AFAgate: quién es la jueza que se hará cargo de la compleja causa de la quinta atribuida a Toviggino

Después de un largo ida y vuelta entre fueros, el expediente que nació como una investigación sobre la quinta de Pilar asociada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) regresó al Juzgado N° 10 del fuero Penal Económico. Pero ya no será el juez Marcelo Aguinsky, sino una mujer −la única en la primera instancia del fuero− quien quede al frente del caso.

Se trata de Verónica Straccia, quien subroga desde abril el juzgado al que ahora retorna acaso el capítulo judicial que más preocupa a las autoridades de la AFA.

La jueza, de marcado perfil bajo, larga trayectoria judicial y muy respetada en ese ecosistema, se hará cargo del expediente al menos hasta noviembre, mes en el que vencerá su suplencia.

Straccia forma parte del Poder Judicial desde hace más de 30 años. Creció profesionalmente en Lomas de Zamora, donde fue secretaria letrada durante una década. En 2003, por concurso, llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, del que es titular.

“Es una reglamentarista”, la define alguien del fuero que la conoce. “Tiene un fuerte apego a las formas y bastante poca plasticidad”, agrega la misma fuente, una de las tantas que le reconocen a la jueza un gran rigor técnico.

Straccia es la cuarta magistrada que queda al frente del caso en menos de siete meses. Hereda un expediente complejo que fue ganando espesor y visibilidad en un recorrido que, además, dejó expuestas las conexiones entre el mundo del fútbol y la Justicia.

La quinta de Villa Rosa, sospechada de pertenecer al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, conforma la primera capa de las fojas que se apilan en el expediente. En parte, debido a la estrategia defensiva que ensayaron las autoridades de la AFA, que apuntaron a concentrar en esta causa todas las demás que tienen a la entidad deportiva bajo la lupa.

El caso tramita bajo la hipótesis de lavado de dinero. Entre otros elementos, sumó los contratos que la AFA trabó con TourProdEnter, la sociedad de Javier Faroni y Érica Gillette que actúa como agente de cobro y recauda los fondos de la entidad deportiva en distintas partes del mundo y está sospechada de haber desviado parte de ese dinero.

El trabajo de Straccia es valorado por los funcionarios judiciales del fuero. La consideran una persona “seria”, “reservada”, “poco influenciable” y “suficientemente capacitada” para tomar las riendas de un caso tan sensible.

Otra voz del fuero le atribuye a la magistrada una ligera tendencia “proimputado”; un sesgo, advierte la misma fuente, que es propio del fuero, no exclusivo de Straccia.

No reniega ni desmiente la imagen que tienen de ella en la Justicia, pero la jueza prefiere el trabajo en silencio. Evita los flashes y procura seguir de cerca el trabajo de su equipo. “No cree en las ventajas del home office”, grafica un judicial, que, a modo de elogio, agrega: “Es desconfiada”.

Straccia emergió a los primeros planos en 2014 con el capítulo local de la causa conocida como “SwissLeaks”. El caso se basó en información obtenida de los archivos del banco HSBC de Ginebra, Suiza, que fue extraída por un informático y entregada a las autoridades francesas. En la lista aparecían reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas, entre otros.

En el país, el expediente nació con una denuncia de la AFIP de Ricardo Echegaray. Alcanzó a más de 4000 personas que la jueza Straccia investigó para determinar si habían o no cometido algún tipo de evasión impositiva. En diciembre de 2021, en un fallo de 621 páginas, la jueza sobreseyó a Gabriel Martino y otros ejecutivos del banco HSBC, acusados de haber facilitado a 4040 contribuyentes argentinos la apertura de cuentas bancarias en Suiza sin declararlas ante el fisco.

El expediente que ahora la llevará nuevamente a los primeros planos atravesó etapas con distintas velocidades. El primer allanamiento, ordenado por Daniel Rafecas, vinculó muy tempranamente y mediante prueba directa a Toviggino con el predio.

El juez Aguinsky, que continuó la tarea, sostuvo el vértigo: él y su equipo trabajaron durante la feria judicial de enero e incorporaron elementos que consolidaron la sospecha de que los dueños formales del predio, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte, no eran, en los hechos, los verdaderos propietarios.

Cuando el caso se mudó a la Justicia federal de Campana, en respuesta a un pedido de los propios investigados, Pantano y Conte, entró en otra fase, de mayor análisis, y el ritmo inicial se apaciguó.

Quienes conocen los tiempos de Straccia no esperan que la causa recobre el impulso inicial. Es minuciosa para trabajar, dicen en el fuero, por lo que “se toma su tiempo para todo”.

Hay quienes dan como un hecho que la jueza delegará la investigación en la fiscalía, según son sus costumbres. De ser así, será la primera vez que eso ocurra: ninguno de los jueces que intervinieron en el caso optó por poner la pesquisa en cabeza del fiscal.

El responsable de marcar la marcha de la investigación será entonces el fiscal Claudio Navas Rial, que ya está familiarizado con el caso.

Las últimas medidas ordenadas por el juez anterior, Adrián González Charvay, serán centrales para la causa que heredó Straccia.

El magistrado encomendó a expertos de la Corte un análisis contable sobre tres ejes: los movimientos de Real Central, propietaria formal del predio; una tarjeta de crédito de Pantano con la que se pagaron algunos gastos de la costosa flota de autos hallada en la quinta, y el flujo de fondos de TourProdEnter, la sociedad vinculada a Faroni que, según reveló LA NACION, habría desviado al menos 40 millones de dólares de la AFA.

Por Federico González del Solar

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