas “al que creare o difundiere noticias falsas, sabiendo que lo son, dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos”.
Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos “noticias falsas” son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y no deberían ser incluidas en legislación alguna, expresó la entidad. Y agregó: “Toda regulación provincial que extienda las prohibiciones más allá de lo determinado por el Congreso de la Nación en 2009 va en contra de las obligaciones internacionales del Estado Argentino, y son, por ende, inconstitucionales”.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina, se encargó de destacar que la utilización de las sanciones penales en estos casos debe ser totalmente excepcional. En ese fallo de 2008, la Corte IDH condenó a la Argentina por su regulación del delito de calumnias e injurias y exigió que la sanción represiva de las expresiones sea absolutamente extraordinaria. Un año después, se despenalizaron los delitos de calumnias e injurias”, aseguró ADEPA en un comunicado.
Y agregó: “Toda regulación provincial que extienda las prohibiciones más allá de lo determinado por el Congreso de la Nación en 2009 va en contra de las obligaciones internacionales del Estado Argentino, y son, por ende, inconstitucionales”.
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