Alianzas cambiantes para una interminable puja de poder

El presidente de la Corte Suprema,Carlos Rosenkrantz, perdió dos votaciones en un mismo día. En ambos casos fue abandonado, de distinta forma, por los dos jueces que lo llevaron al cargo de titular del máximo tribunal de justicia del país: Elena Highton de Nolasco y, sobre todo, Horacio Rosatti. Este último, que consideraba al expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti su principal enemigo, fue luego un aliado imprescindible para el ungimiento de Rosenkrantz. Pero terminó ahora en una sociedad casi permanente con su otrora detestado Lorenzetti. La situación de Rosenkrantz expone, más que nada, el clima de tensión interna que viven los cinco miembros de la Corte. Los diálogos con el presidente del cuerpo son escasos y las mayorías se construyen, por lo general, a espaldas de él.

La decisión institucionalmente más importante (por lo sorpresiva también) fue la que le quitó a Rosenkrantz facultades que tenían todos los presidentes de la Corte desde hacía varias décadas. La resolución sobre los jubilados (que fijó un índice de cálculo para los aumentos que no es el que quería el Gobierno) era previsible. Tres miembros del tribunal (Juan Carlos Maqueda, Lorenzetti y Highton de Nolasco) vienen votando de la misma manera desde hace nueve años. Ayer se les sumó Rosatti. La única diferencia entre ellos la marcó Highton de Nolasco, quien no se refirió a los otros casos de jubilados con juicios que ya están en la Corte o en instancias inferiores de la Justicia.

La posición solitaria de Rosenkrantz consistió en que el cálculo para los aumentos de los jubilados es facultad del poder administrador o del Legislativo. Aunque no lo escribió, está claro que influyó en su voto el argumento de que solo los poderes políticos tienen una visión global de los números del Estado. La Justicia, en todo caso, solo puede darle al asunto un marco general, pero no establecer el índice preciso de los aumentos. En Rosenkrantz pesaron más las razones de una cuestión de Estado; en los otros intervino con más fuerza la coherencia con sus propias decisiones anteriores. Al Gobierno no se le abrió un abismo a sus pies; tendrá al menos uno o dos años para resolver la situación de los jubilados con juicio (o sin juicio) que están en la misma situación de Lucio Blanco, caso sobre el cual se expidió ayer el tribunal. La Corte, además, dejó fuera de su decisión a todos los jubilados que aceptaron el sistema de reparación histórica, porque con su aceptación resignaron cualquier reclamo judicial.

Hay que poner la lupa, en cambio, sobre la decisión que debilita enormemente al presidente de la Corte. En primer lugar está el factor Rosatti. El voto de este juez fue decisivo para voltear a Lorenzetti y para designar a Rosenkrantz al frente de la Corte. Está claro que no se conformó con el golpe de palacio que le asestó a su comprovinciano santafesino y declarado enemigo. También aspira a un poder más grande que el que tienen los otros jueces del tribunal. De hecho, el propio Rosatti debió resignarse a no ser él quien presidiera la Corte cuando descubrió que con otro candidato se cumpliría más rápido su proyecto de destronar a Lorenzetti.

A partir de que este dejó la cima, su objetivo pasó a ser otro: demostrarle a Rosenkrantz que en la Corte no se puede hacer nada sin él. Rosenkrantz decidió, en cambio, retener para sí todas las facultades propias de un presidente de la Corte. Rosatti se corrió hacia el lado de Lorenzetti y Maqueda para conformar una mayoría de tres en un cuerpo de cinco.

La tesis de que existe una "mayoría peronista", porque esos tres tienen raíces peronistas, es más propia de la paranoia que de la realidad. Maqueda votó muchas veces muy diferente de Lorenzetti (en la crucial ley de medios, por ejemplo) y Rosatti y Lorenzetti fueron adversarios durante más tiempo que aliados. Existen otras razones. Aunque nunca lo aceptará, Lorenzetti no olvidará nunca el día en que Rosenkrantz lo notificó sorpresivamente de que era un presidente depuesto. Desde el principio intentó limitar las facultades del nuevo presidente, según este denunció públicamente cuando no tuvo acceso, por ejemplo, al sistema de información pública de la Corte.

Hay una diferencia clara de estilos entre Rosenkrantz y Lorenzetti. El actual presidente es un académico cuya obsesión consiste en la interpretación cabal de la ley. Y así actúa, en el acierto o en el error. Lorenzetti tiene un estilo más político. Su método viborea entre la conversación y la persuasión, aunque muchas veces prometió mayorías que nunca consiguió. Ese querer y no poder creó un clima de desconfianza a su alrededor. Jamás descuidó sus tratos amigables y frecuentes con los decisivos jueces federales de Comodoro Py, fueran estos buenos o malos. Nadie supo nunca para qué los tenía tan cerca, pero lo cierto es que muchos de esos jueces estuvieron muy cerca de él. Rosenkrantz, al revés, cree que cada juez es independiente hasta de sus instancias superiores y que son estas, en todo caso, las que oportunamente modificarán una sentencia equivocada o arbitraria de los magistrados de primera instancia.

El tema que no se nombra, pero que estuvo ayer en la decisión de sacarle las facultades administrativas a Rosenkrantz, es la continuidad en el cargo del administrador de la Corte, Héctor Marchi. Marchi fue designado en ese cargo por Lorenzetti, de quien se convirtió después en un hombre de extrema confianza. La Corte Suprema tiene un superávit de entre 20.000 y 25.000 millones de pesos, que hasta los tiempos de Lorenzetti controlaban solo el presidente del tribunal y Marchi. Elisa Carrió hizo graves denuncias contra Marchi, a quien acusó en la Justicia por lavado de dinero. La diputada renovó esas críticas hace pocos días, cuando le pidió a Rosenkrantz una auditoría de la gestión de Marchi. También hace pocos días una cámara del fuero civil le negó a Carrió el derecho a ampararse en sus fueros en un juicio por daños y perjuicios que le inició Marchi.

El argumento de la cámara fue que los fueros le sirven al legislador solo para opinar, no para presentar demandas judiciales. Una ironía: eso sucede en el mismo país en el que procesados o condenados sin sentencia definitiva por delitos de corrupción (Cristina Kirchner y Carlos Menem) siguen amparados por sus fueros de legisladores.

Hasta ayer, Rosenkrantz sostenía que su responsabilidad como administrador de los recursos de la Corte requería tener a funcionarios de su confianza entre sus colaboradores. Marchi era de la confianza de Lorenzetti, no de la suya. La posición de los otros miembros de la Corte es que Marchi tiene una larga carrera en las oficinas administrativas del tribunal y que no se lo podía remover por un capricho. Marchi hizo los tramos principales de su carrera a la sombra de Nicolás Reyes, un administrador histórico de la Corte, que murió en 2010. Reyes había llegado al tribunal en los años 90 impulsado por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Finalmente, ayer la mayoría de la Corte comenzó a quitarle a Rosenkrantz las facultades administrativas, luego de que este propuso un método de transparencia y coparticipación con los otros miembros en la designación de empleados judiciales.

La intensa disputa en el máximo tribunal no se entendería del todo si no se explicara que varios miembros de la Corte creen que Rosenkrantz es una creación del gobierno de Mauricio Macri. Una creación que en su momento supo aprovechar Rosatti para tumbar a Lorenzetti. Solo para eso. Alguien debería ocuparse de suturar heridas en el tribunal más decisivo para la gestión de Macri.