ADEPA expresó su “profunda preocupación” por el plan de Quintela para poner límites al periodismo

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó una “profunda preocupación” por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que exigió a los periodistas que se “autolimiten” y reflejen en sus publicaciones “respeto por las autoridades electas por el voto popular” ya que “viven de la pauta del gobierno nacional”.

Para los editores, ”no es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica”. Por el contrario -añade-, “en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático”.

Respecto de los dichos de Quintela sobre la pauta oficial, ADEPA indicó: “La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario. Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia”.

Aunque destaca que “el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular”, enfatiza que en democracia “el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser esta el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno”. Y añadió que, en ese caso “se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios”.

Quintela hizo las declaraciones a las que alude ADEPA un día después de ganar su reelección en La Rioja, con el presidente Alberto Fernández al lado. Planteó que pretende tratar “el tema de la gobernanza de la prensa” en la reforma constitucional provincial que impulsa. “Nosotros respetamos la libertad de expresión a rajatabla, pero creemos que es importante que todos nos autolimitemos cuando tenemos que hablar de las autoridades legítimamente electas por la voluntad popular”.

Añadió: “Hay términos que son descalificadores hacia las personas, como la persona mía, términos que son humillantes y que agravian a nuestras familias. Cuando decís algo de ese tipo de periodismo se quieren resguardar con que atentamos contra la libertad de expresión. Nada de eso. Queremos que se discuta cuál es el rol de la prensa en la democracia”.

El comunicado completo de ADEPA

“Adepa expresa profunda preocupación por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en las cuales reclamó la necesidad de poner límites a la crítica periodística y vinculó esa exigencia con lo que entendió como el respeto de la voluntad popular y el hecho de que muchos medios periodísticos ‘viven de la pauta del gobierno nacional’.

“La convivencia democrática en sociedades diversas reconoce como elemento esencial la posibilidad de someter a juicio y crítica el actuar de los funcionarios públicos, incluso cuando su designación provenga de una elección democrática, competitiva y libre de sospechas.

“No es el origen democrático de un funcionario un título que brinde ningún tipo de indemnidad ante la crítica. Por el contrario, en su carácter de mandatarios de esa voluntad popular, estarán sometidos siempre a un escrutinio superior y más intenso de sus acciones. Ese es el papel de la prensa y ese papel es indispensable en un sistema democrático.

“Lo dicho no se modifica por el hecho de que los gobiernos, en cumplimiento de exigencias constitucionales e internacionales, deban difundir los actos de gobierno y en paralelo contribuir a la sostenibilidad de la prensa independiente en la particular coyuntura mundial que atraviesa el sector, tal como lo exige Unesco en la Declaración Windhoek+30.

“La sola sugerencia de que la comunicación institucional que el Estado está obligado a realizar debe ser un motivo de deferencia para con los funcionarios constituye un inusitado desvío autoritario. Erigir la percepción de fondos estatales como una causa para limitar la crítica a los funcionarios por parte de los ciudadanos, sean estos periodistas, empleados públicos o beneficiarios de planes sociales, pone de manifiesto una visión completamente desviada del servicio público y de la propia democracia.

“Por supuesto, el desempeño de la actividad periodística no otorga inmunidad por un eventual ejercicio irregular. En palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no existe derecho al insulto gratuito.

“En democracia, el día que la prensa, por presiones económicas o amenazas legales, deje de escrutar y criticar el desempeño de los funcionarios estatales, dejará de ser esta el sustrato indispensable para la existencia de un sistema democrático de gobierno. Se habrá convertido en un órgano de propaganda de gobiernos autoritarios o totalitarios”.