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AFA: jueces que garantizan la impunidad
Una justicia que se ocupa más de discutir cuestiones de competencias y de jurisdicciones que en investigar las denuncias de corrupción deja de ser justicia
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Los dirigentes de la AFA son lo que son. ¿Sorprende el poder que exhiben quienes están siendo investigados por maniobras supuestamente corruptas por 400 millones de dólares? Siempre se supo que la corrupción y la impunidad vagaban demasiado cerca de los que mandan en el fútbol, que es una dinastía distinta de los jugadores. La novedad de los últimos días ocurrió en la siempre lenta, contradictoria y complicada justicia argentina. A los jueces no los conmueve ni siquiera el hecho cierto de que la administración de justicia figure en los últimos escalones de la aprobación social. O dicho de un modo más directo: carece absolutamente de simpatía social. El nuevo hecho sucedió cuando dos jueces de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, decidieron que los máximos caudillos del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, o los testaferros que fungen en aparente nombre de ellos como dueños de una enorme mansión en Pilar, obtengan el juez que esos inculpados querían: el magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay.
La cuestión que se planteaba era, en principio, si el caso seguiría estando en manos de la jueza en lo Penal Económico de la Capital, Verónica Straccia, o si caería de nuevo en los tribunales de Campana, que tiene jurisdicción sobre Pilar. No es el único delito por el que se juzga a los dueños de la AFA; también se los acusa de evasión fiscal, retención de aportes patronales (por este ya están formalmente procesados) y lavado de activos, entre otros. También están siendo investigados por la justicia norteamericana y por el FBI porque millones de dólares provenientes de las dudosas maniobras de los dirigentes del fútbol habrían pasado por bancos norteamericanos. Para los jueces de los Estados Unidos el uso de su sistema financiero o de su moneda, el dólar, es suficiente para que asuman su jurisdicción.
La pregunta vuelve al principio: ¿por qué jueces de Casación que habían opinado de otra manera decidieron de pronto beneficiar a Tapia y Toviggino ofreciéndole el juez que ellos querían? El caso de Borinsky es especialmente extraño por dos razones. Una: en mayo había votado en un sentido absolutamente contrario. La Cámara de Casación, señaló entonces, no debía sacarle el expediente de la mansión de Pilar a la jueza Straccia y entregársela al juez González Charvay. Sostuvo que reabrir la disputa de competencia atentaba contra la celeridad procesal y criticó el rigor formal excesivo. Es decir: hace tres meses consideraba indispensable que la administración de justicia no se demorara ni se detuviera en puros formalismos. Acaba de decidir que ahora la causa le corresponde a González Charvay, el juez amigo de Tapia y Toviggino, y no a Straccia, la jueza que venía tratando de averiguar cómo un monotributista y su madre jubilada podían comprar semejante propiedad en el norte rico de la provincia de Buenos Aires.
González Charvay deberá empezar de nuevo. ¿Osará desconocer las pruebas que LA NACION publicó el domingo, fundamentalmente fotos y objetos valiosos que pertenecen a Toviggino, el tesorero de la AFA y mano derecha e izquierda de Tapia, encontrados en la quinta en cuestión? ¿Las ignorará, acaso? La “celeridad procesal” pregonada por Borinsky en mayo ya no es una prioridad.
La otra razón: Borinsky venía siendo insistentemente señalado como candidato para ascender a juez de la Corte Suprema; él mismo lo anticipa en diálogos reservados. Inclusive, llegó a conversar sobre su acuerdo con algunos senadores a los que les golpeó la puerta de sus despachos. Los jueces de la Corte, como se sabe, necesitan que el acuerdo para su designación sea votado por los dos tercios de los votos del Senado. Una mayoría excesivamente agravada. Algunos senadores que anticiparon su voto a favor de Borinsky como miembro del máximo tribunal del país, señalaron que la situación había cambiado luego de su decisión sobre la AFA. “Se convirtió en un nuevo Lijo. No podemos votar a alguien que le hizo favores a un personaje que no puede pisar un estadio de fútbol sin que lo abucheen”, explicaron en alusión a Tapia.
¿Quién presionó a Borinsky para que se opusiera a él mismo? Algunos señalan al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, porque este desempeñó funciones en la AFA y porque ese ministro es quien primero tiene que firmar la candidatura de Borinsky a la Corte. También su padre, el juez Carlos Mahiques, habría celebrado sus 74 años en la mega quinta de Pilar, un generoso préstamo de Toviggino.
Otra versión indica que el viejo jefe de los espías Antonio “Jaime” Stiuso, quien conserva una inexplicable influencia en los tribunales federales, también ayudó a los dirigentes de la AFA. Desde ya, ni Javier Milei ni su hermana Karina son mencionados en la larga lista de los que respaldan y ayudan a Tapia y Toviggino para lograr sus impunidades. El Presidente hizo en su momento duros cuestionamientos públicos a Tapia. Pero tampoco se interesan por el monumental escándalo que trata de esclarecer qué pasó con cientos de millones de dólares. Un indiferencia difícil de comprender, de explicar y de justificar.
El caso de Barroetaveña es más enigmático aún porque solo aspira a ser reelegido como representante de los magistrados en el Consejo de la Magistratura. La reelección, es cierto, no le está permitida. Si hubiera hecho las cosas de acuerdo con la ley y la ética, Barroetaveña se habría excusado de seguir revisando esa causa, simplemente porque fue presidente de la Comisión de Ética de la AFA hasta noviembre pasado. Ética y Tapia constituyen un oxímoron. Barroetaveña estuvo ahí y, quizás, en la supuesta fiesta de cumpleaños de Mahiques padre. Los que piensan mal aseguran que existen fotos de los jueces que asistieron a esa parranda y que están siendo presionados, directa o indirectamente, por Tapia y Toviggino con tales registros gráficos.
Llama la atención que Barroetaveña no haya podido ni siquiera tomar distancia del conflicto con una simple y entendible excusación. También Borinsky debió excusarse porque él ya había emitido una opinión sobre el caso, aunque totalmente opuesta a la que se acaba de conocer. Todo ese fárrago judicial ininteligible para la mayoría de la sociedad constituye uno de los actos de arbitrariedad más explícitos que se hayan conocido en los últimos tiempos en la Justicia. ¿Cómo el argentino común podría confiar en una Justicia que garantiza de ese modo tanta impunidad? Imposible.
Borinsky y Barroetaveña eludieron en su resolución referirse a la cuestión más antipática, que era el reconocimiento de la sede de la AFA en un terreno baldío de Pilar para que la causa cayera en Campana. La sede histórica de la AFA estuvo −y está− en la calle Viamonte de la Capital. Esos jueces dijeron simplemente que como se trata de un caso de presunto lavado de activos debe resolverse en la justicia federal y que, por lo tanto, debe ir al juez federal de Campana. Es cierto que el lavado de activos no es un caso de la justicia en lo Penal Económico, sino de la justicia penal federal. Pero el caso de la AFA es más complicado porque los gerifaltes de la entidad del fútbol argentino están siendo investigados en una media docena de causas en la Capital, sobre todo por el manejo oscuro de recursos de esa institución deportiva. Por ejemplo, antes la Justicia debió investigar dónde se firmó la escritura de compraventa de la impresionante quinta de Pilar; la Justicia solo necesitaba citar como testigo al escribano que redactó la escritura. Muy pocos escribanos −o ninguno− están dispuestos a mentirle a los jueces.
Borinsky y Barroetaveña se limitaron al hecho material: el lavado de activos supuestamente perpetrado en Pilar. Implícitamente, aunque no en los escritos, aceptaron que la sede de la AFA está en Pilar y no en el edificio de la Capital. Reconocerlo explícitamente hubiera sido un acto ridículo. Lo evitaron, parcialmente. No lograron evitar, en cambio, un error procesal que salta a la vista de cualquiera, porque también el lavado de activos debió trasladarse a la Capital, a los tribunales de Comodoro Py, donde se juzgan los delitos que atentan contra la Nación. Esos delitos son el lavado de dinero, precisamente por el que juzgarán en Campana a Tapia y Toviggino. O la evasión impositiva, delito que también habrían cometido en la Capital esos mandamases del fútbol argentino y cuyo dinero les habría permitido, en parte al menos, la compra de la casa de Pilar. La presunta corrupción de la AFA es un solo envoltorio de muchas cosas; desmembrar los expedientes es hacerles un enorme favor a Tapia y Toviggino. También juzgan los tribunales de Comodoro Py el narcotráfico, pero ellos no han perpetrado ese delito.
Algunos confían todavía en que la Corte Suprema de Justicia cambie la resolución de la Cámara de Casación. El fiscal general de Casación, Mario Villar, se opuso siempre a que la causa por el palacete de Pilar quede en manos del juez federal de Campana. Villar tiene fama de hombre honesto y de magistrado implacable frente a los casos de corrupción. Él podría recurrir en queja a la Corte Suprema, pero en ese tribunal debería conformarse una mayoría dispuesta a resolver sobre un caso que no es una sentencia definitiva, sino una resolución sobre competencia y jurisprudencia.
Por lo pronto, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti aclaró que él no propone a Borinsky como juez del máximo tribunal, como había trascendido en tiempos recientes. De todos modos, una justicia que se ocupa más de discutir cuestiones de competencias y de jurisdicciones que en investigar las denuncias de corrupción deja de ser justicia. Por eso, una mayoría de la sociedad argentina está confiando más en los resultados de las pesquisas que hace la justicia norteamericana sobre las fechorías de Tapia y Toviggino. Una vergüenza nacional sin excusas ni atenuantes.
Tipo de trabajo:
análisis
